Diputados aprobó la reforma de la Ley de Abastecimiento

Con votos y quórum propio el kirchnerismo aprobó el proyecto de regulación de las relaciones de producción y consumo, más conocido como Ley de Abastecimiento. Las modificaciones al proyecto original, la discusión en el recinto y las críticas empresariales.

En una sesión que se extendió por más de catorce horas, el oficialismo impuso su número para aprobar la modificación a la Ley de Abastecimiento por 130 votos contra 105 (y 5 abstenciones). Durante la jornada que comenzó al mediodía del miércoles ocurrieron fuertes cruces entre los legisladores del oficialismo y la oposición.

La sesión comenzó tras contar el kirchnerismo con quórum propio, al cual colaboraron los diputados de Adolfo Rodríguez Saa y José Manuel de la Sota, el sindicalista Omar Plaini y Alberto Roberti del Frente Renovador.

Entre las primeras voces que se alzaron para defender los proyectos de regulación de las relaciones de consumo y producción, estuvo la de Diana Conti, quien sostuvo que “estas tres leyes contribuyen a cumplir nuestra obligación como Estado y permitir que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a usuarios y consumidores”. En otro tramo de su intervención apuntó contra las cerealeras y establecimientos agropecuarios que “acopian materias primas que son necesarias para satisfacer necesidades básicas y lo hacen con afán de lucro desmedido”.

Una vez abierta la sesión se discutieron los dictámenes de minoría, tarea que finalizó cerca de las 19 horas, y dio inicio al debate del cuerpo de la ley.

Los legisladores de la oposición se mostraron, con diferentes argumentos, contrarios a la aprobación de los proyectos que el kirchnerismo pretende llevar adelante. Pablo Tonelli, del PRO, argumentó que desde su espacio político no coinciden “ni con el método ni con la orientación y menos con el propósito de la ley”, y agregó: “lo que el Gobierno debería hacer es afrontar de verdad y con la dedicación que merecen los verdaderos problemas del país”.

Desde el Frente Renovador la principal intervención fue la del dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ignacio de Mendiguren, quien apuntó que el Estado “tiene que estar presente pero esa presencia tiene que ser justa, clara y transparente”.

El radical Jorge D’Agostino, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que la UCR se opone al paquete de medidas conocido como Ley de Abastecimiento ya que no están “a favor de darle facultades discrecionales al Ejecutivo para que defina por motu propio cuándo una empresa altera los precios”.

Martin Lousteau de UNEN afirmó: “No hace falta votar esta ley porque hoy están las potestades que está reclamando el gobierno nacional en estos proyectos”.

Lo que está en debate

La denominada Ley de Abastecimiento es en realidad un conjunto de leyes y regulaciones que el kirchnerismo busca modificar, ellas son: la Ley de Lealtad comercial (22.802), Ley de Defensa de la Competencia (25.156), Ley de Abastecimiento (20.680), y Ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Sancionada en 1974 por el gobierno de Juan Domingo Perón, la Ley de Abastecimiento fue aplicada en contadas ocasiones por los sucesivos gobiernos democráticos, con ella el kirchnerismo pretende intervenir en toda la cadena de valor, y por lo tanto en la formación de precios.

Entre sus principales puntos se destaca la posibilidad por parte del Estado de fijar precios máximos, márgenes de utilidad y volumen de producción, o la posibilidad de incautar y vender bienes sin pasar antes por un juicio de expropiación. También se pretende la creación de un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios bajo la órbita de la Secretaria de Comercio Interior, que cuente con la participación de cámaras de consumidores y usuarios, con el fin de relevar y sistematizar los precios de bienes e insumos.

La llegada del proyecto de ley al parlamento provocó que algunos de sus artículos sean modificados o eliminados, entre ellos por ejemplo las penas de prisión y la exclusión de las pequeñas y medianas empresas del alcance de la ley, en tanto las mismas “no detenten una posición dominante en el mercado”.

Reacción empresarial

Las principales cámaras empresarias no tardaron en fustigar contra la nueva ley a la que tildaron de inconstitucional. El rechazo fue expresado por la UIA, la Sociedad Rural, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Desde la Sociedad Rural, su presidente Luis Etchevehere, sostuvo que si se sanciona la ley “es muy probable que puedan entrar a los campos y decomisar los granos que se están acopiando por una cuestión de inflación”.

Para la UIA la ley de regulación de las relacione de producción y consumo “potencia la intervención discrecional del Estado en la economía y en las empresas, confiando márgenes de utilidad, niveles de stock, precios, volúmenes de producción y canales de distribución, entre otros mecanismos de intervención”.