Explosión de Río Tercero: “A la larga se hizo justicia”

Este 23 de diciembre el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Córdoba dictó sentencia condenatoria a los cuatro imputados por la causa de la voladura de las instalaciones de Fabricaciones Militares de Río Tercero (FMRT).

La Justicia condenó a los acusados a entre 10 y 13 años de prisión por el delito de Estrago Doloso agravado por la muerte de personas. Este delito penal consiste en causar daño de graves proporciones que genere un peligro común a la seguridad pública. El TOF 2 de Córdoba, al caratular la causa de esta manera, reconoce la intencionalidad del delito.

La sentencia dictada este martes ordena la prisión de los cuatro imputados de la causa, condenando a Marcelo Diego Gatto (jefe del Área de Polvorines de FMRT) a 10 años de prisión, a Jorge Antonio Cornejo Torino (ex director de FMRT), Edberto Gonzalez de la Vega y Carlos Franke (directivos nacionales de Fabricaciones Militares) a 13 años.

El viernes 3 de noviembre de 1995 alrededor de las 9 de la mañana la ciudad de Río Tercero fue testigo de la voladura de las instalaciones de Fabricaciones Militares. Las explosiones se iniciaron con el incendio de un tambor de mazarota de trotyl, dentro de un tinglado de la planta de carga, como consecuencia de una acción intencional, programada y organizada. En este episodio perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga; hubo más de 300 heridos y tres barrios quedaron casi reducidos a escombros.

Entre 1991 y 1995 el por entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, se vio involucrado en hechos irregulares, como la firma de decretos que trataban de encubrir exportaciones ilegales de armas a Croacia y Ecuador. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de Capital Federal, lo condenó por estos hechos a siete años de prisión, los cuales no se hicieron efectivos en virtud de los fueros con los que contaba el ex presidente, por su cargo de senador por La Rioja.

En agosto de 2013, el juez Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó el sobreseimiento de Martín Balza y el procesamiento del ex presidente como instigador del delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”, en virtud de la investigación de las explosiones de Río Tercero y la conexión con la causa de venta ilegales de armas entre 1991 y 1995. Esta sentencia fue apelada por el ex presidente ante la Cámara Federal de Córdoba, la cual en febrero de 2014 hizo lugar al pedido de apelación y dictó también su sobreseimiento.

Sobre la sentencia de este martes el abogado querellante, Horacio Viqueira, sostuvo que “a pesar de todas las maniobras que hubo para intentar lograr la impunidad, los hechos fueron valorados correctamente por el tribunal”. Si bien la querella solicitó 17 años y la Fiscalía 15, aquel se mostró conforme con la condena y esperando se fundamente la misma el 27 de febrero del año 2015, para analizar si interpone recurso de apelación o no.

Por otra parte, las hijas de Ana “Coca” Gritti (única querellante de la causa, fallecida en 2011 y esposa de una de las víctimas) se mostraron satisfechas con la sentencia. En diálogo con Notas, María Julia Gritti expresó: “Con el juicio, de cierta forma, se cierra una historia. Poder arrancar nuestras vidas de otra manera. Sabiendo que a la larga se hizo justicia, por mi papá, y también por mi mamá. Aunque dicen que la justicia cuando llega tarde ya no es justicia, es bueno poder darle un cierre a todo, tener en claro quiénes son los responsables y la verdad de lo que pasó”.

Alejandra Quiroga y Leonel Quiroga, desde Río Tercero