Derechos Humanos

20 agosto, 2014

¿Sigue vigente la política de no represión?

Entrevista exclusiva con Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, para analizar las transformaciones en las políticas gubernamentales de seguridad. Represión y criminalización de la protesta social, Ley Antiterrorista, Proyecto X. Continúa el especial sobre violencia institucional.

Entrevista exclusiva con Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, para analizar las transformaciones en las políticas gubernamentales de seguridad. Represión y criminalización de la protesta social, Ley Antiterrorista, Proyecto X, el rol de la Justicia y de las fuerzas policiales. Continúa el especial sobre violencia institucional.

El país estaba todavía convulsionado por los asesinatos de diciembre de 2001 y la masacre de Avellaneda, cuando Néstor Kirchner llegó al sillón de Rivadavia. El presidente recién electo inició un proceso de cambio de la respuesta estatal ante la protesta social. La consigna de “no represión” se volvió una bandera del gobierno nacional. Sin embargo, nuevas muertes en contexto de manifestaciones públicas evidenciaron a partir de 2010 “graves debilidades” en esa política, tal como lo destacó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su último informe sobre Derechos Humanos en Argentina.

En un encuentro con Notas, la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, hizo un repaso de los avances y retrocesos de estos últimos años en el ejercicio del derecho a manifestar.

-El Ministerio de Seguridad de La Nación a cargo de Nilda Garré estableció en 2011 el protocolo de actuación de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas. ¿Cuál es el alcance real de esa medida?

-Los 21 puntos que constituyen el protocolo fueron desarrollados luego de hechos concretos: la represión en el Parque Indoamericano [en la que fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña en diciembre de 2010] y el homicidio de Mariano Ferreyra [en octubre de 2010]. Ese desarrollo fue muy significativo en lo conceptual y en lo normativo, y puso Argentina a la vanguardia respecto de otros países de la región. No es que no se materializó políticamente pero no se profundizó en darle mayor jerarquía institucional. Los 21 puntos requieren –y esto es lo más importante– que las fuerzas policiales desarrollen reglas de actuación propia que permitan sostener la política impulsada desde el gobierno federal en lo operativo. Mucho menos se hizo en las Provincias. Algunas adhirieron a los 21 puntos pero no hicieron ninguna modificación de prácticas internas, como Tucumán o el Chaco. Otras ni siquiera adhirieron. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires.

-¿Qué observación hace el CELS respecto de la Ley Antiterrorista por la que expresó una fuerte crítica en el momento de ser sancionada?

-Nosotros no tenemos información de que haya sido aplicada. Hubo en su momento un intento a un periodista en Santiago del Estero [Juan Pablo Suárez, editor del portal de noticias Última Hora, acusado de instigar a la sedición]. No sé cómo está el proceso en términos generales pero el Fiscal levantó la imputación por la Ley Antiterrorista. El anteproyecto de la reforma del Código Penal que se está discutiendo elimina el agravante que se introdujo en esa ley. Para nosotros, es muy positivo que la nueva legislación penal no sostenga una figura que, además de ser problemática –en términos del riesgo que estuviera dirigida a intervenir sobre conflictos sociales–, tiene problemas de técnica legislativa.

-¿En qué medida el programa de Inteligencia de la Gendarmería sobre referentes sociales llamado “Proyecto X” muestra un cambio en la forma de abordar la protesta?

-No lo veo necesariamente asociado a la cuestión de la protesta sino a prácticas más generalizadas e irregulares de las propias policías. Obviamente que la inteligencia es algo que nos preocupa pero me parece que en este caso la clave es el posicionamiento político y la modalidad de gobierno que se genera sobre Fuerzas federales que hace años necesitan ser reformadas. Si bien algunos procesos de cambio se iniciaron, muchos quedaron truncos.

-¿Qué evaluación hace el CELS de los proyectos de regulación de la protesta social por los que fue invitado a exponer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados?

-Aunque algunos proyectos plasmen la idea de que los policías no tienen que portar armas de fuego –y esto es un avance–, es muy regresivo el modo en el que se concibe la protesta. En general los proyectos parten del concepto de abuso o ilegitimidad de la protesta, mientras que cualquier intervención legislativa tendría que estar basada en el concepto inverso. Al mismo tiempo, es una buena oportunidad para establecer dispositivos que puedan evitar consecuencias violentas y la afectación de derechos. En todo caso, darle rango legislativo a los 21 puntos planteados por el Ministerio de Seguridad. Es regresivo en cómo queda desplazado el dispositivo político que fue central en los primeros años del kirchnerismo. Ante situaciones de conflicto, tiene que haber primero una intervención de los responsables políticos sobre el reclamo de fondo y no mandar directamente a la policía. En general, dejar librada la calle a la policía ha tenido como consecuencia violencia y afectación a los sectores populares.

-¿Con eso tuvo que ver el proyecto de amnistía de los “presos por luchar”?

-Es que otro de los planteos fue la necesidad de trabajar sobre el desprocesamiento de referentes sociales criminalizados por situaciones de protesta.  Esto no tiene que ver necesariamente con la represión sino con la criminalización de la protesta. A veces se las superpone como si fueran lo mismo pero no lo son. Uno puede respetar la “no represión” pero tener una política muy fuerte de criminalización de los manifestantes. El sometimiento a la justicia penal tiene generalmente que ver con la aplicación del delito de corte de ruta, en algunos casos con el delito de usurpación por la toma de tierras o la cuestión de derecho a la vivienda. Se trata de utilizar dos o tres figuras penales para judicializar a manifestantes como una forma de amenaza o de disuasión y, cuando se trata de referentes sociales, para afectar a la organización.

-¿Cuáles son los factores a los que se debe la criminalización de la protesta?

-Son varios. Por un lado, el mensaje del poder político a la Justicia, exigiéndole un nivel de intervención más fuerte que el que habitualmente ha tenido, para disuadir hechos similares. Y por el otro, la inercia, el posicionamiento ideológico de algunos integrantes de la Justicia de entender esos casos no como el ejercicio legítimo de un derecho sino como la comisión de un delito. Para recordar está el ejemplo de la comunidad qom La Primavera, en Formosa. Los procedimientos de la Justicia provincial siguen por la toma y fueron criminalizados varios de los referentes, entre ellos Félix Díaz. Hubo además una casi nula investigación sobre las responsabilidades policiales en la muerte [de Roberto López] que se produjo en la represión de noviembre de 2010.

-¿Esa es la respuesta judicial ante hechos de violencia por parte de las fuerzas policiales?

-La Justicia no está siendo muy receptiva a su rol de control de la policía. Le cuesta trabajar desenfocando al autor material de los hechos -el disparo, el golpe-, cuando muchas veces los hechos se explican por la forma en la que estaba armado el operativo, por las ordenes que se dieron y por el nivel de violencia con que se dejó actuar. Nuestro planteo es mirar el escenario más completo en la línea de lo que se hizo en el juicio por el homicidio de Mariano Ferreyra. También en la causa del 20 de diciembre de 2001, en la que somos querellantes, está resultando complejo. Obviamente nosotros estamos intentando de que el ex presidente Fernando de la Rúa quede involucrado de alguna manera pero, sacando esa discusión, hoy llegan a juicio el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y los jefes policiales involucrados. Esa es la perspectiva correcta. Hay mensajes de disuasión que la Justicia penal tiene que dar respecto del funcionamiento de la policía.

Oriane Fléchaire

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