Continúa el conflicto por la designación de fiscales

Luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico dictara una nueva medida precautelar en la que ratificó la suspensión de las designaciones de 16 fiscales, el martes se frenaron dos nombramientos más.

El pasado viernes, en plena feria judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico dictó una medida precautelar para suspender la designación de 16 nuevos fiscales, en respuesta a un recurso de amparo presentado por el diputado por el Frente Renovador Mauricio D’Alessandro. El mismo día, el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó una recusación del juez que fue rechazada por el magistrado y elevada a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Pasado el fin de semana, esta también rechazó el pedido del MPF y ratificó, así, la suspensión en los nombramientos ya que Lavié Pico dio lugar a un nuevo recurso de amparo, presentado el pasado miércoles 7 por la Asociación de Magistrados.

Además, el lunes de esta semana, un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional frenó la designación de otros dos fiscales federales y vinculó su resolución directamente a los recursos de amparo vigentes.

Los argumentos utilizados por los distintos sectores de la oposición y los jueces van desde que aún no está implementado el nuevo Código Procesal Penal por lo que “la urgencia carece de razonabilidad”, hasta su supuesta inconstitucionalidad, según un recurso que diputados y senadores del Pro presentaron el pasado martes. En el documento,  indican que “la medida viola el principio de división de poderes, potestades y competencias constitucionales conferidas a los legisladores y al Congreso».

Las respuestas desde el oficialismo no tardaron en llegar. El fin de semana, unos 80 fiscales y funcionarios judiciales manifestaron su apoyo a las designaciones que realizó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Vale recordar que los mismos son parte de los más de 1500 puestos que se crearán en las distintas fiscalías según indica el nuevo Código Procesal Penal.

En la declaración, publicada como solicitada en varios medios el día lunes, indicaron que “la designación de fiscales subrogantes, cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia-, la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”. “Sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”, agregaron.

El diputado nacional Julián Domínguez, cuestionó la medida precautelar y argumentó que la Constitución Nacional, en su artículo 120, como la Ley 24.946, establece que el «Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera».

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Diana Conti (FPV), por su parte, afirmó que la creación de los puestos “fue de absoluta necesidad y razonabilidad no sólo para la cercana aplicación de un nuevo procedimiento penal, sino para la mejor eficacia de la actuación de los fiscales y la defensa publica en la actualidad”.

Domínguez había argumentado el fin de semana que “esta decisión judicial desprecia la soberanía popular que representa el Congreso argentino” y agergó que la «ley número 27.063 Anexo I, claramente expresa y ordena designar fiscales para que pueda operar el código procesal penal, es deber y derecho de la Procuración General de la Nación hacerlo y no todo lo contrario”.

Conti, en el mismo sentido, dijo que “son facultades propias del Congreso para crear cargos judiciales y del Ministerio Público, las que se intentan impedir sin fundamento legal alguno y en defensa de intereses corporativos espurios”.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se sumó a la disputa y, al plantear que había quienes no querían que se aplique el nuevo Código, se refirió a algunos jueces como “caranchos que buscan apropiarse corporativamente del Poder Judicial».

Como explicó Notas al momento de su sanción, el nuevo Código implica el pasaje de un sistema inquisitorio a uno  acusatorio, que delega en el fiscal toda la investigación. Además, al fijar tiempos más cortos para que las causas sean enviadas a juicio oral, la creación de nuevas fiscalías y la designación de nuevos fiscales son un paso no solo explícito sino necesario según la normativa.

En los próximos días –aún en medio de la feria judicial- seguirán las idas y venidas de este nuevo round entre el kirchnerismo y algunos sectores del poder judicial y la oposición.