Dictan prisión preventiva a juez imputado por delitos de lesa humanidad

El juez salteño Ricardo Lona deberá esperar en prisión el juicio donde se lo imputa por ser cómplice del homicidio doblemente calificado de las 11 víctimas de la “Masacre de Palomitas”, ocurrida en julio de 1976.

La decisión corrió por cuenta del juez federal Fernando Poviña, quién dictó la prisión preventiva de Lona por considerarlo responsable del delito de «homicidio doblemente calificado por alevosía» y con el «concurso premeditado de dos o más personas, en grado de cómplice primario», cometido en perjuicio de las 11 víctimas de la “Masacre de Palomitas”.

Poviña, titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán y subrogante en el Juzgado Federal N° 1 de Salta, había tomado la causa a fines de 2013. Previamente la Cámara Federal de Salta había declarado prescripta la causa y, en consecuencia, sobreseyó al ex juez. Sin embargo primero la Cámara de Casación y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a mediados de este año, resolvieron anular el sobreseimiento.

A su vez, el Máximo Tribunal ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento respecto al ex magistrado salteño quién todavía no estaba imputado como cómplice del homicidio si no sólo por «encubrimiento y prevaricato».

Así fue que Poviña resolvió que Lona fue partícipe responsable de la “Masacre de Palomitas” que ocurrió el 6 de julio de 1976, en el paraje “Palomitas” ubicado a 50 kilómetros de Salta capital.

El gobierno dictatorial resolvió trasladar a un grupo de presos del penal salteño de Villa Las Rosas que supuestamente eran dirigidos a Córdoba ante un potencial motín. Sin embargo al llegar a Palomitas, en el departamento General Güemes, fueron fusilados.

Las víctimas fueron María del Carmen Alonso, Benjamín Ávila, Celia Leonard de Ávila, Evangelina Botta, Georgina Droz, Rodolfo Usinger, María Amaru Luque de Usinger, José Póvolo, Roberto Oglietti, Pablo Eliseo Outes, Alberto Sabransky y Jorge Turk Yapur.

Además el ex juez federal está acusado de no investigar la desaparición de César Carlos Martínez en marzo de 1976. Por ese entonces Martínez había renunciado a la policía de Salta ya que había sido el custodio del ex gobernador provincial Miguel Ragone, secuestrado el 11 de marzo de ese año.

Una semana después, el 18, César estaba en su casa con su esposa y sus tres hijos de 5, 4 años y 9 meses cuando fue secuestrado. Al día siguiente, sus restos fueron encontrados en la localidad de El Gallinato y su cuerpo había sido dinamitado. Lona no investigó los hechos.

La Causa Palomitas I y II

En la primera parte de la denominada «Causa Palomitas», la justicia federal salteña condenó al ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; al coronel Miguel Raúl Gentil, que era el jefe de la Policía de la provincia, y al coronel Hugo César Espeche, a reclusión perpetua.

Durante el proceso que tuvo sentencia en diciembre de 2010 se los halló penalmente responsables de los 11 homicidios ocurridos en ese paraje salteño, agravados por alevosía y en concurso premeditado por dos o más personas, en grado de autores mediatos a los dos primeros y de partícipe primario a Espeche.

En 2011, en la investigación de la causa «Palomitas II», el juez federal de Salta, Julio Bavio, condenó a cárcel perpetua y común al comisario general retirado Joaquín Guil y a reclusión perpetua al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

El magistrado los consideró “coautores mediatos de la Masacre de Palomitas”, por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso premeditado contra 11 presos políticos, a la vez que condenó a 20 años de reclusión al ex agente del Servicio Penitenciario salteño Juan Carlos Alzugaray.