Nacionales

6 noviembre, 2014

“A este gobierno solo le importa la concentración cuando la ejerce Clarín pero no otros grupos”

El investigador y docente Martín Becerra, especialista en Nuevas Tecnologías y Políticas de la Comunicación, analizó el proyecto de “Argentina Digital” anunciado la semana pasada. Sus virtudes y problemas.

El investigador y docente Martín Becerra, especialista en Nuevas Tecnologías y Políticas de la Comunicación, dialogó con el programa Quemar las Naves de Radio Sur FM 88.3 sobre el nuevo proyecto de “Argentina Digital” que anunciaron la semana pasada en conferencia de prensa el ministro de Economía, Axel Kiciloff, el ministro de Planificación, Julio De Vido y el Secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.

– ¿Cuáles son los aspectos más importantes que promueve esta ley de Telecomunicaciones?

– Es un proyecto que busca, por una parte, regular integralmente las telecomunicaciones. O sea la telefonía básica, móvil, las conexiones a internet y las redes de conexión a televisión por cable. La ley de Telecomunicaciones hoy vigente es muy vieja, del gobierno dictatorial de Agustín Lanusse (1972), y si bien fue modificada en distintos momentos, en esencia sigue vigente. Por otro lado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de 2009 recibió bastantes críticas porque hay quienes dicen que nació vieja porque no fue adecuada a las nuevas tecnologías y formatos de la información.

Ahora bien, el proyecto tiene objetivos de política pública virtuosos como garantizar la neutralidad de las redes, o sea que los operadores de telecomunicaciones no puedan discriminar los contenidos que nosotros como usuarios consumimos. O por ejemplo que se desagregue el bucle local, es decir, que los grandes operadores de esta infraestructura, que son enormes corporaciones, deban obligatoriamente alquilárselas a empresas o cooperativas más pequeñas para que haya “más competencia en los servicios domiciliarios”.

Pero estos objetivos interesantes, como suele suceder, están planteados en términos muy genéricos. Le da enormes libertades a la autoridad de aplicación que va a depender exclusivamente del Poder Ejecutivo para que interprete y reglamente estos objetivos generales. Este es un problema de diseño del proyecto que yo espero que el trámite en el Congreso lo corrija, lo precise, lo especifique y lo mejore.

– Mencionabas las críticas a la LSCA en tanto hay quienes sostienen que “nació vieja” ¿En qué puntos este proyecto la actualiza?

– Modifica en un aspecto muy pequeño -porque es un solo artículo- pero sustancial de la LSCA: habilita a que las telefónicas puedan dar servicios audiovisuales. Por esto las telefónicas están felices y el Grupo Clarín con los tapones de punta. Habilita el cruce de las empresas de telefonía a lo audiovisual y de las empresas audiovisuales también a la telefonía.

Pero lo que pasa es que, en el mundo entero y también en nuestro país, las empresas de telefonía son económicamente mucho más importantes que las empresas audiovisuales. Con lo cual habilitar a ambas, en la práctica concreta va a significar que las telefónicas avancen sobre el sector audiovisual pero no a la inversa.

– Esto generaría nuevos actores dominantes en el sistema de medios, en particular se ha sostenido que beneficia a Telefónica…

– Oficializa por un lado el dominio que tiene Telefónica de España del grupo Telefé, que son nueve licencias, además de la de Buenos Aires hay ocho en el interior del país (es el principal grupo de Televisión Abierta). Pero además le permite expandirse al negocio de la televisión por cable que hoy está dominado por el Grupo Clarín a través de Cablevisión.

Esa situación creo que también debería modificarse en el tratamiento del Congreso si es que se quiera hacer una política pública verdaderamente atenta a que no haya situaciones de dominio de mercado ni por unos ni por otros. Siempre repito: cuando critico la política de comunicación de este gobierno es porque parece que solamente le importa la concentración de mercado cuando la ejerce Clarín. Pero cuando la ejercen otros grupos no parece muy celoso de esa cuestión.

– Vos decías que esta actualización en la normativa es un avance en términos generales pero hay que mirar a los detalles. Uno de esos detalles está vinculado al nivel de imprecisión de quién va a ser la autoridad de aplicación que, por otro lado, fija precios.

– La autoridad de aplicación va a depender del Poder Ejecutivo y tiene muchas atribuciones; es distinta de la conducción del AFSCA que es un organismo colegiado donde no solo hay integrantes del Poder Ejecutivo sino que también hay integrantes del Congreso, de distintas fuerzas políticas. En este proyecto solo va a estar integrado por el Ejecutivo y con un alto margen de discrecionalidad.

– Considerando que las telefónicas van a poder tener licencias audiovisuales y que es ambiguo el tope de concentración de mercado, por lo menos por ahora ¿cómo se complementa con los límites a la concentración que pone la LSCA?

– El proyecto dice que cuando haya compañías “con poder significativo de mercado” el Estado, a través del ente regulador, va a tener atribuciones para ordenar que se separe esa empresa. El problema grave es que nunca dice que es «poder significativo de mercado».De acuerdo a quién sea presidente, eso puede significar distintas cosas.

Si uno quiere hacer una buena ley para el sector tiene que estar medianamente claro. Por lo menos tenes que plantear un umbral mínimo y un umbral máximo de presencia de mercado de una compañía para decir que dentro de ese porcentaje hay «poder significativo de mercado».

En segundo lugar, las empresas telefónicas cuando vendan servicios de televisión por cable tendrán que respetar los límites de la LSCA que dice que son 24 licencias en todo el país o el 35% de la cuota de mercado. O sea que siguen valiendo los límites de concentración para el audiovisual que dispone esa ley. Pero esto no afecta, como límite, al sector de telecomunicaciones: pueden tener el 100% del mercado.

– Ahora el debate entra en el Congreso. Si existiera la posibilidad de incidir en la conformación de la autoridad de aplicación, ¿cuáles serían tus sugerencias?

– Parto de la base de que estos sectores son estratégicos, no solamente por razones económicas (porque son sectores económicos muy potentes) sino porque brindan servicios esenciales para el desarrollo de la vida misma. Muchas veces el riesgo entre la vida y la muerte se dirime en la posibilidad de tener acceso a una línea telefónica o la calidad de vida tiene que ver con acceder a conexiones de internet. Entonces son cuestiones que no son suntuarias, no son menores.

Por lo tanto creo que la autoridad de aplicación debería estar integrada por personas que tengan reconocimiento político y conocimiento del sector, amplio. Que no sea el volantazo de meter un tipo que puede ser muy soldado de la causa del presidente de turno pero que capaz no entiende un pito de como se tiene que regular el sector. O por el contrario alguien que puede ser técnicamente muy solvente pero políticamente nulo. Me parece que tiene que reunir estas dos condiciones.

Y si son organismos colegiados mejor porque de esa manera permiten controles. Permiten que haya perspectivas distintas que garanticen que una política pública sea realmente pública.

 

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