Medio Oriente

6 enero, 2015

Palestina denuncia las sanciones económicas de Israel

Palestina solicitó los primeros días del año su ingreso a la Corte Penal Internacional de La Haya, donde presentó cargos contra Israel. En represalia, el gobierno israelí confiscó la recaudación impositiva que supone uno de los principales recursos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). La ANP presentó una queja ante el Consejo de Seguridad.

Palestina solicitó los primeros días del año su ingreso a la Corte Penal Internacional de La Haya, donde presentó cargos contra Israel.

Entre el 1 y 2 de enero el presidente palestino, Mahmoud Abbas, firmó la adhesión al Estatuto de Roma, el documento base de la Corte, y su representante ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, envió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una copia del trámite.

Al mismo tiempo fue presentada en La Haya una solicitud retroactiva por los crímenes israelíes en la Franja de Gaza, cuando entre junio y julio de 2014 realizó una agresión que duró 51 días de bombardeos aéreos e incursiones terrestres, con un saldo de 2100 víctimas fatales (entre ellas más de 500 niños y niñas). Así como también más de diez mil heridos y severos daños materiales en el bloqueado territorio.

Mansour explicó que el proceso de unirse a la Corte puede tardar «por lo menos 60 días», decisión que convertiría a Palestina en el miembro 123 del órgano que comenzó a funcionar en 2002, con la entrada en vigor del Estatuto de Roma que apunta a sancionar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.

«Se trata de una decisión muy importante, para buscar la justicia a través de la vía legal, es una opción pacífica y civilizada ante tantos asesinatos de Israel», afirmó.

La solicitud de acceso a la CPI, se dio luego del rechazo en el Consejo de Seguridad de la ONU a un proyecto de resolución dirigido a fijar a 2017 como tope para la retirada de Israel de los territorios ocupados y dar un año para lograr un acuerdo de paz.

El 30 de diciembre, la iniciativa presentada por Jordania a nombre de los países árabes fue rechazada a pesar de contar con el apoyo de Argentina, Chad, Chile, China, Francia, Luxemburgo, Rusia y el propio Estado jordano. Por la negativa se pronunciaron Australia y Estados Unidos (con derecho a veto) y finalmente las abstenciones fueron de Lituania, Nigeria, Reino Unido, Ruanda y Corea del Sur.

La reacción de Israel

Una vez hecho público el pedido de ingreso a la CPI por parte de Palestina, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a la ANP de «tener un gobierno de unidad con Hamas, organización terrorista que como el Estado Islámico comete crímenes de guerra, y por tanto es ella la que tiene que estar preocupada por la CPI».

Mansour replicó que «ningún país que respete la ley debe preocuparle ese paso». Además remarcó que Palestina pidió el ingreso a otros 15 instrumentos internacionales, entre ellos las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, los Derechos del Niño, contra la Tortura, la Corrupción, y leyes y usos de la guerra terrestre.

Pero la respuesta de Israel no se quedó en las declaraciones e inmediatamente congeló los fondos por impuestos que pagan los palestinos de la Cisjordania. El sábado pasado se anunció que el Estado ocupante dejaría de transferir los fondos que recauda mensualmente, equivalentes a unos 125 millones de dólares mensuales.

«Esta decisión es un nuevo crimen de guerra israelí, pero no retrocederemos ante las presiones», afirmó Saeb Erekat, funcionario responsable de las negociaciones con Israel.

En el mismo sentido se expresó la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exterior y Seguridad Internacional, Federica Mogherini. «La medida es contraria a los compromisos asumidos por Tel Aviv en el Protocolo de París, firmado en 1994», sostuvo y llamó a evitar «la aplicación de pasos que obstaculicen el regreso a las pláticas entre Israel y Palestina».

El protocolo demanda al gobierno israelí transferir cada mes a la ANP fondos recaudados en concepto de aranceles aduaneros, de importaciones de la autonomía y del impuesto a ingresos de seguridad social o médica abonados por palestinos.

Al respecto, la eurodiputada norirlandesa Martina Anderson, consideró «contraproducente» la medida aplicada por Israel y estimó que «solo aumenta las tensiones en la región». «El dinero recaudado es del pueblo palestino y debe ser entregado inmediatamente», declaró.

«Nos oponemos a cualquier acción que aumente las tensiones, y obviamente ésta lo hace», apuntó el lunes la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Jen Psaki, en su conferencia de prensa diaria.

Palestina elevó este martes un pedido al Consejo de Seguridad de la ONU para que actúe frente al «robo de los impuestos palestinos» que es considerado «una represalia directa por los pasos legítimos y pacíficos del liderazgo palestino en su búsqueda de justicia y con el propósito de proteger a su pueblo».

 

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