4 diciembre, 2014
Venezuela: Fiscalía imputa a María Machado por plan golpista contra Maduro
El Ministerio Público venezolano acusó por el delito de conspiración a la dirigente derechista María Corina Machado, una de las referentes del llamado a derrocar a Nicolás Maduro en los primeros meses de 2014. Entre febrero y junio de este año, las acciones violentas causaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos.

El Ministerio Público venezolano acusó por el delito de conspiración a la dirigente derechista María Corina Machado, una de las referentes del llamado a derrocar a Nicolás Maduro en los primeros meses de 2014. Entre febrero y junio de este año, las acciones violentas causaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos.
El miércoles 3 de diciembre fue la fecha establecida por la Justicia venezolana para citar a declarar a la ex diputada Machado. La audiencia tuvo lugar en la sede de la Fiscalía nacional N°20, a cargo de la doctora Katherine Harrington, en el centro de Caracas.
Allí, la fiscal la acusó por el delito de conspiración, de acuerdo al artículo 132 del Código Penal, que establece penas de 8 a 16 años de prisión para “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación”. El artículo también dispone la misma pena para el venezolano o la venezolana “que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente”.
La dirigente opositora fue imputada por el Ministerio Público por su vinculación con el plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro, que tomó estado público en mayo de este año, luego de conocerse la existencia de correos comprometedores entre Machado y otros dirigentes de extrema derecha venezolana, algunos de ellos radicados en EEUU.
En las comunicaciones, explícitamente se hacía referencia al financiamiento de EEUU para desarrollar las acciones violentas, e incluso se señalaba al actual embajador norteamericano en Colombia, Kevin Whitaker -en ese momento alto funcionario del Departamento de Estado- como el enlace con el gobierno de ese país. “Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos”, aseguraba Machado en uno de los correos. Semanas después, enfurecida, le pedía a Diego Arria “hacer las llamadas necesarias para aniquilar a Maduro y lo demás caerá solo”.
Por esta causa, la Justicia venezolana libró en julio órdenes de captura contra los demás participantes: Henrique Salas Römer, Diego Arria, Ricardo Koesling Nava, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Burelli Briceño y Robert Alonso.
Al salir de la audiencia, Machado -quien tiene una relación histórica con EEUU- expresó que las pruebas en su contra “son falsas” y que seguirá “luchando por la democracia”. Horas antes de asistir a la Fiscalía, había señalado que es objeto de una persecución política y que la campaña #LaSalida, convocada a principios de año junto a Leopoldo López Mendoza y Antonio Ledezma, “siempre ha sido pacífica”.
Durante las guarimbas se registraron numerosos ataques de grupos derechistas contra universidades, misiones sociales, medios de transporte y personas, causando 43 asesinatos -entre ellos, ocho guardias nacionales baleados por francotiradores expertos- y más de 800 heridos. El objetivo declarado era “que se vaya Maduro”, electo por voto popular pocos meses antes.
Solidaridades
Previsiblemente, los medios privados buscaron instalar que se trataba de una violación a los derechos humanos, actuando en tándem con las ONGs ligadas a los EE.UU. El diario El Nacional, por ejemplo, destacó en su web que “Human Rights Watch calificó de ‘farsa’ el proceso contra María Corina Machado”. Human Rights Watch es una organización dirigida por el primo de Leopoldo López Mendoza, el venezolano de ascendencia sueca Thor Hallvorssen Mendoza, señalado por numerosas fuentes como agente de la CIA.
Para completarla, en su información relacionada el periódico incluía dos notas cuyos titulares, ubicados en un lugar central en su web, tenían el mismo sentido político. Uno de ellos era “Soldados liberados dicen que las FARC los iban a llevar a Venezuela” y el otro -infaltable- era “EEUU acusa a Venezuela de castigar a los críticos al gobierno”.
Esta última noticia se refería a las declaraciones de Marie Harf, vocera oficial del Departamento de Estado, quien expresó la “profunda preocupación -del gobierno de EEUU- por lo que parece ser un esfuerzo continuo del gobierno venezolano para intimidar a sus opositores políticos a través del abuso del proceso legal».
La afinidad política entre estos actores es tan evidente que el mismo día que Machado se presentaba a la Fiscalía, el editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y el director del periódico El Universo, de Guayaquil, Carlos Pérez Barriga, concurrieron a la sede de The Washington Post para reunirse con su junta directiva y denunciar que “la prensa en Latinoamérica no solo está siendo atacada por los Gobiernos de izquierda”, sino también “por los de derecha”.
Según expresaron, en el continente hay una tendencia “contra los medios”, que busca copiar el modelo venezolano. La agenda de ambos en Washington incluyó además encuentros con la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen y con el senador demócrata Bob Menéndez, activos militantes contra Venezuela. El día anterior, los empresarios habían participado en un evento del National Press Club, que nuclea a periódicos de Estados Unidos.
El Nacional, preocupado por la libertad de expresión, no otorgó sin embargo ningún espacio a los familiares de las víctimas de las guarimbas, quienes el mismo día se dirigieron a la Embajada de EEUU en Venezuela para rechazar las declaraciones a favor de Machado y de Leopoldo López Mendoza, preso desde el 18 de febrero por la convocatoria golpista.
En la actividad, Dessiré Cabrera, una de las familiares, pidió “que se escuche a las víctimas, que nos atiendan, que conozcan la verdad, que nos den la oportunidad de informarlo (a Obama), para que así pueda emitir un juicio de valor por todo lo que sucedió” en las acciones terroristas. Además de la defensa de Machado, en las últimas semanas EEUU ha reactivado todas sus piezas para pedir la liberación de López, quien también fue mencionado en el comunicado leído por Marie Harf en Washington.
Fernando Vicente Prieto, desde Caracas – @FVicentePrieto
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