América Latina

11 septiembre, 2014

Los nostálgicos de Pinochet pagan solicitadas

Mientras en el mundo se multiplican el recuerdo a Salvador Allende y las condenas al alzamiento militar de Pinochet de 1973, diversas organizaciones de militares chilenos efectivos y retirados publicaron solicitadas reivindicando el golpe.

Mientras en el mundo se multiplican el recuerdo a Salvador Allende y las condenas al alzamiento militar de Pinochet de 1973, diversas organizaciones de militares chilenos efectivos y retirados publicaron solicitadas reivindicando el golpe.

En un contexto políticamente muy caldeado por los atentados explosivos que sacuden desde hace semanas a la capital trasandina, Chile recuerda el 41 aniversario del golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular. Mientras desde el gobierno se homenajea al ex presidente Salvador Allende, los nostálgicos de la dictadura militar han publicado diversas solicitadas en los diarios reivindicando aquellos tiempos de “orden y seguridad”.

El periódico La Tercera publicó este jueves una solicitada firmada por una veintena de organizaciones representantes de las diversas fuerzas militares chilenas bajo el título de “Saludo a todo Chile”. La “inserción”, como la llaman en Chile, comienza planteando “Saludamos a los chilenos en el día que señala la fecha fundacional del Chile del siglo XXI” y continúa señalando que “La tarea de reconstrucción efectuada por toda la Nación y las FFAA y de Orden a partir del 11 de septiembre de 1973 sigue siendo reconocida por los chilenos amantes del orden y la seguridad”.

La solicitada luego denuncia que “mientras delincuentes, subversivos, terroristas y asesinos de militares y policías han sido indultados, amnistiados y protegidos; quienes combatieron y crearon las condiciones que nos dieron la seguridad y orden imperantes que permitieron el progreso de la Nación, en la actualidad han sido condenados sin el debido proceso y faltando a principios jurídicos universales”. El inserto finalmente concluye: “Jamás abandonaremos a los que expusieron su vida por la grandeza de Chile”.

Entre las firmas se cuentan Asociación de Oficiales de la Armada en retiro, Asociación Nacional del personal de las FFAA y Carabineros de Chile, Círculo de Coroneles de Aviación, Corporación Mutual de Viudas, Mártires y Familiares de las FFAA, Cuerpo de Generales y Almirantes, Cuerpo de Generales de Carabineros en retiro y Cámara de Capitanes de Navío, entre varias otras instituciones.

Algunos representantes de estas entidades incluso salieron a ampliar lo planteado en la solicitada. Iván González, presidente del Cuerpo de Generales en Retiro, sostuvo: “Yo no estoy diciendo injustamente condenados, yo no estoy hablando de la resolución de los jueces, pero nosotros creemos que las disposiciones que se apliquen a nosotros sean las mismas que se aplicaron para el resto, que se respeten normas jurídicas, la prescripción, la cosa juzgada, que los delitos que se castiguen sean los que están vigentes en la normativa legal”.

Las reacciones por parte de personalidades y organismos de defensa de los Derechos Humanos no se hicieron esperar. Según consigna una nota de Cambio 21, el abogado de derechos humanos Héctor Salazar sostuvo “Creo que en primer lugar, todos los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido juzgados han tenido derecho a un debido proceso en su derecho de defensa en todas las instancias y, que yo sepa, ninguno fue secuestrado, mantenido en recintos secretos o torturados. Creo que el tratar de juntar esa situación con la incapacidad de los órganos del Estado encargados de la seguridad pública y pesquisar a los autores de las bombas, no puede ser homologable a nada de lo anterior y sólo cabe ante esos hechos un repudio absoluto de los que puedan ser sus autores, independientemente de la raíz ideológica que representen”.

La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, por su parte planteó que “es grave porque aquí hay una reivindicación del terrorismo de Estado y ese es uno de los temas que hemos solicitado a las autoridades (que quede prohibido por ley cualquier reivindicación o apología a este tipo de terrorismo), consideramos que detrás de este grupo hay una ideología y una conducta que es peligrosa para la sociedad chilena y para la democracia. La Tercera, que jamás debió publicar este inserto, pero está claro que la empresa tiene compromisos ideológicos con la dictadura, además de que la suma debió ser suculenta, para ellos el mercado es más importante que el Estado de derecho y la defensa de la democracia y el repudio al régimen más nefasto en la historia de Chile”.

García también alertó acerca de la intencionalidad política actual de los firmantes: “Me parece que se trata de un grupo al que hay que ponerle atención, que lo que están haciendo no es sólo reclamar por los militares condenados por crímenes contra los derechos humanos, sino que lo que están haciendo, fundamentalmente, es decir `aquí estamos y así como ayer estuvimos dispuestos a dar un golpe de Estado, hoy también lo estamos´ y eso a mí me parece que ahí sí que nos encontramos frente a una situación de terrorismo”.

Aunque fue la más grosera, la solicitada publicada por La Tercera, no fue la única. Más de cien políticos, profesionales y empresarios chilenos financiaron la publicación de una página completa en el periódico El Mercurio, uno de los de mayor tirada de Santiago, bajo el título “1973: Allende gobierna fuera de la constitución y las leyes y la Cámara de Diputados llama a una intervención militar”. En ella plantean que “Frente a los dichos de la Presidenta en Sudáfrica afirmando que tiene los mismos objetivos que el régimen de Allende, es bueno recordar cómo evaluaba la Cámara de Diputados a dicho gobierno en 1973”.

Luego reproducen íntegro un pronunciamiento del 23 de agosto de 1973 dirigido a Allende, en el que la Cámara de Diputados denuncia que “El Gobierno se ha empeñado en conquistar el poder total para someter a las personas al más estricto control económico y político del Estado”, que se “ha hecho un sistema de conducta” de las violaciones a la Constitución, que se “ha atentado gravemente contra el principio de libertad de expresión, clausurando ilegalmente diarios y radios y encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de la oposición”, que “ha permitido que grupos armados se apoderen de calles y camiones para amedrentar a la población”, que ha “incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos” y que incluso “ha tolerado que las víctimas sean sometidas a flagelos y torturas”, etc.

La polarización que atraviesa a Chile en cada 11 de septiembre no se expresa únicamente en las calles, sino también en los medios de comunicación y en los discursos arcaicos de los defensores del golpe. Incluso en la propia Cámara de Diputados chilena, cuando se propuso hacer un minuto de silencio en recuerdo del ex presidente Allende, el diputado Ignacio Urrutia, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), abandonó la sala al grito de “Cobardes”. El mismo diputado ya había protagonizado un incidente similar el 11 de septiembre pasado cuando se negó a sumarse al homenaje argumentando “¿A los cobardes que se suicidaron ese día también le vamos a rendir homenaje? ¿Al cobarde que se suicidó ese día también?”. En 2013 la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados ya lo había amonestado por sostener “El mismo día que nos llenemos de homosexuales en las Fuerza Armadas seremos invadidos por cualquier país”.

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