Desacatao: la decisión judicial de Griesa y un nuevo vencimiento de deuda

El juez Thomas Griesa declaró a la Argentina en desacato. El debate sobre sus alcances y la respuesta oficial. Un nuevo vencimiento de deuda. La situación del banco Citi y la entrada de Nación Fidecomisos.

El juez Thomas Griesa declaró a la Argentina en desacato judicial por haber violado, según entendió el magistrado, su fallo judicial. Durante la reunión llevada adelante en la tarde del lunes, Griesa accedió al pedido de los abogados de los fondos buitre de declarar al país en desacato, aunque evitó por ahora cualquier sanción monetaria.

Para el magistrado neoyorquino, el país “dio pasos ilegales violatorios de su fallo”, entre los que se cuentan las declaraciones de funcionarios argentinos, incluida la propia presidenta, Cristina Fernández, las solicitadas y en especial el proyecto de Ley de Pago Soberano, aprobado semanas atrás en el Congreso de la Nación, que contempla la remoción del Bank of New York (BONY) como agente fiduciario y su reemplazo por Nación Fidecomisos.

Junto con el pedido de declaración de desacato, los abogados que representan a los fondos buitre habían solicitado la imposición a la Argentina, de una multa diaria que se contabilizara desde el día 30 de junio, cuando quedó firme la sentencia de Griesa. Los pedidos de los abogados Edward Friedman (Aurelius) y Ted Olson (NML Elliott), dados a conocer, iban desde 50 mil dólares diarios, lo que representaría el 1% del valor de la sentencia, hasta cifras que contemplaran el 10% del valor de la misma, equivalente a 160 millones dólares anuales. Sin embargo, el juez del Distrito Sur de Nueva York evitó avanzar sobre esta cuestión.

Durante la audiencia, el abogado que representa al fondo NML Elliot, sostuvo: “Hemos sido más que pacientes con la Argentina y es tiempo para la corte de efectuar su poder de autoridad para tomar acciones que le diga a la Argentina que realmente necesita cambiar su comportamiento”.

Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) y que actúa como representante de la Argentina, sostuvo que con esta decisión lo que se busca es castigar al país, y que el pedido de desacato realizado por los fondos buitre es “jurídicamente inadmisible, inaplicable”, así como “legalmente inapropiado”.

Tras conocerse la noticia, la respuesta oficial corrió por parte del canciller, Héctor Timerman. El comunicado dado a conocer indica que la decisión de Griesa es violatoria del derecho internacional, aunque el desacato tendrá efectos nulos “salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”.

Desde el Palacio San Martin se apuntó contra Estados Unidos como “el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial”. La cartera dirigida por Héctor Timerman finalizó el comunicado haciendo un llamamiento al gobierno norteamericano para que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una vía de resolución que desde el Ejecutivo nacional buscaron explorar meses atrás.

Otra de las voces que se alzó para criticar la resolución adoptada por Thomas Griesa fue la de Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien afirmó: “Esta sentencia viola la inmunidad soberana de los Estados, toda la actuación de Griesa viola el derecho internacional que tiene la Argentina de dictar leyes que protejan el crédito público de la Nación que ha sido dictado por su orden público”.

Vanoli indicó que “esta sentencia viola la inmunidad soberana de los Estados, toda la actuación de Griesa viola el derecho internacional que tiene la Argentina de dictar leyes que protejan el crédito público de la Nación que ha sido dictado por su orden público”.

El desacato suma un nuevo capítulo a la saga de los fondos buitre, cuya historia parece estar lejos de concluir, sin embargo más allá de las declaraciones altisonantes, su aplicación efectiva parece estar lejos de concretarse.

La figura de desacato, que contempla sanciones monetarias y hasta penas de cárcel, es utilizada en relación a personas físicas o jurídicas, pero su cumplimiento sobre Estados soberanos es materia de debate.

La última palabra la tiene en estos casos el gobierno de Barack Obama, y en particular el Departamento de Estado, encargado de aplicar las sanciones correspondientes a la sentencia judicial.

Hasta la actualidad el único antecedente es el del Congo, donde un fallo a favor del fondo FG Hemisphere, impuso una sanción económica al país africano, quien sin embargo sorteó la aplicación de la misma por intermedio de una intervención del gobierno de Estados Unidos, mediante la presentación de un amicus curiae. La inmunidad de los Estados soberanos y el daño en las relaciones diplomáticas que se pudieran ocasionar, primó en aquella ocasión antes que el efectivo cumplimiento de una resolución judicial.

Más allá del desacato y de los caminos diplomáticos que le sigan, Argentina realizará durante este martes el depósito en Nación Fidecomisos de un nuevo vencimiento de deuda, correspondiente en este caso al bono Par, por una suma de 191 millones de dólares.

De esta cifra solo 21 millones apenas se encuentran bajo legislación local y son plausibles de ser cobrados por sus acreedores, quienes recibirán el dinero por medio del banco Citi, autorizado el viernes pasado por Griesa.

Los restantes 170 millones de dólares, de los cuales 70 millones se encuentran bajo legislación de Nueva York y los 100 millones restantes bajo legislación europea, correrán una suerte similar a los 539 millones de dólares del bono Discount, vencido en junio pasado. Al igual que en aquella ocasión Argentina dispone de 30 días gracia para efectivizar el pago, una vez concretado el vencimiento.

Ya removido el BONY como agente de pago, será Nación Fidecomisos donde el dinero se depositará, en dos cuentas preparadas para tal efecto. Sin embargo, una vez realizado el depósito, los bancos y cajas de valores se verán imposibilitados de girar el dinero a los bonistas, por temor a represalias judiciales de parte de Griesa, quien puede considerarlos cómplices de la Argentina.

La otra vía, mediante el Banco de Francia, también incluido en la Ley de Pago Soberano, podría oficiar de alternativa, pero sería preciso encontrar una entidad financiera europea que gire luego el dinero a los acreedores internacionales.

Los 170 millones de dólares del bono Par, exceptuando los que el Citi pagará, se sumarán a los 539 millones del bono Discount, que continúan en un limbo jurídico tras la decisión judicial de Griesa. Argentina dirá que ya pagó y honró sus vencimientos de deuda, las principales entidades financieras y calificadoras de riesgo esperarán 30 días más para decidir si se amplían los alcances del Griefault.

Leandro Navarro – @navarro_lean