Unidad y rechazo empresarial ante la Ley de Abastecimiento

La nueva normativa para la defensa del consumidor recibió duras críticas desde la Unión Industrial Argentina, la Shell y la Sociedad Rural Argentina, entre otros representantes del sector privado.

El paquete de medidas que ya recibió media sanción en el Senado, fue atacado por el establishment industrial más poderoso y concentrado en Argentina. Desde el oficialismo respondieron que los tres proyectos presentados son de la misma índole que la legislación que rige en países como Alemania, Estados Unidos o Francia.

Bajo el proyecto de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, el gobierno Nacional presentó una serie de medidas destinadas a regular los precios y así evitar subas por parte de aquellas empresas que debido a su privilegiada posición en el mercado puedan formar precios de acuerdo a su conveniencia.

Son tres proyectos que apuntan a una nueva manera de defensa del consumidor, a una nueva forma de control y monitoreo de precios, más una modificación de la Ley de Abastecimiento sancionada en 1974 bajo la última presidencia de Juan Domingo Perón.

El control sobre los precios se realizará a través de un Observatorio mixto conformado por representantes de los diferentes ministerios nacionales y tres integrantes de asociaciones de usuarios y consumidores. El organismo tendrá la facultad para actuar de oficio sobre aquellas conductas que puedan distorsionar el mercado.

Por su parte la reconfiguración de la Ley de Abastecimiento implica la aplicación de penalidades como multas, clausuras de la empresa, suspensiones en la prestación de servicios al Estado, perdida de concesiones en el caso de detectarse alteraciones arbitrarias en el precio final o en la prestación de servicios y productos.

Las críticas de ellos

Tanto el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, como el máximo representante de la Shell en el país, Juan José Aranguren y Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina fustigaron enérgicamente el proyecto.

Méndez, en declaraciones a Radio Mitre sostuvo: «El tema lo veo mal, porque (la ley) va a salir, por eso hemos planteado el tema judicial y estamos preparados. Me preocupa y me duele decirlo, me cuesta decirlo, que un Gobierno que tiene una mayoría durante diez años absoluta, que tiene una tropa de lealtad incuestionable, que levanta la mano, a veces me hace acordar a la dictadura y la famosa obediencia debida».

Al día siguiente el titular de la UIA habló con radio La Red y afirmó que la ley que se debatirá en Diputados “es un retroceso enorme” y que el denominado Grupo de los seis, que nuclea a la Bolsa de Comercio, industriales, bancos, la construcción, el comercio y el campo va a “resistirla hasta el final”.

Aranguren fue entrevistado también por Radio Mitre y dijo que “es una ley que atrasa, es una ley anacrónica” y que permitirá al Estado “hacer lo que se le cante”. Por su parte, el presidente de la SRA señaló por Radio América que la ley “obliga al comerciante a hacer cosas que no quiere hacer” y que “todas las economías regionales están perjudicadas”.

Los datos de la concentración económica

Las distintas leyes no niegan ni imposibilitan que el empresariado desarrolle su actividad económica. Como tampoco se debe negar la posibilidad de este sector para la formación unilateral de precios en un contexto de escasa o nula competencia y con una concentración que atraviesa a distintas etapas de la cadena de producción y de distribución.

Los números son contundentes: el 90% de la producción y comercialización está en manos privadas, con una concentración en cada rama de la actividad que no es menor al 75% salvo excepciones aisladas. A esto se le suma que el 86% de las empresas más grandes son extranjeras.

Desde la Cámara Argentina de Comercio, que nuclea a los empresarios del sector, argumentaron que no se trata de una intervención desmesurada. Sin embargo, fue sólo ese sector del poder el que no rechazó la propuesta.

¿Hay una burguesía nacional?

La tibia intervención que plantea el Estado nacional no va a resolver la cuestión de fondo, ya que no pretende alterar la posición privilegiada de cierto grupo reducido de actores. Sin embargo, es suficiente para recibir las más severas acusaciones, como si se tratara de un plan quinquenal de la Rusia Soviética.

En ese sentido, y más allá de algún gesto aislado de aprobación por parte de directivos nucleados en asociaciones de pequeñas y medianas empresas, el rechazo generalizado a los tres proyectos también habla de lo alejado que está el empresariado de aquella mentada burguesía comprometida con el desarrollo productivo y social de la nación.

Ese es el tipo de empresariado nacional que el peronismo históricamente postuló como ideal. En momentos de desaceleración económica ese pretendido rol se desvanece. Solamente permanece en un discurso que se empecina en negar que la función natural del empresariado es la de generar y maximizar ganancia, y no la de asumir compromisos sociales.

Santiago Lecuna