Policías acuartelados en Santa Cruz serán denunciados por sedición

Hace dos días que policías de las ciudades de Caleta Olivia y Río Gallegos, en la Provincia de Santa Cruz, se encuentran acuartelados reclamando un aumento salarial. El gobierno provincial ya informó que el fiscal del Estado inició acciones legales. Además la Gendarmería y Prefectura realizan tareas de patrullaje.

El plan de lucha de los uniformados por una recomposición salarial comenzó con un quite de colaboración tras asambleas de todas las dependencias policiales de Caleta Olivia. Luego se sumaron algunas dependencias de Río Gallegos y decidieron acuartelarse.

Reclaman un aumento salarial del 25% y sostienen que quieren ser recibidos por el gobernador Daniel Peralta. «Necesitamos una respuesta del señor gobernador para sentarnos a dialogar», señaló Jorge Carrizo, un cabo acuartelado en Caleta Olivia.

Según relató el policía en radio Vorterix, este año recibieron un aumento en dos estapas: «Una parte a principio del año pasado y otro en julio/agosto de este».

Entrevistado por radio La Red Gustavo Martínez, ministro de Gobierno provincial, aseguró que detrás de la protesta hay un «reclamo político interno». Además el funcionario dejó asentado que «el fiscal de Estado de la provincia inició las acciones legales bajo el posible delito de sedición y se entregó la nómina del personal autoacuartelado».

Por otra parte comentó que «el salario de la policía es uno de los mejores en el ámbito de la provincia. Un agente que recién entra está cobrando unos 12.000 pesos y un sargento casi 21.000 pesos».

Martínez también sostuvo que quienes protestan son «un sector y no de la totalidad» de los policías. «La policía en Santa Cruz cuenta con 5 mil efectivos, en 20 localidades. De ese total, unos 250 efectivos efectúan la protesta. El 90% de la Provincia no se ha plegado al reclamo».

Este viernes por la mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, también habló del tema en su habitual conferencia de prensa. «Cualquier cuestión asociada al autoacuartelamiento es un delito», manifestó sin titubeos.

«La estrategia urdida por grupos opositores en donde las policías fueron instrumento, el 2 de diciembre de 2013, fue una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones», añadió el jefe de Gabinete y destacó que al realizar estos actos «incurren en un delito de sedición, que debe ser investigado por fiscales de la república. Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe salvaguardar la seguridad pública».

El funcionario hizo referencia así a los acuartelamientos masivos que hubo durante el último mes de 2013 a los cuales, finalmente, el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales terminaron cediendo y dando aumentos de sueldo a los efectivos de seguridad.