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3 diciembre, 2014

A un año de los acuartelamientos policiales de Cordoba

Hace un año, la Policía de Córdoba se acuartelaba reclamando mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo. La protesta iniciaba en la madrugada del 3 de diciembre, y se extendería por más de 36 horas, con trágicos saldos: un muerto, múltiples heridos, «linchamientos», más de 100 civiles acusados en 57 causas judiciales, y más de 60 policías imputados.

Hace un año, la Policía de Córdoba se acuartelaba reclamando mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo. La protesta iniciaba en la madrugada del 3 de diciembre, y se extendería por más de 36 horas, con trágicos saldos: un muerto, cientos de saqueos -con la sospecha de que muchos de ellos fueron promovidos por miembros de la propia fuerza, múltiples heridos, enfrentamientos, «linchamientos», más de 100 civiles acusados en 57 causas judiciales, y más de 60 policías imputados.

El conflicto culminó con el apresurado regreso del gobernador De La Sota (se encontraba de viaje en Panamá), y con la aceptación de las reivindicaciones de los amotinados.

En las jornadas siguientes las protestas se repitieron en casi todas las provincias argentinas, con distinta intensidad pero con metodologías y resultados similares. Lo que inició como un conflicto local, se volvió una situación crítica que tomó una dimensión nacional.

Las consecuencias fueron mucho más allá de lo que registraron las crónicas policiales: la provincia de Córdoba ya no fue la misma. El impacto político fue inmediato. El  gabinete provincial fue abandonado por algunos de sus personajes más influyentes, y la cúpula policial fue removida, abriendo paso a una feroz interna entre los altos mandos de la jefatura.

Lo más grave fueron las consecuencias sociales que dejaron las jornadas de diciembre de 2013. Profundas heridas marcaron al pueblo cordobés, golpeando sobre todo a los sectores más postergados de las grandes ciudades. Aquellas noches, en las barricadas organizadas por los propios vecinos de algunos barrios, se detenía y golpeaba a todo aquel que era joven, de piel oscura, de un barrio popular, y se movilizaba en moto. El estereotipo del «motochorro», del «saqueador», e incluso del «negro», perduraron en el imaginario social y están presentes hoy, de formas más sutiles y menos visibles.

Como ejemplo de esto sirve lo ocurrido en Río cuarto en el mes de septiembre de este año. Allí, tras la dudosa sospecha de la participación de un ciudadano de origen boliviano en un asesinato en esa ciudad, se dieron múltiples manifestaciones xenófobas. Reiteradas protestas reclamaban la expulsión de los bolivianos del barrio donde ocurrieron los hechos, con ataques, saqueos e incendios contra los ciudadanos de esa nacionalidad que allí habitaban.

Sobre este escenario, y con la demanda por «seguridad» a flor de piel, el año 2014 fue testigo de una fuerte política represiva. El gobierno anunció la «policialización de la ciudad»: controles en todos los accesos céntricos, detenciones indiscriminadas a quienes circularan en moto, realización de los llamados «operativos de saturación» en barrios pobres, con detenciones masivas de quienes circulaban por la zona, y con exhibiciones públicas de los detenidos en «corralitos». La aplicación del código de faltas se profundizó, llegando a detenerse un promedio cercano a los 200 jóvenes por día, sin causa razonable, con la utilización de la figura del «merodeo».

Esto se agravó con los reiterados casos de «gatillo fácil» ocurridos a lo largo del año. Hasta el momento se encuentran denunciados al menos siete asesinatos en manos de la policía cordobesa. A esto hay que agregarle otros tantos casos de jóvenes heridos por armas de fuego policiales, y las reiteradas denuncias de maltratos y torturas en comisarías y cárceles de la provincia.

Si bien algunos agentes han sido procesados por estos hechos, no se han observado condenas firmes ni mucho menos, indicios de cambios en las políticas de seguridad. La sensación de que la policía ha logrado un auto-gobierno prácticamente autónomo, es evidente. El propio Jefe de Policía ha sido imputado por amenazar a un periodista, y ha sufrido la denuncia de un oficial subalterno por abuso de autoridad. Pero a pesar de esto permaneció en su cargo, con el respaldo del gobernador De La Sota.

El escenario cordobés no parece haber sido una excepción, sino un caso más de un contexto nacional corrido a la derecha, sobre todo en materia de seguridad. Una y otra vez aparecen propuestas de «mano dura» por parte de casi todos los pre-candidatos presidenciales.

En la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli celebra los resultados de haber decretado la «emergencia en seguridad», y participa del egreso de diez mil nuevos cadetes de la policía bonaerense. Sergio Berni adquiere cada vez más visibilidad pública, con un discurso fuertemente reaccionario. La represión de la protesta vuelve a observarse en conflictos sociales y laborales. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero resulta  evidente que la seguridad es una carta que nadie quiere dejar de jugar de cara al 2015.

En este panorama, las secuelas de los acuartelamientos policiales del 3 y 4 de diciembre de 2013 siguen vigentes. Su presencia aparece una y otra vez: en las políticas de seguridad, en los discursos públicos, en las portadas de los medios, y en un imaginario social que reforzó algunos estereotipos que segregan a los sectores populares y fragmentan aun más la vida social.

Su utilidad en el escenario político parece, por el momento, igual de evidente. Menos visibles, pero más reales y profundas, son -y serán- sus consecuencias sociales.

 

Juan Santillán

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