México: la criminalización de la protesta y el caso Ayotzinapa

Por Laura Nieto Sanabria*, desde México. El pasado 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala del estado de Guerrero, se cometió uno de los crímenes de Estado más atroces de los últimos años en México: la masacre contra los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, con un saldo de 7 muertos (de los cuales 4 eran estudiantes normalistas), 25 heridos y hasta la fecha 43 estudiantes desaparecidos.

Sin olvidar los crímenes igualmente graves como la matanza de Acteal en 1997, la represión, asesinatos y violaciones de Atenco en 2006, y la matanza de los 22 jóvenes este mismo año en Tlatlaya, la masacre de Ayotzinapa lleva a recordar los actos y matanzas impunes que acontecieron el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, a cargo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo partido que regresó al poder en 2012 con Enrique Peña Nieto como presidente.

Hay que resaltar, entonces, que lo acontecido el mes pasado en Guerrero dista mucho de ser un hecho aislado y coyuntural; la matanza y desaparición de estudiantes responde a un juego sucio perpetrado por el gobierno priísta que no ha parado desde los años sesenta del pasado siglo.

Responde, pues, a una cuestión estructural y sistémica en donde la clase dirigente, con el fin de seguir siendo hegemónica, recurre a la coerción, a la criminalización y persecución de la protesta social, intentando al mismo tiempo formar consenso a partir de los medios masivos de comunicación que se encargan de desinformar a la ciudadanía exaltando la supuesta violencia de quien se opone al gobierno.

Contexto: educación, políticos y narcotráfico

Para contextualizar la situación hay que decir que las escuelas normales rurales son el resultado de un proyecto de masificación de la educación implementado en la década de 1920; dichas escuelas se formaron al calor de debates sobre la transformación social hacia la modernidad mexicana después de la Revolución y tenían como finalidad formar maestros que se convirtieran en líderes de las comunidades, poniendo énfasis en la autodisciplina, la formación de autogobiernos y la democracia.

En específico, la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fue la escuela donde se formaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, líderes de movimientos guerrilleros del siglo XX. Así pues, las normales rurales en general han sido, cada vez más, una piedra en el camino de los gobiernos autoritarios priístas, los cuales han arremetido contra dicha institución en varias ocasiones.

Desde los años 70 en México, al igual que en varios países de América Latina, la entrada de gobiernos neoliberales, en sintonía con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ha estado marcada por el recorte al presupuesto de la educación pública y la apuesta por la privatización de la misma. En 2012 se aprobó en México la Reforma Educativa que, entre otras cosas, pretende asemejar a la educación con una empresa privada, haciendo a un lado la profundización y la crítica para, simplemente, crear técnicos y mano de obra barata.

Varios movimientos de profesores y estudiantes han respondido en crítica a dichas reformas, sin embargo la respuesta del gobierno ha sido cada vez más cruenta hasta llegar a los hechos violentos del mes pasado contra los normalistas.

Cabe igualmente señalar que el gobierno de Guerrero, a cargo de Angel Aguirre Rivero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y antes activo miembro del PRI, ha sido denunciado por tener claros nexos con el narcotráfico. A su vez, el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez, quien financió la campaña de Aguirre Rivero, fue acusado, entre muchísimas otras cosas, de haber matado a miembros opositores a su mandato, así como de formar parte del cártel de Beltrán Leyva. No obstante las denuncias, la Procuraduría General de la República hizo caso omiso a las acusaciones.

Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas en México y es alrededor de ésta que se han formado varias grupos de narcotraficantes, entre ellas la banda de Guerreros Unidos, los cuales están enteramente coludidos con la policía municipal y, por ende, con el gobierno.

Después de que se acusara a Abarca de dar las órdenes de acribillar a los normalistas y de haber exhortado a Guerreros Unidos de hacer el segundo tiroteo en contra de los jóvenes, éste huyó de Iguala junto con su esposa y hasta la fecha se desconoce su paradero. Asimismo, el jueves 23 de octubre Aguirre Rivero pidió licencia para separarse de su cargo, después de que el 22 se hicieran diversas actividades en todo el mundo en repudio a los hechos de Iguala y en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa. Esto último, a pesar de que podría parecer una victoria de la ciudadanía, es un intento para desmovilizar a la población aludiendo únicamente a un gobernador de un Estado.

Si bien Aguirre Rivero es uno de los culpables de la masacre y la desaparición de los 43, el exigir justicia va mucho más allá del encarcelamiento de unos cuantos funcionarios corruptos, la justicia que exige el pueblo mexicano implica, sobre todo, un alto a la impunidad en todos los niveles de gobierno y un repudio a las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto.

México, la punta del iceberg

Así pues, los hechos ocurridos el mes pasado en Iguala son la muestra de una crisis política, económica, social y cultural, que se ha venido gestando en México desde los años 60 del siglo pasado.

Por un lado, el fin de las políticas proteccionistas y la entrada del neoliberalismo voraz tienen en la mira acabar con las instituciones de educación pública y gratuita del país, a lo que los estudiantes de distintos sectores han respondido con la lucha enérgica por décadas, entorpeciendo los planes de la clase dirigente. Por otro lado, poco a poco se hace más visible que el discurso de la democracia mexicana es falso, la sociedad civil no está representada por la sociedad política. Instituciones, como son los partidos políticos, están cooptados por las élites. No existe, pues, un solo partido político en México que represente los intereses de las masas y todos ellos funcionan como empresas que se venden al mejor postor, que hoy en día son los narcotraficantes, los dueños de los medios de producción de una de las mercancías más valiosas.

Al final, lo que acontece en México no es distinto a aquello que pasa a lo largo y ancho del mundo: la competencia feroz del imperialismo y el monopolio, la prevalencia del valor de cambio sobre el valor de uso en donde la vida no importa y ¡es más! entorpece la acumulación del capital. El asesinato y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado más, perpetrado por los dueños del capital.

En respuesta a todo ello, la ciudadanía del país ha salido a las calles a realizar diversos actos de protesta en contra del gobierno y a favor de la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Decenas de escuelas de toda la república han logrado hacer paros en repudio a lo acontecido en Ayotzinapa y la organización estudiantil crece día con día alentando la crítica contra el gobierno y contra el sistema en general. El ambiente que se vive en México es, pues, a la vez triste y esperanzador, ya que a pesar del terror que infunden los dirigentes con su violencia y su silencio, la masa social responde con indignación y organización.

* Socióloga y maestrante en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)