Presentan proyecto para legalizar la prostitución

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina junto a la legisladora porteña María Rachid presentaron un proyecto para regular los establecimientos destinados al ejercicio de la prostitución. La polémica estalló en las mesas políticas y redes sociales. El debate eterno sobre regular o abolir.

Un grupo de mujeres ejerce la prostitución en un departamento. Un día llegan la policía y la Agencia de control gubernamental y clausuran el lugar. Una de ellas, la dueña, ve como le ponen una faja roja y blanca a la puerta de su casa mientras le quitan la llave. Esa noche no sabrá dónde trabajar, ni dónde dormir. Pero durará poco: luego de algunos trámites, entrarán en la categoría “Casa de masajes” y obtendrán la rehabilitación. Eso sí: seguirán siendo invisibles.

Ése es, en líneas generales, el planteo en torno al Proyecto de ley para regular la habilitación y funcionamiento de los establecimientos radicados en la Ciudad de Buenos Aires destinados a brindar “servicios sexuales”, presentado la semana pasada por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR CTA) y la legisladora porteña María Rachid.

La iniciativa, dada a conocer el pasado 23 de septiembre en el Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, propone que los establecimientos estén organizados de manera autónoma o bajo la forma de cooperativa y que quienes ejerzan el trabajo sexual no puedan ser detenidos/as, aprehendidos/as ni demorados/as por parte de la autoridad policial. Además exime del encausamiento judicial, decomiso o retención de las pertenencias.

Por otra parte, explicita que para ejercer el trabajo sexual se deberá contar con la mayoría de edad y será necesario asistir a un curso gratuito brindado por la Autoridad de Aplicación, en donde se asegurarán nociones básicas de derechos humanos, derecho constitucional y derecho penal, contravencional y de faltas. También se incluirá prevención de adicciones e infecciones de transmisión sexual.

En los fundamentos de la ley se destaca que “la norma representará no sólo una excelente oportunidad para acabar con la criminalización del trabajo sexual, sino también para legalizar la actividad, encuadrándola en un comercio más y así terminar con los allanamientos compulsivos que, con la excusa de combatir la trata de personas, terminan confundiendo un delito con una actividad lícita”.

El proyecto se presentó y la polémica no se hizo esperar. Alex Freyre, presidente del Archivo de la memoria de diversidad sexual y director ejecutivo de Buenos Aires Sida Red Argentina de personas positivas, disparó en la red social twitter: “Qué vergüenza! Me imagino que la legisladora (Rachid) no se ofenderá si le ofrecen petes pagos, total es trabajo, dice”. Las respuestas se multiplicaron en un extenso debate.

“Nuestro compromiso es acompañar a las compañeras de AMMAR y todas las trabajadoras sexuales que hoy ven peligrar sus fuentes laborales debido a la persecución institucional por la falta de un marco legal que las proteja de éste y otros tipos de abuso”, dijo la legisladora en conferencia de prensa. Y agregó: “El único camino para resguardar los derechos de las mujeres y luchas contra la explotación y la trata no es a través del sistema punitivo y la criminalización de la actividad, sino mediante el reconocimiento de su tarea, evitando la clandestinidad y garantizando derechos y seguridad”.

Georgina Orellano, presidenta de AMMAR, hizo hincapié en la necesidad de diferenciar trata, proxenetismo y trabajo sexual: mientras que en la trata hay esclavitud y en el proxenetismo explotación, en el trabajo sexual debe haber un derecho. “Nosotras decimos que nuestro trabajo no es indigno sino las condiciones en las cuales ejercemos. Es nuestra elección, dentro de las opciones que tenemos como cualquier persona que pertenece a la clase trabajadora”, expresó. E insistió: “Lo denigrante es seguir escondiendo y estigmatizando, y no vernos como sujetos de derechos.”

¿Sin clientes no hay trata?

La frase rimbombante se repite hace varios años y, en las discusiones entre abolicionistas y regulacionistas, los cuestionamientos se vuelven cada vez más impiadosos. ¿Acaso esta consigna deja por fuera el papel que las fuerzas de seguridad y los poderes políticos y empresariales juegan en el tablero de la connivencia?

En el Congreso hay en la actualidad dos proyectos de ley presentados para penalizar a los clientes de prostitución. ¿Podría ser ese un final, resultando innegable la acción coercitiva que significaría su aplicación frente a quienes exigen el derecho de ejercer lo que consideran su libre elección? Y si se legalizara: ¿Estaremos acaso preparados para regular un mercado atravesado por los intereses económicos y culturales más virulentos del mundo? Los prostíbulos están prohibidos por la ley 12.331, que data de 1937, y aún así funcionan, con la complicidad y apañamiento de todas las instituciones. ¿Podrán ser estas mismas las que controlen para terminar con el delito de la trata?

“Lo que beneficia a los proxenetas y a las redes de trata son la ilegalidad y la clandestinidad. Lo que proponemos es garantizar una mayor presencia del Estado y a la vez obligarlo a cumplir con las normas elementales de protección hacia las trabajadoras sexuales”, explica Rachid.

Del otro lado, las corrientes abolicionistas insisten en que legalizarla no protege a las mujeres. Janice Raymond, profesora de la universidad estadounidense de Massachusetts e integrante de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres (Catw), dice: “Legalizar la prostitución es un regalo para los proxenetas, porque promueve el tráfico sexual, expande la industria y propicia la explotación de niños, aumentando la demanda de los hombres que siguen siendo incentivados a comprar sexo en un entorno favorable”.

«El argumento de que el trabajo sexual no es elegido por nadie y que es siempre una explotación parece ignorar por completo la esencia de un sistema capitalista que genera explotación laboral y la realidad de muchos trabajos en nuestras sociedades. Contra esto generalmente proponemos más garantías y derechos para esos/as trabajadores/as y no la persecución y criminalización que siempre tiene como trasfondo la imposición de una moral determinada y una mirada sobre la sexualidad y los cuerpos que no todos tenemos la obligación de compartir. En definitiva, nadie tiene el derecho de decirnos a las mujeres qué podemos hacer o no con nuestros cuerpos y esto incluye la posibilidad de ofrecer servicios sexuales cuando así lo decidimos”, argumentó Rachid.

A nivel nacional, el 3 de julio del 2013, el proyecto fue presentado en el Senado de la Nación, por el senador del partido «Espacio Democrático para la Victoria» de Tierra del Fuego, Osvaldo Lopez, y aún no fue tratado.

Carolina Rosales Zeiger – @caroerrezeta