Arrancó el juicio contra dos trabajadores estatales por cortar calles

Este jueves 6 de noviembre comenzó el juicio a Mariano Skliar y Humberto Rodríguez, delegado de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del ministerio de Promoción Social porteño y secretario general adjunto de ATE Capital, por participar de reclamos sindicales. La imputación es por violar el artículo 68 del Código Contravencional: obstruir o cortar el tránsito.

«Aducen que hubo un corte prolongado en la avenida 9 de julio y que el personal policial dijo que se libere y no se liberó. Cosas que no pasaron», indicó Humberto Rodríguez. La fiscalía a cargo de Walter López imputó a los dos referentes sindicales por esa acción, ocurrida el 1 de agosto de 2013. «Esta es una causa totalmente armada», agregó.

Rodríguez explicó: «Nos llamaron a negociar en 2012 por un problema de precariedad laboral, firmamos un acuerdo que se cumplió durante ocho meses y en agosto de 2013 cuando Néstor Grindetti, ministro de Hacienda porteño, se sienta a negociar nuevamente y resuelve parcialmente algo de los problemas, en paralelo nos denuncian penalmente”.

En consonancia se posicionó Mariano Skliar, de la Junta Interna de ATE Promoción Social: «Habíamos notificado a la autoridad competente como dice el Código Contravencional, tuvimos escolta policial durante toda la marcha y con el agravante de que ese día José Orlanian, paritario oficial de la Ciudad, y Néstor Grindetti, ministro de Hacienda, nos convocan a una reunión a la cual accedemos. Por eso desconcentramos la marcha, firmamos un acta de acuerdo de aumento para dos mil compañeros precarizados y después de eso nos llega la notificación policial”.

“La Policía Federal labró un acta contravencional aunque en ningún momento se acercó a decirnos que suspendiéramos la marcha ni intentó detenerla. Se supone que si la policía ve que se está cometiendo una contravención tiene que interrumpirla”, agregó Skliar.

“Lo que se persigue es que no quede como un antecedente que el accionar gremial es genuino, legítimo, válido”, declaró Rodríguez.

Además, el secretario general adjunto de ATE Capital, explicó que por su cargo sindical le iniciaron un investigación de forma poco regular. «Es medio exagerada para una contravención», dijo. Los imputados se enteraron, según cuentan, durante el proceso de instrucción que estaban siendo señalados y eso fue reafirmado por personal del cuerpo de investigaciones judiciales, ordenado por el fiscal, el miércoles 6. «Es decir, en el contexto de una marcha donde hay miles, el fiscal Walter López (que casualmente ahora ha sido promovido) instruyó hacer el cruce de llamadas de mi celular en el marco de una movilización que estaba planteada con una semana de anterioridad”, narró. «La verdad hay una cuestión muy burda de apuntar y perseguir políticamente”, indicó Rodríguez.

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores del Estado es el alto grado de precarización laboral. Según el Centro de Estudios Políticos, Sociales y Sindicales Germán Abdala, en el Estado porteño existen 146.240 trabajadores de los cuales solo un 35 por ciento está en planta permanente y existen más de 16 mil trabajadores precarizados bajo contratos de locación de servicios. Además, existe una planta permanente precarizada ya que no le reconocen la antigüedad, ni tareas, con la categoría cero del escalafón, ni mantuvieron la remuneración a todos los trabajadores que pasaron a la planta permanente en 2010.

Por esos motivos se movilizaron aquel 1 de agosto de 2013. “Si hay un derecho a la protesta considerado constitucionalmente, si hay una medida anunciada en tiempo y forma, no se pueden discutir los hechos por fuera de ese contexto”, declaró Rodríguez. Ese día hubo una movilización al cierre de un paro de 72 horas, que tuvo uno anterior de 48 en mayo y uno de 24 en marzo, por un acta incumplida en diciembre. «La ministra de de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el paritario central José Orlanian, al tanto de esta situación», dijo. «Se hizo una movilización, se esperó una respuesta de parte de la ministra de más de cinco horas y al cierre de la jornada algunos compañeros plantearon ‘vamos hasta Hacienda’. Ahora, en ese recorrido de un ministerio a otro, se cruza la 9 de julio”, explicó el sindicalista.

Rodríguez analizó: “Que digan que hubo un corte prolongado es todo marketing político del macrismo». Según el dirigente de ATE Capital lo hace por dos motivos: Primero «para no hacerse cargo de lo que le corresponde como gestión del Estado, no tener esos niveles de precariedad laboral y abordar una agenda para ir resolviéndolo». Y en segundo lugar, porque el gobierno de la Ciudad «se pone en el lugar de ‘yo pongo orden’, cuando en realidad lo que genera es conflicto”.

Este jueves distintas Juntas Internas del gobierno de la Ciudad, como Desarrollo Social realizarán un cese de actividades. Los trabajadores concentrarán, desde las 9, en Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio. Luego, a las 10, movilizarán al Juzgado Contravencional Nro. 10, presidido por Gabriel Eduardo Vega (Tacuarí 138, 7mo piso) donde reclamarán por la absolución de Rodríguez y Skliar.