Comienza el juicio por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra

Este martes 4 de noviembre será la primera audiencia donde se juzgará a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cristian Ferreyra, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase-VC), en 2011.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, integrada por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray comenzó este martes el juicio donde están imputados Javier Juárez, como autor material del hecho, y Jorge Ciccioli, como autor intelectual.
Además serán juzgados otros cinco imputados que conformaron el grupo paramilitar que amedrentó a los vecinos que se encontraban junto a Cristian Ferreyra el día del asesinato.

El debate se llevará a cabo íntegramente en la localidad de Monte Quemado a poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. Las audiencias se realizaran durante todo noviembre los martes, miércoles y jueves.

Un 16 de noviembre de 2011

En la casa de Darío Godoy, compañero de Cristian en el Mocase-VC, había una reunión para preparar la defensa de las dos mil hectáreas comunitarias donde vive la comunidad indígena Lule Vilela, a la que pertenecían.

Habían logrado frenar las topadoras que en los últimos días habían desmontado 200 hectáreas pero ahora habían aparecido hacheros en el monte que seguían tirando abajo los árboles.

Mientras realizaban la asamblea en la casa de Godoy dos hombres llegaron en moto alrededor de las tres de la tarde. Eran Javier y Antón Juárez, pistoleros de la zona y empleados del empresario santafesino Jorge Ciccioli. Este sostenía que esos terrenos eran de su propiedad porque los había comprado en febrero de ese mismo año en Metán, Salta, a otro empresario de apellido Luque.

Emilio Luque era otro empresario que en 2009 había alambrado de manera arbitraria 1800 hectáreas en la región. El Mocase ya había realizado las denuncias pertinentes y, ante la falta de respuesta de las autoridades, comenzaron a cortar los alambrados que impedían el pastoreo de sus animales.

Ciccioli, al comprar las tierras a Luque ante un escribano que nunca había visto los terrenos, decidió volver a alambrar y comenzar el desmonte autorizado por la Dirección de Bosques de la provincia.

Así se llega nuevamente a ese 16 de noviembre. Según relataron los miembros del Mocase, al ser atendidos por Godoy, Javier y Anton reclamaron que saliera Cristian Ferreyra. Cuando este apareció, casi sin mediar palabra, Javier Juárez disparó su itaca recortada contra la pierna del campesino. La bala le dio en la arteria femoral y comenzó a desangrarse.

Rápidamente el resto de los presentes se abalanzaron sobre Juárez quitándole el arma. A Cristian intentaron trasladarlo hasta Monte Quemado, la ciudad más importante de la zona, que quedaba a 50 kilómetros del lugar de los hechos. No llegó a ser atendido y murió en el camino.

Un juicio histórico

Casi tres años después del crimen Javier Juárez llega a juicio procesado por homicidio simple, amenazas, abuso de armas, lesiones graves y leves. Lo hace detenido en el marco de la figura de la prisión preventiva.

Pero también llega juicio en prisión, el empresario Jorge Ciccioli acusado de homicidio simple en grado de partícipe secundario, lesiones graves y leves y amenazas. Este es el primer caso que un empresario es imputado por una causa como esta.

Demetrio Palomo, acusado por las mismas figuras penales que Ciccioli, llega con detención domiciliaria por tener más de 70 años. También están acusados Carlos Abregú, Mario René Abregú, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez. Todos procesados por lesiones graves y leves, amenazas y abuso de armas.

Mediante un comunicado, el Mocase-VC destacó como “un hecho histórico la posibilidad de enjuiciar y condenar a los asesinos materiales e intelectuales de Cristian Ferreyra y sentar precedente ante una problemática nacional que afecta al campo y la ciudad” como es “la tenencia de la tierra, su función social, la producción de alimentos y servicios por parte de las familias que garantizan la alimentación local, los mercados locales, y preservan los ecosistemas, generando trabajo, arraigo y desarrollo”.

Los integrantes del movimiento campesino denunciaron que el de Cristian no es el único caso. “Existen otras muertes de campesinos indígenas que siguen impunes y conflictos que aún afectan, según datos oficiales, a unas 63 mil familias campesinas que se encuentran amenazadas y que hay más de 9 millones de hectáreas en disputa”, explicaron.

También recordaron que once meses después de la muerte de Cristian Ferreyra “asesinaron a Miguel Galván y se suman otros episodios de violencia contra el campesinado por parte de empresarios y sus paramilitares”. Sin ir más lejos, el mes pasado se difundió un video donde paramilitares contratados por la empresa Manaos disparaban a campesinos del Mocase con el objetivo de amedrentarlos y expulsarlos de sus tierras.

En la previa al juicio los campesinos han denunciado amenazas contra varias personas de su movimiento. Sin embargo destacan: “Seguimos organizados, en lucha y construyendo –junto con otros y otras– mecanismos de resistencia y fortalecimiento de la vida campesina, exigiendo ante los poderes del Estado provincial”.