Desalojo en Lugano: la violencia como respuesta

El uso de la fuerza por la Policía Federal, Metropolitana y Gendarmería fue la salida que encontraron el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis habitacional en Capital Federal.

Durante la jornada del sábado la Policía Federal, como Gendarmería y la Policía Metropolitana desalojaron a los habitantes del Barrio Papa Francisco, en Villa Lugano. El predio había sido tomado hace meses luego de que el mismo dejara de funcionar como depósito al aire libre de autos abandonados.

La orden para el desalojo fue dada luego del asesinato de Melina López, a quien asaltaron y asesinaron en las cercanías al lugar. Ante el delito, la respuesta fue el desalojo por medio de la fuerza a los vecinos del barrio.

El Procurador General Porteño, Julio Conte Grand, declaró que: «Ya había habido varias órdenes de desalojo” y que: “No se puede ignorar que el episodio de esta última muerte es un hecho significativo, pero el operativo estaba dispuesto desde hace mucho tiempo atrás, ya que se ha hecho un operativo de inteligencia».

Sin embargo, el desalojo, por un lado, demuestra que ante el delito particular todos los habitantes del barrio fueron castigados. Lo que generalizó este castigo fue la sospecha que despierta vivir en un asentamiento. Es decir, que por vivir en un barrio carenciado, por ser parte de un sector vulnerable o por ser pobre, se es culpable también del crimen concretado por un grupo de asaltantes.

Por otro lado, revela que ante la emergencia habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, la respuesta es la represión. El predio desalojado funcionó por décadas como cementerio de autos usados, por lo que su suelo está contaminado por tóxicos como pintura o ácido de batería.

O sea que además de no poseer los recursos básicos, como toda barriada que surge de la necesidad, el asentamiento tiene el agregado de tener un suelo cuya contaminación presenta serios riesgos para la salud.

Rafael, dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, sostuvo en diálogo con Notas, que tanto en el Barrio Papa Francisco como en la Villa 21, existió una zona liberada por parte de la policía Metropolitana, la policía Federal y la Gendarmería, que permitió y alentó los hechos de violencia, para de esta manera crear la condiciones para poder desalojar, generando un consenso acerca de que esta opción era necesaria. “La zona liberada, si vos tenés militarizado el Cinturón Sur con todas las villas, salvo el Barrio Papa Francisco y la Villa 21, da que hablar”, indicó el dirigente de La Dignidad.

Por otra parte, Rafael remarcó la relación existente entre los delitos cometidos, y la vinculación que la policía tiene con los mismos: “Hicieron una zona liberada mandando a los pibes que tiene secuestrada la policía para sus negocios y que tributa para ellos. No se puede robar en los barrios si no tributas para alguien, o tributas a los narcos que a su vez tributan a la policía o a los políticos, o tributas directamente a la caja de la comisaria”.

Para el referente social esta zona liberada expresa la continuidad del acuerdo existente entre el PRO y el kirchnerismo. “Vienen votando de conjunto en la legislatura, lo que incluye por ejemplo el negocio inmobiliario, el polo farmacéutico. Esto es la continuidad de ese pacto”, indicó.

“La orden judicial del desalojo era ‘allanamiento con posibilidad de desalojo’, que fue la que mostraron a los que nos plantamos y resistimos el desalojo. En el allanamiento no encontraron nada, al pibe que se llevaron y quedó adentro, es uno que tiene 5 causas que ya prescribieron todas”, afirmó Rafael.

Como en el desalojo del Parque Indoamericano (a metros de donde se encuentra el Barrio Papa Francisco), coincidió la respuesta del Gobierno Nacional como el de la CABA: la violencia para aquellos que no tiene un techo.

En tal sentido el militante del Movimiento Popular La Dignidad, sostuvo que “Macri es un desalojador serial, tiene sus intenciones y lo dice. El problema es el carapintada de Berni que sigue haciendo de las suyas con la anuencia de la presidenta. La gran responsabilidad que sienten los vecinos es contra Cristina”.

Así, a las dificultades que surgen de estar en situación de pobreza (falta de trabajo digno o estable, inacceso a servicios básicos como salud, educación o vivienda), el Estado, en este caso, responde utilizando a tres fuerzas policiales para castigar a aquellos que ya están castigados de antemano por la situación social en la que involuntariamente se encuentran.

Además de injusta, está respuesta es ineficaz. No sólo porque no resuelve la cuestión de fondo que es la falta de vivienda para los sectores marginados, sino que los que ayer fueron desalojados hoy están acampando a la vera de lo que fue el barrio. Simplemente no tienen a dónde ir.

La cuestión fue reconocida por el legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, quien afirmó: «la solución no es el desalojo sino la urbanización», agregando que: «También nos preocupa que se instale socialmente un discurso que asocie la comisión de un delito como el terrible y doloroso asesinato de Melina, con las más de 500 familias que ocupaban el Barrio Francisco».

Aunque el Gobierno Nacional adelante el plan Procrear, que intenta facilitar el acceso a la vivienda, sólo presenta beneficios a quienes tienen la posibilidad de cumplir los requisitos para ingresar al mismo, principalmente la clase media. Para los sectores más postergados, no existe ni a nivel Nacional o Municipal una política que los incluya.

Santiago Lecuna