Octava Marcha de la Gorra en Córdoba

Por octavo año consecutivo miles de jóvenes y más de 60 organizaciones sociales y políticas salieron a las calles a exigir la derogación del Código de Faltas provincial y el cese de las políticas represivas en Córdoba.

Bajo la lluvia, el día jueves 20 de noviembre en la ciudad de Córdoba se convocaron veinte mil personas en una nueva edición de esta manifestación callejera. La consigna convocante fue “más vale gorras embrollando, que la policía matando”. La marcha desbordó las calles del centro de la ciudad durante toda la tarde, concluyendo con un acto en la plaza central.

La Marcha de la Gorra surgió en el año 2007 impulsada por el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. La fecha fue elegida en conmemoración de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Esta iniciativa surgió denunciando las políticas represivas aplicadas por el gobierno provincial y el arbitrario accionar policial que a través de la portación de rostro determina quién tiene derecho a circular por la ciudad. Año a año son cada vez más quienes exigen el cese de las políticas represivas y la derogación del Código de Faltas que habilita estas prácticas represivas.

Poco antes de comenzar la movilización, dos colectivos que se dirigían desde la localidad de Juárez Celman fueron detenidos por la policía cerca del barrio de Alta Córdoba. Desde la organización de la marcha se comunicó que les realizaron requisas a los jóvenes que viajaban y uno de ellos, José Flores, fue detenido. Frente a esta situación decidieron no dar inicio a la movilización hasta que José no fuese liberado y los demás compañeros llegaran a la concentración.

Una vez librado Flores, la movilización partió a las 19 horas desde Colón y Cañada. Tras meses de preparación, la marcha fue un espacio para la manifestación de miles de jóvenes que tomaron las calles y las llenaron de colores, lucha y alegría. Al arribar a la Plaza San Martín se leyó el documento acordado y el festival debió suspenderse ante la intensa lluvia.

El documento tuvo un fuerte énfasis en la denuncia de los casos de gatillo fácil. Comenzó recordando a cada una de las víctimas y culminó pidiendo “justicia por todos nuestros compañeros asesinados”. Según la Coordinadora Antirrepresiva, ya se registran ocho casos de jóvenes asesinados por la policía en lo que va del año.

A su vez, se señaló la responsabilidad política del gobernador De la Sota “quien a pesar de las innumerables expresiones de lucha y resistencia insiste en profundizar y perfeccionar el actual código de faltas” y se exigió la renuncia del jefe de policía Julio César Suárez, “represor confeso”, quien se encuentra imputado por coacción sobre el periodista Dante Leguizamón. El pedido de renuncia fue acompañado de denuncias a la institución policial en su conjunto por su vinculación con el narcotráfico, el crimen organizado y las redes de trata.

Según la ex ministra de Seguridad provincial, Alejandra Monteoliva, la provincia de Córdoba cuenta con la mayor cantidad de policías en relación a su población, llegando a la cifra de un efectivo cada 186 habitantes. En este marco, no llama la atención que sea Córdoba la cuna de una movilización de estas características, donde los pibes de los barrios salen a las calles a recuperar el territorio que les es negado cotidianamente.

Entendiendo que esta problemática se repite a lo largo y lo ancho del país, el pasado 22 de Octubre se realizó un primer intento por nacionalizar la marcha con movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mendoza y Rosario.

Una cuestión de códigos

La principal exigencia de la marcha ha sido la derogación del Código de Faltas provincial. Se trata de una herramienta legislativa que ampara y legitima los miles de casos diarios de atropellos, violencia y discriminación. Este Código pone como juez y parte a la institución policial, lo cual ha sido denunciado como inconstitucional en reiteradas ocasiones.

Uno de los puntos más cuestionados del Código es aquel que establece la figura de “merodeo”. A través de este recurso, la policía puede arrestar a quien camine en “actitud sospechosa, sin una razón atendible”. Así se da vía libre al accionar policial que apresa por “portación de rostro”. Este punto afecta el derecho a transitar libremente, ya que cualquiera considerado peligroso puede ser apresado sin importar qué haya hecho.

Por otro lado, mediante la figura de “prostitución escandalosa” el código persigue y criminaliza a las trabajadoras sexuales. Esta situación permite una constante discriminación y acoso por parte de la policía. En esta marcha, la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual alzó la consigna “más vale taco laburante que policía tratante”.

En medio del debate legislativo por la reforma del Código, los organizadores de la marcha señalaron: “El objetivo de sostener el Código de Faltas radica en la necesidad del gobierno de De La Sota de preservar un aparato represivo para aplicar una política de ajuste ante la resistencia activa de los trabajadores, trabajadoras y a juventud”. De este modo, se exigió “la derogación del actual Código de Faltas y una inminente asamblea para empezar a armar un acuerdo de convivencia que garantice nuestros derechos”.

Georgina Vaccaro y Andrés Carbel, desde Córdoba