La ONU y los tribunales internacionales, escenarios de la pelea con los fondos buitre

El G77+China llevará a la próxima Asamblea General de la ONU el 9 de septiembre un proyecto para regular y limitar el accionar de los fondos buitre. La Asociación Internacional de Mercado de Capitales plantea una regulación similar para futuros casos de reestructuraciones de deuda. La situación del Citibank y el accionar de George Soros y David Martínez.

La sentencia del juez Thomas Griesa comenzó a generar un importante revuelo en el mundo de las finanzas globales. Los efectos que puede traer un fallo como el dictaminado por el juez del Distrito Sur de Nueva York alertó a bancos, instituciones financieras y organismos de crédito, sobre los problemas en las futuras restructuraciones soberanas de deuda. La Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y el G77+China han buscado cada uno por su lado, en los últimos días, avanzar en regulaciones a nivel mundial para limitar el accionar de los fondos buitre.

ICMA, una entidad que nuclea a 450 bancos e inversores correspondientes a 52 países, dio a conocer el viernes pasado un documento en el cual disponen la necesidad de implementar una Clausula de Acción Colectiva (CAC) en las futuras reestructuraciones de deuda. Con esta cláusula se busca evitar que el accionar de holdouts haga caer toda una negociación, ya que con la adhesión del 75% de los acreedores se gatillaría la misma, dando por resultado que quienes hayan elegido no ingresar en los canjes de deuda no podrán litigar contra el país en cuestión.

Este es el problema bajo el cual se encuentra Argentina, luego de haber transitado dos canjes de deuda, con la adhesión del 92,4% de los bonistas. El 1% de los acreedores, los fondos buitre, obtuvo un fallo favorable en la Justicia norteamericana que pone en riesgo los canjes anteriores, por medio de una forzosa interpretación de la cláusula pari passu, bajo la cual sostienen que el país debe pagarle a todos sus acreedores indistintamente de si estos entraron o no en alguno de los canjes. Esta interpretación fue concedida por el juez Thomas Griesa en su fallo de 2012, que luego la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme cuando decidió no entender en el caso.

Desde ICMA sostienen que “los riesgos potencialmente adversos a nivel mundial del cese de pagos y la restructuración de la deuda argentina demuestran la importancia de disponer de términos contractuales claros y sin ambigüedades en los bonos soberanos”, y agregan: “Estas nuevas reglas ofrecen una solución práctica al problema del bloqueo de las minorías”, en clara alusión al accionar de los bonistas capitaneados por Paul Singer, en el caso argentino.

Mientras ICMA plantea dentro del ámbito privado establecer la CAC para futuras restructuraciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas puede ser también escenario del debate sobre el tema. El G77+China, una entidad que agrupa a un importante número de países en desarrollo, plantea llevar a la reunión del próximo 9 de septiembre un proyecto que habilite a la creación de un nuevo marco regulatorio para las situaciones de default y canjes de deuda.

Según detalló el canciller argentino Héctor Timerman, “el objetivo es crear una convención para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino en base a lo que resuelvan todos los Estados miembro de las Naciones Unidas”. El proyecto pretende subsanar un vacío legal hoy existente que es aprovechado por los fondos buitre para su accionar, ya que a diferencia del mundo empresarial donde la ley de concursos y quebrantos dispone una serie de reglamentaciones, en el mundo de las finanzas globales ese tipo de disposiciones no existen.

La idea que manejan desde cancillería es que el 9 de septiembre el proyecto obtenga un curso favorable y sea abalado por el conjunto de las naciones (se requiere mayoría simple para aprobarlo) y a partir de ahí establecer un plan de trabajo, que puede demorar entre uno y dos años, para finalmente disponer de regulaciones a nivel mundial en cuestiones vinculadas a deudas soberanas.

El ordenamiento del sistema financiero global en materia de deuda requerirá, sin embargo, mucho más que alguna reglamentación propia de Naciones Unidades y será necesario avanzar también en disposiciones elaboradas de manera conjunta por organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y entidades como el Fondo Monetario internacional.

El día siguiente al tratamiento en la ONU habrá una nueva reunión con el juez Thomas Griesa, para tratar la situación del Citibank, quien a fines de julio había sido autorizado “por única vez” para realizar la transferencia de dinero hacia algunos acreedores. La reunión se realizará a petición de los fondos buitre. El banco norteamericano, por su parte, pidió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York revisar también su situación, ya que el cumplimiento de la sentencia Griesa puede significar la violación de normativa local y quiere evitar correr una suerte parecida a la del Bank of New York Mellon (BoNY).

Los otros fondos litigantes

El accionar del juez neoyorquino, extralimitado en sus funciones y en el alcance de su jurisdicción según sostiene Argentina, provocó la reacción de otros fondos de inversión como el del magnate húngaro George Soros, quien junto Kyle Bass, fundador de Hayman Capital Management, presentó una demanda en la justicia inglesa contra el BoNY por el bloqueo de 226 millones de euros. “Nuestro pago de intereses se rige por la ley británica, que no se ha pronunciado sobre esto. Hasta que haya una orden parecida en el Reino Unido nos deben nuestros pagos”, indicó Bass.

Esta estrategia es compartida por el fondo Fintech, liderado por el mexicano David Martínez, un “buitre arrepentido” -alineado con el gobierno nacional y accionista de Cablevisión-, que decidió entrar en el último canje de deuda y mantiene una rivalidad con Paul Singer por el resultado de viejos negocios. Para Martínez “al romper los contratos el juez universalizó el litigio. No tiene derecho a hacer eso, con bonistas que hicieron acuerdos en Londres, en Bruselas o en Tokio y que no tienen nada que ver con los litigantes”. Ante esta situación el titular de Fintech plantea el mismo escenario que Soros y Bass, litigar contra el BoNY, Euroclear o la caja de valores que sea, en tanto entienden que Griesa se excede en su jurisdicción al momento de dictar su sentencia.

Si bien todavía no ha cosechado grandes resultados, la estrategia argentina de llevar el conflicto fuera de los despachos de Griesa comienza a encontrar asidero. El espaldarazo dado por los países del G77 y el debate de esta semana en la ONU oxigenan la posición defendida por el equipo económico. Las decisiones tomadas por fondos como el de Martínez o Soros de llevar sus reclamos ante las cajas de valores o el BoNY aunque no significan un respaldo total a la posición oficial, despejan cualquier duda sobre pedidos de aceleración del cobro de los bonos y dificultan el accionar de Griesa y la actitud complaciente que hasta ahora han demostrado los bancos.

Leandro Navarro – @navarro_lean