Cae la ley antiaborto en España y con ella el ministro que la impulsó

El Partido Popular, actual gobernante en España, impulsaba un intento de reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo dando marcha atrás con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo la oposición al cambio de legislación obligaron a dar marcha atrás y provocó la renuncia del ministro de Justicia.

Este martes el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, retiró el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada elaborado por el Ministerio de Justicia.

Rajoy alegó falta de consenso para impulsar la nueva legislación ya que excepto el Partido Popular (PP) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), el resto de las organizaciones con representación parlamentaria rechazaban la reforma. Sin embargo, según el diario El País de España, la decisión se basa en el rechazo que generó la propuesta en la mayoría de la población e incluso dentro del PP.

De cara a un año electoral donde habrá elecciones municipales, autonómicas y generales, el partido gobernante busca acercarse al electorado de centro ya que carece de opositores por derecha.

Sin embargo esta maniobra no se dio sin contratiempos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció su renuncia apenas cuatro horas después de que el presidente diera de baja el proyecto de ley. Es que el funcionario había sido el principal responsable de la redacción del proyecto y la cara visible del gobierno para llevarlo adelante.

¿En qué consistía la nueva ley?

El texto del proyecto eliminaba el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo durante las primeras 14 semanas de gestación. Desde 2010 se podían realizar interrupciones voluntarias del embarazo en ese lapso de tiempo sin tener que demostrar justificación alguna.

De esta forma se volvía al modelo que rigió de 1985 hasta 2010 aunque con mayores restricciones. Esto significaba que solo se permitirá el aborto en dos supuestos: violación (hasta la semana 12 de gestación) o «grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada» (hasta la 22).

Pero para que esto fuera posible se requerían dos dictámenes médicos (antes solo se solicitaba uno) realizados por dos profesionales que no debían trabajar en la misma clínica que luego se iba a practicar el aborto.

Como si esto fuera poco el anteproyecto eliminaba el supuesto de aborto por anomalías fetales. Sólo podía llevarse a cabo alegando daño psíquico sin límite temporal y la interrupción del embarazo requeriría dos dictámenes médicos: uno sobre la salud de la mujer y otro acerca del feto.

Una pequeña reforma

Ante la caída de este proyecto, Rajoy anunció que hará una reforma a la ley actual aprobada en 2010. Será en el artículo referido a las embarazadas de 16 y 17 años. El PP incorporará la obligación de las menores de contar con el permiso de sus padres para realizar la interrupción del embarazo. Con la ley actual solo tienen que informar a los padres (y no en todos los casos), pero no pedirles autorización.