El fin del mandato acentúa la crisis económica

Por Emiliano López*. En el último período se han profundizado las tensiones de nuestra economía, que tiene deficiencias estructurales, a lo que se suma la presión de los sectores dominantes para que el futuro Jefe de Estado abandone la limitada redistribución de la riqueza y la insuficiente inversión social realizada tras la crisis de salida de la convertibilidad.

Nuestro país sufre un proceso de crisis que está atravesado por aspectos económicos y políticos que actúan conjuntamente. Desde el punto de vista económico, se han profundizado tensiones que se arrastran desde el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández, inaugurado hacia finales del 2007. Entre ellos, se destaca una industria poco competitiva internacionalmente y una escasa sustitución de importaciones, dependencia acentuada de las producciones agroalimenticias concentradas para sostener el crecimiento por la vía exportadora, una elevada concentración de la producción y la comercialización de los bienes de consumo popular y de los insumos industriales.

Estos aspectos económicos estructurales son el trasfondo al cual se suman aspectos políticos que la oposición conservadora y los medios de comunicación tienden a magnificar. La sucesión presidencial de 2015 otorga a las clases dominantes la posibilidad de poner en discusión los aspectos más progresivos del modelo económico instaurado en 2002. Más allá de la limitada redistribución y de la insuficiente la inversión social, para los sectores dominantes estos aspectos que han mejorado desde la crisis del neoliberalismo, son los que deben abandonarse. Así, proponen una estrategia de crecimiento similar a la actual, pero con menor intervención del Estado en la economía, en particular, en relación al gasto social.

Ante este panorama político-económico, el gobierno comenzó en las elecciones de 2013 un camino para convencer a las clases dominantes que el recambio presidencial debía darse por dentro del Frente para la Victoria. Esto fue más claro desde enero de este año: devaluación del peso, nuevo endeudamiento con el Club de París, pago de los juicios del CIADI, aumento de la tasa de interés, recortes de gasto público en subsidios al transporte y los servicios públicos, fueron algunos de los ejemplos más concretos de la nueva política económica.

Los cambios que derivaron en la actual situación

La complicada coyuntura económica actual, que se viene agravando desde el 2012, estuvo signada por, al menos, cinco cambios relevantes en relación con los años previos.

En primer lugar, la reducción tendencial del balanza comercial (exportaciones menos importaciones) comenzó a acelerarse. El déficit comercial del sector industrial (principalmente, por las importaciones de bienes industriales) se elevó sustancialmente, mientras que las exportaciones de bienes agro-industriales y primarios (los principales rubros de exportación del país) comenzaron a verse más limitadas por dos cuestiones: caída de la demanda mundial y caída en los precios.

En segundo lugar, la baja estrepitosa de la producción de petróleo y de gas de la cual depende la mayor parte de la producción de energía en nuestro país, implicó un incremento sin precedente de las importaciones de petróleo, combustibles y energía. Esto acentúo fuertemente la tendencia a la baja de la balanza comercial desde 2008 en adelante, pero sobre todo después de 2011.

Luego, en 2012, se produjeron varios procesos de fuga de capitales, es decir, salida de dólares de empresas que operan en el país. La explicación de esto puede responder a múltiples causas, pero una de las más evidentes es la remisión de utilidades desde las filiales de empresas transnacionales que operan en Argentina hacia sus casas matrices, ante la crisis significativa de los países centrales donde dichas casas matrices se encuentran.

El cuarto cambio tiene que ver con la escasa competitividad industrial estructural de la economía argentina y la caída de los precios y cantidades de exportación primaria, que llevaron a la mayor parte de los actores de peso de la economía local a realizar operaciones financieras (y políticas) tendientes a devaluar el peso para ganar competitividad. Esto llevó a una pérdida de reservas internacionales del Banco Central muy importante, pues para mantener el tipo de cambio relativamente estable interviene respondiendo a la creciente demanda de dólares. Esto, sumado a la restricción para la compra de dólares minorista, favoreció la especulación y, si bien el mercado paralelo (dólar blue) es pequeño en cantidad de operaciones, es un precio de referencia para muchos bienes y servicios (el ejemplo más claro es la tierra urbana, los materiales de construcción o las viviendas).

Por último, nuevamente los pagos de intereses de deuda externa resultaron en un problema adicional para esta situación de balanza de pagos compleja que limita el crecimiento, dada la extrema dependencia a la que sigue sujeta nuestra economía. Desde el año 2008 a esta parte volvieron a pagarse los intereses de deuda lo cual requirió de al menos 7 mil millones de dólares en promedio por año que el Estado argentino debe recaudar en divisas (dólares) para pagar estos intereses y, como mecanismo perverso de saqueo, perpetuar la deuda mediante la refinanciación del capital adeudado. Este mecanismo de expoliación constante opera en mayor medida en los últimos años porque el monto de dinero que se requiere es mayor y las fuentes de las cuales obtener dólares son más limitadas.

La derecha política sólo busca garantías para los empresarios

En este contexto, la etapa que nuestro país atraviesa nos enfrenta a dos problemas diferentes: uno es el crecimiento y el otro la distribución. En el primer aspecto, las dificultades para un crecimiento estable que satisfaga las ansias de ganancias del bloque en el poder (comandado por los sectores del agro-negocio y las grandes firmas transnacionales de la industria) no parecen resolverse por la política doméstica. La inserción dependiente de nuestra economía en el mundo capitalista que no se ha modificado en estos años, no parece tener salida “por derecha” con una propuesta que intenta parecerse a México (que destruyó su industria nacional a partir de tratados de libre comercio con Estados Unidos) o a Chile (que sufre uno de los procesos de crecimientos más desigualadores de Nuestramérica).

En tanto, la perspectiva de las diferentes expresiones conservadoras dentro y fuera del Kirchnerismo apunta a una distribución más desigual de ingresos: recorte de gasto público, gasto más focalizado y no universal, mayor mano dura en los conflictos sindicales, negociaciones fragmentadas entre sindicatos y empresas, entre otras cuestiones que permitan restablecer niveles de ganancia elevados para los sectores productivos y una tasa de interés alta que permita una gran rentabilidad para el sector financiero. Ante estas cuestiones, es posible que la inflación descienda por un retroceso de la conflictividad social impulsada por las clases populares, por las demandas de salarios, etc. En los años 90 vivimos claramente esta situación: una inflación muy baja, basada en un programa económico excluyente y un orden conservador en lo político. La baja inflación se pagaba con 20 por ciento de desempleo y 50 por ciento de pobres.

En definitiva, si la inflación es un fenómeno distributivo y, por tanto, parte de la lucha de clases, hay que discutir de qué lado nos encontramos. La mediación del kirchnerismo actual tiende a sostener las ganancias empresarias y permitir unos ciertos aumentos de salarios e ingresos populares. Esto no socava el poder económico y político de los empresarios, por lo cual siguen aumentando los precios a gusto y piacere. La opción conservadora, que expresan Massa, Scioli o Macri propone, sin decirlo, “volvamos a los felices noventa”: garanticemos las ganancias y la estabilidad al costo necesario.

*Integrante del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata / investigador del CONICET / Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social