El oficialismo lanza una nueva Ley de Telecomunicaciones

El proyecto apunta a un mayor control estatal en los servicios de telecomunicaciones, incluyendo control de precios y eliminación de la larga distancia a nivel nacional. A su vez reinstala un debate suscitado al momento de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al permitir que las telefónicas puedan poseer también licencias audiovisuales.

Esta miércoles Julio de Vido (ministro de Planificación), Norberto Berner (Secretario de Comunicaciones) y Axel Kiciloff (ministro de Economía) anunciaron en una conferencia de prensa un nuevo proyecto de ley para discutir al Congreso. La “Ley de la Argentina Digital” -así denominaron el proyecto- busca reemplazar la caduca Ley 19.798 de Telecomunicaciones, que rige en el territorio nacional desde 1972 y al decreto 764 del año 2000.

Quizás el punto más sobresaliente del reciente anuncio tiene que ver con que echa atrás, además de las dos normativas que rigen a las telecomunicaciones, al artículo 25 inciso d de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que explícitamente plantea que los licenciatarios Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pueden ser también licenciatarios de señales audiovisuales. Esto recupera el espíritu original de la Ley 26.522 que en 2009 había presentado el oficialismo y que por llegar a un acuerdo con bloques opositores fue modificado de la ley efectivamente sancionada. En este marco, el ya congelado plan de adecuación de Telefónica/Telefe puede finalmente ser aprobado.

En el primero de sus 76 artículos el proyecto declara de interés público el desarrollo y la regulación de las Tecnologías de la información y la Comunicación y además garantiza la neutralidad de la red, es decir que no podrán establecerse diferencias en la velocidad ni en la calidad de las comunicaciones en función de lo que se pague. “Esta ley no es solo una buena herramienta y una buena idea sino que es una necesidad de todos los argentinos para garantizar la conectividad, las nuevas tecnologías, el acceso de todos y todas a un servicio de calidad para el futuro de todos nosotros”, remarcó Berner.

La declaración de la infraestructura como servicio público permitirá que nuevos operadores puedan entrar al mercado a competir con los operadores dominantes. La desagregación de la llamada “última milla” de la infraestructura en telecomunicaciones, la boca de acceso a los hogares, es la parte más costosa en términos de inversión. «Cualquier empresa licenciataria va a poder interconectarse a la red a precios regulados por el Estado», señaló Berner.

Es que el proyecto plantea que todas las operadoras de telecomunicaciones tienen el derecho y la obligación de abrir esta última milla para su interconexión con otros licenciatarios, lo cual beneficiaría a PyMEs permitiendo su ingreso directamente a los hogares. Además, en vez de tener múltiples conexiones físicas para un mismo usuario (telefonía, televisión, Internet) con la nueva ley todos deberían poder usar la misma infraestructura.

Otro punto a destacar de la ley es que a diferencia de la norma que regula las telecomunicaciones en México, en este proyecto se garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones excepto que medie una orden judicial. La ley Telecom en México fue denunciada por organismos de Derechos Humanos a nivel internacional ya que permite la geolocalización en tiempo real, por parte de cualquier autoridad de seguridad, sin que medie orden judicial.

Una cuestión clave que la letra del proyecto no define es quién definirá la aplicación de la norma. La autoridad de aplicación será escogida por parte del Poder Ejecutivo Nacional y son múltiples las responsabilidades que tendrá: fijación de precios, supervisión del servicio y deberá garantizar, entre otras cosas, que las operadoras dominantes no fijen precios o acuerdos diferenciales de interconexión que beneficien a algunas compañías por sobre otras. De esta forma, a diferencia de la Ley 26.522 que definió un cuerpo colegiado para su aplicación, este proyecto delega en el Poder Ejecutivo la elección de quién será la autoridad de aplicación.

Es de esperarse que el beneficio que traería aparejado este proyecto para Telefónica genere un nuevo capítulo en la novela con el Grupo Clarín y la ansiada aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y a la vez es evidente que el gobierno está haciendo una salida guiada por la protección a sus aliados históricos, del cual Telefónica es un gran exponente.

No obstante, esta ley va a significar cambios concretos en la cotidianeidad de las personas, posibilitará un mejor servicio de telecomunicaciones y podría evitar costos abusivos por parte de las empresas telefónicas, siempre y cuando la autoridad de aplicación escogida por el gobierno de turno tenga como guía la defensa de los usuarios y no el beneficio empresario.

Alejandra Soifer – @soifereta