22 octubre, 2014
La Justicia decidió la quiebra de TBA
Este martes la jueza María Paula Hualde resolvió decretar la quiebra de la empresa de transportes TBA, perteneciente a los hermanos Cirigliano. Las críticas de uno de los abogados que representa a los damnificados y el desarrollo del juicio por la tragedia de Once.

La jueza María Paula Hualde, perteneciente al Juzgado Comercial N° 9, decretó la quiebra de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), perteneciente a los hermanos Cirigliano, que se encontraba en convocatoria de acreedores desde 2005 y ya había sido rescatada en dos oportunidades.
La quiebra se origina en un reclamo judicial llevado adelante por la ART Liderar, en reclamo por las primas correspondientes a los seguros del periodo julio-agosto de 2012. Sin embargo, para TBA el reclamo no es válido ya que desde mayo de 2012 las líneas que tenía bajo concesión (Sarmiento y Mitre) habían sido estatizadas por el Gobierno nacional, por lo que decidió denunciar a la aseguradora por extorsión.
La empresa de los hermanos Cirigliano buscará levantar la quiebra decida por la jueza Hualde y apelará la resolución de primera instancia.
Gregorio Dalbón, abogado encargado de la defensa de los 456 damnificados por la Tragedia de Once de febrero de 2012, sostuvo: “Confirmo la noticia luego de haber hablado con los abogados de TBA. Es muy sospechoso que haya sido declarada en este momento. Investigaremos si esta quiebra no es fraudulenta”.
Para Dalbón las sospechas se generan a partir de las indemnizaciones que deberían cobrar las víctimas, cuyo monto total asciende a 1300 millones de pesos. Sin embargo el cobro de este resarcimiento quedará ahora en manos del Estado nacional, considerado solidariamente responsable.
“La quiebra trae como consecuencia la no posibilidad de cobro a uno de los responsables, que es el concesionario y que tiene que indemnizar a las víctimas”, consideró Dalbón y agregó: “Recién en 2025 van a poder cobrar algo los damnificados. Esta acción, aunque se levante la quiebra, nos hace perder un año y medio de juicio, porque ahora todo tiene que pasar por un juzgado comercial”.
Para el abogado también resulta sospechoso que la quiebra se decidiera en pleno transcurso del juicio oral por la tragedia de Once.
Dalbón representa sin embargo solo a un grupo de familiares y damnificados. Otros han elegido llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa, a cambio de renunciar a ser querellantes en el juicio.
Al conocerse la noticia, María Luján Rey aseguró que la quiebra “no afecta directamente a los familiares porque TBA tenía un contrato de concesión, un seguro que cubría indemnizaciones y el resto era por cuenta del Estado”.
La madre de Lucas Menghini Rey, sostuvo que lo importante es el desarrollo del juicio penal, que permita determinar las responsabilidades tanto del Estado como de la empresa y del motorman en el siniestro. “Nosotros queremos el castigo penal, queremos la justicia que nos va a otorgar el juicio oral y público. La demanda civil vendrá en otro momento”, finalizó María Luján Rey.
De los negocios durante el menemismo a la Tragedia de Once
La familia Cirigliano dio sus primeros pasos en el ámbito del transporte de pasajeros a partir de la concesión de dos líneas de colectivos, la 61 y la 62. Durante aquellos años las relaciones fluidas con el entonces presidente Carlos Menem les permitieron adjudicarse la concesión de dos lienas de trenes mediante la creación de TBA. Corría el año 1994 y los Cirigliano pasaron a ser responsables del reacondicionamiento de los coches pertenecientes a las líneas Mitre y Sarmiento.
El negocio aumentó cuando, junto a estas tareas y a la administración de las líneas de ferrocarriles, TBA pasó a encargarse también de construir todo el material de transporte. Así nacieron TATSA, para la fabricación de colectivos, y Emfersa para los vagones de dos pisos.
Esta situación no se vio modificada durante las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández hasta el accidente de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2012, que terminó con la muerte de 51 personas y 700 heridos.
Tras la tragedia, la presidenta Cristina Fernández, decidió quitarle la concesión de ambas líneas a la familia Cirigliano. La resolución adoptada el 24 de mayo de 2012 determinó que esta quita se llevaba a cabo debido a los graves incumplimientos ocurridos en el manejo de los trenes Sarmiento y Mitre.
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