Nacionales

2 septiembre, 2014

Luego del desalojo, acampe y violencia

Sin servicios básicos, un grupo de 50 familias acampa frente a su ex barrio bajo estricto control policial. Reclaman una solución de fondo ante la crisis habitacional en Capital Federal.

Sin servicios básicos, un grupo de 50 familias acampa frente a su ex barrio bajo estricto control policial. Reclaman una solución de fondo ante la crisis habitacional en Capital Federal.

Luego del violento desalojo del sábado, muchos se ubicaron en la lindera villa 20 o en casas de familiares y amigos. Otros optaron por los polideportivos devenidos en albergues que el gobierno de la Ciudad ofreció, mientras que un grupo reducido de familias se instaló frente a su ex barrio.

Asentadas sobre la Avenida Fernández de la Cruz, con improvisadas carpas que hicieron frente a la lluvia y el frio de esta semana, unas 50 familias acampan por no tener a donde ir y por rechazar la ayuda del ejecutivo porteño al considerarla provisoria y no ofrecer una solución integral.

Sin ningún tipo de servicio de higiene o sanidad, este grupo de desalojados afirma que el subsidio ofrecido por el gobierno de la ciudad ($ 1200 por diez meses) no ataca el problema de fondo: el impedimento de encontrar vivienda digna para los sectores más vulnerables.

La otra respuesta del gobierno macrista consiste en ubicar, temporalmente, a los desalojados en paradores. Una vecina explicó a Infonews que “son una cárcel. Te obligan a levantarte a las 6 de la mañana, te hacen requisa, no te dejan hablar, te obligan a bañarte a la hora que ellos dicen y a comer a la hora que ellos dicen. Todo con mala cara. Algunos vecinos que estaban en los paradores volvieron para acá porque allá los maltrataban”.

Ante estas falencias del oficialismo porteño, vecinos junto a agrupaciones sociales y políticas (desde el Movimiento Evita hasta Barrios de Pie y el Frente de Izquierda, entre otros) se concentraron en el obelisco y marcharon hasta la jefatura del gobierno de la Ciudad con críticas al accionar policial y a Sergio Berni como a Mauricio Macri.

En tanto, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), junto al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia presentaron un habeas corpus conjunto donde denuncian violaciones a los derechos humanos de las personas que están acampando en el cerco custodiado por la Policía Metropolitana.

La Procuvin sostiene que: «La modalidad impuesta por las autoridades policiales en el lugar resulta a su vez equiparables al encierro de las personas, con regulación de circulación, requisa y restricción de alimentos, e impedimento de contactos familiares», consideraron los funcionarios.

María Eugenia Vidal, vicejefa del Gobierno de la Ciudad, a través de una entrevista a Radio Mitre, se limitó a declarar que: «fue una toma organizada por un grupo minúsculo» que «se aprovechó de la necesidad de muchísima gente vendiéndole terrenos contaminados»

Tiros a la Metropolitana

En tanto, el viernes por la noche fueron heridos cuatro oficiales de la Policía Metropolitana que custodiaban el predio desalojado. Uno de los policías heridos fue de bala y todos se encuentran fuera de peligro.

En el confuso episodio, fuentes del gobierno porteño sostienen que se trató de un intento de recuperar el predio por parte de los vecinos que fueron expulsados del mismo. Luego de unas dos horas de enfrentamiento, la Policía Metropolitana, junto a la Federal y Gendarmería lograron retomar el control en la zona.

A la deriva

Desde el macrismo argumentan que el desalojo se basó en un operativo para desmantelar una banda de narcotraficantes que actuaba en lo que era el barrio Papa Francisco, y que la orden vino de la justicia, por lo que el poder judicial debe hacerse cargo de las consecuencias del desalojo. Es decir, del devenir de sus habitantes.

Ellos se encuentran a merced de soluciones momentáneas. Ante esto, nos podemos preguntar: el subsidio que ofrece el gobierno porteño, ¿cubre el costo de un alquiler? ¿Qué va a pasar con estas personas cuando el plazo del subsidio se acabe? ¿Vivirán por tiempo indeterminado en improvisados paradores?

No hay una respuesta ante la emergencia habitacional que atraviesa Capital Federal. No existe la voluntad política de crear herramientas para que el acceso a la vivienda digna de los sectores populares deje de ser una utopía.

La única política de Estado ante las demandas de los sectores más humildes es la violencia, donde por la delincuencia de algunos, todo un grupo social es condenado y expulsado.

 

Santiago Lecuna

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