Lanata: mentiras y silencios sobre la economía venezolana

El programa Periodismo Para Todos realizó un informe hace una semana a partir del que se busca asimilar la Ley de Precios Justos con los intentos del gobierno nacional de modificar la Ley de Abastecimiento, tergiversando las responsabilidades en los problemas económicos de Venezuela, además de trazar paralelismos sumamente forzados.

Desde que el gobierno nacional propuso modificar la Ley de Abastecimiento de 1974, la oposición buscó enmarcar esta iniciativa dentro de un proceso de “chavización” del kirchnerismo. Así lo hizo el mismo Sergio Massa cuando sostuvo que el proyecto “es una copia del proyecto endógeno para el desarrollo venezolano”. La sanción, en enero de este año, de la Ley de Precios Justos en Venezuela presenta una oportunidad ideal para que se lleven adelante comparaciones.

El programa de Jorge Lanata cumplió el rol de reforzar ese imaginario. Para ese objetivo realizó un informe en el cual pretende mostrar las supuestas consecuencias de la sanción de aquella Ley. Desabastecimiento, saqueos, enormes colas en los supermercados para los consumidores. Prisión, expropiaciones y multas para los empresarios.

Imágenes que mienten

La primera deshonestidad de los periodistas que llevaron adelante aquel informe comienza cuando apela a las imágenes más fuertes y descarnadas de la guerra económica que atraviesa Venezuela y busca asimilarla a la sanción de la Ley de Precios Justos. Las imágenes de violencia, de gente corriendo, de saqueos, poco tienen que ver con esa ley y sus consecuencias. Dado que la medida adoptada por el gobierno chavista fue aprobada en enero del 2014, mientras esas imágenes corresponden a noviembre del 2013.

Las imágenes corresponden a saqueos aislados que se dieron ante la decisión de Nicolás Maduro de sancionar a las empresas que estaban realizando estafas con los precios de productos importados. Las empresas -como la cadena de electrodomésticos Daka- importaban a dólar subsidiado y vendían a dólar de mercado ilegal, multiplicando en cientos de veces sus ganancias.

La decisión del gobierno de imponer un precio justo a los productos importados por esas empresas generó inmediatamente una gran demanda de los mismos. Lo que no dicen los periodistas en el informe es que ese fenómeno conocido como “dakazo” generó una alta aprobación popular que se expresó en las últimas elecciones municipales de diciembre del 2013, en las que el chavismo se impuso sobre la oposición ampliamente.

Mejor no hablar de ciertas cosas

Es cierto que en Venezuela hay desabastecimiento, hay enormes colas, hay mercados ilegales y también sanciones a los empresarios. Para la mayoría de los venezolanos esto no es noticia y mucho menos consecuencia de la Ley de Precios Justos, dado que se trata de una problemática que la antecede y tiene como principales responsables a burguesía local.

Históricamente esa clase social ha vivido del rentismo y no de la producción, se ha construido así como una burguesía fundamentalmente importadora. En los últimos años, a partir de la redistribución de la renta petrolera a las clases populares, ha prolongado y apostado a seguir viviendo sin producir y especulando con los precios de los productos y del dólar, o estafando al Estado pidiendo dólares subsidiados de importaciones que nunca se hicieron, entre otros mecanismos de enriquecimiento.

Correctamente, en el informe de Periodismo Para Todos se destaca que con la ley se remarca un 30% de ganancia máximo para cada actor en la cadena de comercialización, que se establecen sanciones que llegan a la prisión o multas para quienes boicoteen la comercialización de productos, como también que se habilita la posibilidad de expropiaciones. Pero lo que no se señala, y eso sí es más problemático, es que la Superindentendencia Nacional Para la Defensa de los Derechos Socio-económicos (SUNDDE) -ente encargado de la aplicación de la ley- no ha sido lo suficientemente estricta en su implementación. Por esa razón, en las últimas semanas se ha convocado a las organizaciones políticas y sociales para que la ley sea efectivamente cumplida.

Otro punto es el de la próxima aplicación del sistema biométrico en la venta de alimentos de la canasta básica. Mientras que por un lado en el programa de Lanata se muestra como negativo que haya comerciantes ilegales que se aprovechan de la escasez generada por los empresarios, también se muestra negativamente el establecimiento de mecanismos que eviten que esos especuladores se apropien de esos productos. En ese sentido, parecen no ser agradables -para ellos- ni los problemas ni sus soluciones.

Esta medida, que sirve para tener más información y control sobre el consumo, no tiene por qué ser vista como una violación a la privacidad de los consumidores dado que actualmente para comprar en supermercados se deben dar los datos personales.

De hecho, un sistema similar ya existe en Venezuela con de la venta de combustible en la zona fronteriza. Allí, para evitar el contrabando de gasolina para Colombia se controla la cantidad que es consumida por vehículo y durante los últimos años se logró disminuir los miles de millones de dólares que PDVSA pierde con las mafias que operan en la zona.

En el programa de Lanata nada se dice de la burguesía mafiosa que opera llevándose el 40% de los alimentos a través del contrabando. Como tampoco se señala que durante los últimos 15 días con la aplicación de un sistema de control fronterizo más estricto se llegaron a incautar casi 500 toneladas de alimentos.

Lo mismo se da con el caso de las enormes colas. Pues nada se señala de las sanciones que hasta las cadenas del Estado recibieron por tener cerradas las cajas de los supermercados en las últimas semanas. Se muestran los problemas, no a sus responsables y a sus posibles soluciones.

¿Y el proceso de “chavización”?

Las redes de distribución de alimentos que creó el chavismo poco tienen que ver con el Mercado Central que no llega a todas las provincias ni a la mayoría de los barrios del país. En Argentina, el kirchnerismo hasta ahora nunca se propuso algo similar.

Lo mismo sucede con la modificación de la Ley de Abastecimiento. El mismo gobierno, el día lunes, en la conferencia de prensa de Capitanich, sostuvo que “todo lo que se pretende asociar entre una ley y otra (la argentina y la venezolana) es falso y de falsedad absoluta”. Y por cierto que tiene razón, pues el kirchnerismo está muy lejos de declarar que “son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios”, como lo señala la ley venezolana, que prioriza las necesidades populares sobre la especulación empresaria.

Lanata sostuvo que no viajo a Venezuela porque la última vez que lo hizo, estuvo detenido. Se olvida que vino para montar el desconocimiento internacional del triunfo de Chávez en la elección de octubre del 2012 y no pudo hacerlo por la amplia ventaja con la que fue derrotado Henrique Capriles. Ahora, echándole la culpa a la Ley de Precios Justos por problemas precedentes que tienen a otros responsables principales, Lanata busca montar una realidad a imagen y semejanza de los contrabandistas, los especuladores y los estafadores del Estado venezolano, que no quieren controles en la economía.

Lucas Villasenin, desde Caracas – @villaseninl