23 octubre, 2014
El nuevo Código Procesal Penal en la mira
Por Francisco Soriano. La presidenta anunció un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. En un discurso, adelantó contenidos de la pretendida reforma. La implementación del sistema acusatorio y el endurecimiento de la prisión preventiva parecen ser sus principales ejes.

Por Francisco Soriano*. La presidenta Cristina Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. En un discurso de directa apelación a la clase media que urge por seguridad y entre varias apologías a la inconstitucionalidad, la presidenta adelantó contenidos de la pretendida reforma. La implementación del sistema acusatorio y el endurecimiento de la prisión preventiva parecen ser sus principales ejes.
Para empezar, cabe destacar que el Código Procesal Penal es de aplicación local, cada provincia tiene un propio, y el nacional rige únicamente en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y para aquellos delitos federales cometidos en todo el territorio nacional y que se tramitan ante los Juzgados Federales. La CABA, si bien tiene su propia administración de Justicia y código procesal penal, no le ha sido traspasada la jurisdicción sobre los principales delitos, quedando esta a cargo de los Juzgados Nacionales.
Si bien el texto no ha sido difundido aún, siguiendo los dichos de la presidenta podemos comprender algunos de sus alcances. La mandataria hizo especial énfasis, por segunda vez si recordamos su discurso al promulgar el nuevo Código Civil, en la implementación del sistema acusatorio que desplazaría al mixto vigente. Este último combina un método inquisitivo con uno acusatorio, pone la investigación en manos del juez, delegándola excepcionalmente en el fiscal. En cambio en el sistema acusatorio, el cual ya rige en varias provincias como la provincia de Buenos Aires, el que investiga es el fiscal y el juez se limita a decidir y velar por las garantías del imputado.
Otro de las novedades principales es el endurecimiento en lo que se conoce como prisión preventiva. Este instituto permite detener a una persona antes de que se la condene y de acuerdo al Código vigente, a la Constitución y a los tratados internacionales sólo es admisible cuando hay riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento del proceso.
Apartándose de estos preceptos el nuevo código plantearía amplios criterios para dejar detenida a una persona, y tal como lo dijo la presidenta, machacando el principio de inocencia, “la persona que cometa un delito estará presa desde del día uno de la investigación”. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional no se puede condenar a alguien sin juicio previo, por lo que se deduce que hasta el juicio la persona es inocente. La prisión preventiva implica condenar a prisión a un inocente, por lo que debe utilizarse con la mayor restricción.
Al referirse a este tema la presidenta hizo alusión a la tan nombrada “puerta giratoria” según la cual los delincuentes entrarían por una puerta y saldrían por la otra, haciendo referencia al caso de Gastón Aguirre quien vale la pena aclarar se encuentra detenido y fue severamente golpeado por la policía.
La puerta giratoria no es tal, como demuestran los crecientes índices de prisionización del país, con incrementos de casi el 50% en la población de las cárceles federales en los últimos cinco años, lo que equivale a un ritmo de crecimiento nueve veces mayor al de la población. La cantidad de delitos, según las limitadas estadísticas oficiales, no se han incrementado en el mismo período, se mantienen más bien estables.
El discurso político de apelar a encarcelar más gente como recurso para combatir la inseguridad no es nuevo. En la reforma Blumberg se modificaron las penas del Código Penal para varios delitos. En aquella oportunidad la prisión preventiva fue el centro de la discusión, a pesar de que se trata de un instituto del Código Procesal y no del Código Penal. Parece que a los políticos de cualquier signo partidario les da rédito político aumentar la cantidad de personas encarceladas, a pesar de que esto, como el mero transcurso del tiempo ha demostrado, no tenga absolutamente ninguna incidencia en la cantidad de delitos cometidos.
Otro de los temas mencionados por la presidenta fue el de la expulsión a los inmigrantes, recogiendo la línea que ya había planteado Sergio Berni hace algunas semanas. Lo que parece que ninguno de los dos sabe es que la ley migratoria ya prevé la expulsión de los migrantes que han cometido delitos y de hecho la Dirección Nacional de Migraciones sistemáticamente dispone tales expulsiones. Respecto del procedimiento express de expulsión, este no parece viable y contradice absolutamente toda la legislación internacional sobre Derechos Humanos. A lo sumo se le dará la posibilidad al extranjero procesado de salir del país como condición de suspensión de juicio a prueba, como si fuera una tarea comunitaria.
Por último hizo referencia a la participación de la víctima en el proceso, que actuaría más que como un mero querellante. Esto habría que verlo como fue dispuesto ya que en el código vigente el querellante opera a la par del fiscal, con sus mismas posibilidades. Una mayor participación de la víctima si puede ser positiva para buscar soluciones alternativas a los conflictos penales, mediante mediaciones u otros procedimientos que ya se implementan en la Justicia Penal de la Ciudad.
Es importante la última aclaración realizada sobre la presidenta acerca de que una reforma del Código Procesal no producirá mayores cambios en materia de seguridad. Esta pasa por la política criminal que articule la policía con la Procuración General y hacia donde dichas instituciones apunten sus cañones, si contra los grandes delincuentes y generadores de violencia como los narcotraficantes, tratantes de personas, funcionarios y empresarios corruptos, o como hasta ahora vienen haciendo contra los pequeños rateros y delincuentes de poca monta. En cambio, y esto no lo dijo, si afectará las posibilidades de defenderse de los abusos procesales de aquellos que sean llevados a la Justicia y que seguirán siendo mayormente los jóvenes de los sectores populares.
En el marco de los cambios que el kirchnerismo con Cristina a la cabeza ha buscado introducir en la administración de Justicia Nacional este no parece ser el más alegre. Se abre el debate, sin embargo, y esto es positivo ya que efectivamente una reforma es necesaria, pues el sistema inquisitivo tiene muchos problemas. Sin embargo, el clima político con la inseguridad como noticia permanente, los no tan lejanos linchamientos, Ivo Cutzarida, MigoMigo y demás insumos de la demagogia punitiva nos alarman sobre el posible resultado de este debate.
* Abogado – @franciscocasla
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