3 noviembre, 2014
La AFIP suspendió a P&G por fraude fiscal
La AFIP suspendió a P&G para realizar operaciones en Argentina, tras detectar fraude fiscal por un monto de 138 millones de dólares. La empresa multinacional está acusada de sobrefacturar importaciones y evadir el pago del Impuesto a las Ganancias.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió suspender a la firma Procter & Gamble (P&G), tras haber detectado fraude fiscal por 138 millones de dólares en importaciones realizadas desde Brasil facturadas por intermedio de una filial radicada en Suiza. Esta operación de fuga de divisas podría ser encuadrada como contrabando agravado.
La empresa multinacional, que comercializa en el país productos como Oral B, Gillette, Pampers o Pantene, “fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior”, sostiene el comunicado de la AFIP, y agrega que también se “detectó una diferencia de 19 millones de dólares entre los valores FOB totales de las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI) y destinaciones de importación asociadas a la DJAI”.
El organismo dirigido por Ricardo Echegaray tomó esta decisión tras el análisis de “un total de 2.608 operaciones de las partidas arancelarias de navajas y máquinas de afeitar, preparaciones capilares y pañales y demás artículos higiénicos”. La sobrefacturación se realizaba incluyendo en el precio de los productos royalties y gastos intercompanies de publicidad y administración.
Ante estas irregularidades la AFIP decidió suspender el CUIT de P&G y su inscripción en el registro de importadores y exportadores, junto a la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. La medida se complementó con una nota enviada a la Securities and Exchange Commission (SEC), la Comisión de Valores de Estados Unidos, sobre las maniobras realizadas por la empresa multinacional, un pedido de información a Suiza y Brasil y una notificación al Banco Central (BCRA) por incumplimiento de la Ley Penal Cambiaria.
La posibilidad de este intercambio de información entre países es producto de un acuerdo firmado por el propio Echegaray en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por medio del cual aquellos que han suscripto al mismo pueden intercambiar información de cuentas financieras con fines fiscales.
Según indicó Echegaray el “objetivo principal es que P&G reintegre al Banco Central las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras y el Impuesto a las Ganancias evadido por la manipulación de los precios de transferencia”.
Junto a estas acciones, la AFIP presentó dos denuncias penales en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del doctor Emilio Guerberoff. Ambas realizadas en el mes de octubre de este año.
Al cierre de esta edición se conoció el comunicado de P&G donde afirman estar en regla y pagar sus impuestos tanto en Argentina como en el resto del mundo. Desde la empresa sostienen: “Tomamos muy seriamente el cumplimiento de las leyes en la Argentina y en todos los países en los que operamos, al igual que nuestra contribución con las comunidades en las cuales vivimos y trabajamos. No perseguimos prácticas fiscales e impositivas agresivas ni cuestionables, por cuanto las mismas no producen resultados sustentables”.
Sobrefacturación de importaciones
La práctica de sobrefacturar importaciones realizada por las empresas que operan en el país comenzó a volverse habitual tras la instalación del denominado “cepo cambiario”. La presencia de múltiples tipos de cambios operó y opera como un espacio atractivo para este tipo de operaciones fraudulentas.
De acuerdo a estimaciones realizadas para el año 2013, la sobrefacturación alanzó los 12 mil millones de dólares. Del total de importaciones hechas para aquel periodo el 17% del valor de las mismas resultó por lo menos sospechoso.
Durante octubre de 2014, luego del recambio en el BCRA y el ingreso de Alejandro Vanoli como presidente de la entidad, desde el Ministerio de Economía pusieron la lupa en la fiscalización de las importaciones realizadas por un conjunto de 50 empresas, por un monto total de ocho mil millones de dólares. Las firmas involucradas incluían hipermercados, empresas de alimentos, automotrices, productores agropecuarios, textiles, muebles y plásticos.
De acuerdo a lo señalado por Carlos Burgueño en Ámbito Financiero, desde la cartera que conduce Axel Kicillof se instó este conjunto de empresas a demostrar el destino de las importaciones ya liquidadas, o no se autorizarán en el futuro próximo los dólares necesarios para nuevas importaciones.
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