Otra masacre estudiantil en México

Por Micaela Ryan. A diez días de la masacre de Guerrero aún permanecen desaparecidos 43 estudiantes. Aunque no se ha demostrado que los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas pertenezcan a estos, se confirmó la culpabilidad de funcionarios estatales y el cartel paramilitar “Guerreros Unidos”.

La Masacre

El pasado 26 de septiembre 80 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa se dirigían de Iguala a Chilpacingo, en el Estado Guerrero, México. Al salir de la estación terminal, las patrullas de policía municipal iniciaron una persecución a los tres autobuses donde viajaban. Tras interceptarlos, los policías -que se encontraban acompañados de sicarios- los obligaron a bajar y dispararon contra ellos indiscriminadamente durante veinte minutos, hiriendo al estudiante de primer año Aldo Gutiérrez Solano -quien murió días después-. Tras la balacera, la policía se llevó detenidos a más de veinte jóvenes, de los cuáles aún se desconoce su paradero.

Los estudiantes se mantuvieron en el lugar de los hechos a la espera de la llegada de funcionarios del Ministerio Público. Pero en horas de la medianoche llegaron varios hombres no identificados con armas largas que volvieron a dispararles. Cayeron sin vida dos estudiantes, mientras que otros cinco fueron heridos de bala junto con dos profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).

Los estudiantes y familiares se dirigieron a la Fiscalía de la zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado Guerrero para demandar por la integridad física de sus compañeros, pero allí se les notificó que “no había ningún detenido en el lugar”.

La misma noche del 26, en las adyacencias de Iguala, paramilitares dispararon ráfagas de balas contra un autobús donde viajaban los jugadores del equipo Avispones de Chilpacingo. Acribillaron a tres jugadores e hirieron al conductor del vehículo. Una mujer que se encontraba en un taxi perdió la vida tras los impactos. En la tarde del 27 de septiembre fue encontrado el cuerpo del desaparecido estudiante Julio César Fuentes Mondragón con huellas visibles de tortura, sin ojos y desollado.

La masacre de Guerrero perpetrada en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre dejó siete personas asesinadas y 21 heridos. Actualmente se investiga el paradero de 43 estudiantes desaparecidos que fueron vistos esa noche por última vez, entre los que fueron detenidos y aquellos que se dispersaron durante la represión.

Los Normalistas

Chilpacingo, ciudad donde hace exactamente 201 años se firmaba la independencia de México, ha sido escenario en los últimos diez días de multitudinarias marchas y protestas, tomas de radioemisoras y cortes de la Autopista del Sol -que conecta a México D.F. con Acapulco- en reclamo de la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es la frase que, una vez más, unifica tristemente al pueblo mexicano. Los familiares de las víctimas han convocado a una masiva movilización nacional para el miércoles 8 de octubre.

La Escuela Normal de Ayotzinapa es una escuela rural que funciona desde 1936. Los estudiantes normalistas son hijos de campesinos y ciudades pobres de México que se forman para ser maestros. Con una larga historia de organización estudiantil, en esta escuela se formaron reconocidos luchadores populares mexicanos como Lucio Cabañas y el maestro Genaro Vázquez. El abandono estatal motivó también a la movilización estudiantil del 12 de diciembre de 2011, cuando los estudiantes cortaron la Autopista del Sol y la policía reprimió la protesta, asesinando a dos jóvenes.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes normalistas se dirigían a Chilpacingo junto con sus maestros tras haber realizado una colecta para recaudar fondos y acciones para denunciar las reformas educativas. Los recursos serían utilizados para mejorar sus condiciones de estudio como así también apoyar el viaje a México D.F. para el 2 de octubre, fecha en que los estudiantes conmemorarían el 46 aniversario de la Masacre de Tlatelolco.

Crimen de Estado y la mano del paramilitarismo

La investigación por la desaparición de los estudiantes tomó un giro macabro el pasado sábado 4 de octubre, cuando el Fiscal General del Estado Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, ordenó la exhumación de 28 cuerpos calcinados y descuartizados, encontrados en seis fosas clandestinas en el sur de Iguala.

Blanco aclaró que aún no está comprobado que esos cadáveres sean de los estudiantes desaparecidos. Afirmó que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas y que un sujeto del cartel “Guerreros Unidos” conocido como El Chuky dispuso el secuestro y asesinato de los jóvenes.

A la fecha, se han detenido a 26 probables responsables de los cuales 22 son policías que dispararon sus armas contra los estudiantes y futbolistas, y cuatro personas ligadas a Guerreros Unidos. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, negó su responsabilidad y dijo “no tener inconveniente para renunciar”, si eso ayuda al caso. Mientras que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se encuentra prófugo, fue apartado de su cargo por un mes y expulsado de su partido.

Las evidencias y testimonios afirman que 17 jóvenes fueron trasladados a la comandancia de la policía de Iguala y luego fueron ubicados en patrullas. Algunos detenidos aseguran que los estudiantes fueron trasladados al paraje de Cerro Viejo, donde se hallaron las fosas clandestinas. Los 28 cadáveres fueron encontrados calcinados y descuartizados, motivo por el cual la identificación de las victimas tardará no menos de dos semanas. En la identificación de cuerpos participan nueve especialistas argentinos del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF) a petición de estudiantes de Ayotzinapa.

La investigación involucra además a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Estado, el Ejército y la Armada, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ese organismo subrayó que investigará el asunto por violaciones graves a los derechos humanos consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y atentados en contra de la integridad de las personas, entre otros cargos.

Enrique Peña Nieto, presidente de México, se pronunció tardíamente en rueda de prensa en la tarde del 6 de octubre, donde afirmó que se tomarán las acciones para encontrar a los responsables. “En el Estado de derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, dijo.

Según cifras oficiales, en México se contabilizan 80 mil personas asesinadas y 22 mil desaparecidas desde 2006. El narcoparamilitarismo y la asociación con funcionarios estatales en el ejercicio de la violencia, hacen de México en la actualidad, un país cuyas garantías democráticas han sido reducidas al mínimo.

@LaMicaRyan