Julio López: Funcionarios judiciales sobreseídos por la desaparición del testigo

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento de funcionarios judiciales denunciados por uno de los hijos y la esposa de Jorge Julio López. Se los acusaba por no haber tomado las medidas de protección para evitar su desaparición en septiembre de 2006.

Según la denuncia de Irene Savegnano de López y de su hijo Rubén, “la situación de peligro para López era evidente y objetiva”, ya que se trataba del “primer juicio que se realizó, después de que se anularan las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos”. Por eso acusaron a los funcionarios judiciales de «no haber dispuesto ninguna medida de seguridad física o psicológica respecto del testigo».

En concreto la denuncia apuntaba a los jueces Arnaldo Hugo Corazza (ya retirado), Carlos Alberto Rozanski, Horacio Alfredo Isaurralde y Norberto Lorenzo (integrantes del Tribunal Oral en lo federal de La Plata que sustanció el proceso contra Etchecolatz). También al fiscal Carlos Dulau y los abogados de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos Fernando Molinas, Liliana Mazea, Guadalupe Godoy y Miriam Bregman. A estos últimos se los responsabilizó por haber «omitido solicitar y otorgar protección a López, por haber sido citado a testificar en cuatro oportunidades».

La presentación judicial había sido desestimada en agosto de 2013 por la sala II de la Cámara Federal de La Plata a cargo del fallecido juez Manuel Blanco, quien confirmó el sobreseimiento de los funcionarios judiciales en primera instancia. En esa oportunidad Blanco consideró que no había delito, porque hasta “la desaparición de López nunca se había producido un hecho de naturaleza semejante en todo el país”.

Frente a esto el abogado de los familiares de López, Alfredo Gascón, presentó un recurso de casación. Así se llegó a la decisión de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, donde los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi, por mayoría, resolvieron «rechazar el recurso interpuesto por la parte querellante, con el patrocinio letrado del Doctor Alfredo Gascón». El magistrado Gustavo Hornos, en disidencia, propició «anular la resolución (que confirma los sobreseimientos) y remitir los autos al tribunal de origen a los fines de que dicte un nuevo pronunciamiento».

Gemignani y Riggi fundamentaron su decisión en el hecho de que “no se había verificado delito alguno por parte de los magistrados y abogados intervinientes en los procesos en que la víctima compareciera como testigo”.

Al respecto explicaron que «el derecho a la seguridad consiste en el derecho a obtener del Estado una protección razonable contra las agresiones de los demás ciudadanos, correlato indispensable de la obligación ciudadana de proceder pacíficamente y de la proscripción de la venganza privada». Pero “es una deducción que no parece exigible desde el ángulo de los acontecimientos y la experiencia en el desarrollo de estos juicios”, concluyó la sentencia.

Jorge Julio López había sido detenido ilegalmente durante la dictadura cívico-militar en diferentes centros clandestino de la Ciudad de La Plata desde de agosto de 1976 hasta el 25 de julio de 1979. Durante el juicio al represor Miguel Etchecolatz, donde era uno de los principales testigos, fue nuevamente secuestrado y desaparecido en septiembre de 2006.