Bajan la persiana

Por Ulises Bosia. Como pocas veces a lo largo de la década kirchnerista, el poder económico se mostró unido en el rechazo al proyecto de “Ley de regulación de las relaciones de producción y consumo”, que reemplazaría y modernizaría a la vigente Ley de Abastecimiento de 1974.

Después de reunirse con Augusto Costa, secretario de Comercio Interior, la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó un comunicado de prensa donde plantea su rechazo al paquete de leyes en defensa de los derechos del consumidor basado en que que “este proyecto, además de los cuestionamientos legales, por implicar una delegación extraordinaria no habilitada en la Constitución Nacional, representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada”.

Los grandes industriales agregaron que “la potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad, incluso la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo, agravando el delicado contexto productivo que vive el país”.

Pero además de la UIA, donde a lo largo de la última década convivieron sectores aliados al gobierno nacional con otros opositores, expresaron su rechazo a la iniciativa oficial otras cámaras como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Poder económico y poder político

Si hay algo que caracterizó al proceso político que vivimos desde 2003 fue la recuperación de una autonomía relativa del Estado respecto de las distintas fracciones del poder económico. Es decir, se trató de una relación diferente entre el poder económico y el poder político de la que había predominado desde la última dictadura militar hasta la presidencia de Duhalde, con funcionarios públicos que eran empleados del sector dominante del empresariado local, como es el caso por excelencia de Cavallo, llevado al ministerio a partir de la Fundación Mediterránea financiada por la familia Pagani, dueña de Arcor.

Las luchas sociales de resistencia al neoliberalismo de finales de los años noventa y principios de siglo impusieron nuevas coordenadas al poder político que el kirchnerismo hábilmente leyó en este sentido.

Fue durante las presidencias de Cristina que se desataron los principales conflictos con fracciones del poder económico que expresan esta nueva realidad. Los más importantes fueron con las patronales del campo, en el 2008; con el grupo Clarín, a partir de la sanción de la Ley de Medios; con la nacionalización de las AFJP, más adelante; hasta llegar a la expropiación de Repsol, que fue el último conflicto de envergadura, cerrando así una etapa.

Ante estos conflictos, casi siempre las voces del empresariado se mostraron divididas: aún a regañadientes, una parte muy importante de los empresarios y banqueros argentinos respaldaron a un gobierno que les garantizó niveles altísimos de rentabilidad en un clima de paz social. Además, existen intereses cruzados y relaciones de poder al interior de la clase dominante, no siempre suficientemente percibidas, como la que se expresa en el debate sobre las retenciones agropecuarias.

Algo está cambiando a medida que nos acercamos al 2015

Por un lado ya el año pasado dirigentes individuales como Jorge Brito, dueño del Banco Macro , y José de Mendiguren, referente de la UIA, tomaron distancia del gobierno y se alinearon detrás de Sergio Massa.

Por otro lado existe un intento fuerte de reagrupamiento en el Foro de Convergencia Empresarial, que elaboró un programa con sus exigencias para discutir con los distintos candidatos a presidente, aunque esta entidad aún no logró unificar al conjunto del empresariado.

El rechazo unánime a las modficaciones de la Ley de Abastecimiento marca un nuevo mojón en este camino. Sin embargo, también hay algo más.

Los dirigentes empresariales saben que no habrá un solo candidato del poder económico en las próximas elecciones presidenciales, al menos en un primer momento. Por eso pretenden que cualquiera sea el elegido por la voluntad popular, las relaciones entre el poder económico y el poder político se transformen cualitativamente. En criollo, quieren volver a ejercer el poder de manera directa, independientemente de cual sea el partido que gobierne. Eso es lo que entienden por fin de ciclo.

Por esa razón los principales argumentos para cuestionar el proyecto de ley del gobierno tienen que ver con la negación de la intervención del Estado en la economía. Y por eso Binner declaró que cree “en la mano invisible del mercado”, Massa aseguró que “es una copia del proyecto endógeno para el desarrollo venezolano” y Macri que “viene a poner por escrito las barbaridades que hacía Moreno sin tener ley”. Todos ellos pelean por el apoyo del poder económico, por eso se apresuraron a aclarar que no quieren ninguna intervención del Estado en la economía.

El gobierno nacional, por su parte, después de las elecciones legislativas del año pasado busca una retirada ordenada, por lo que definió aplicar una política ortodoxa de devaluación, suba de las tasas de interés y caída de los salarios que le sienta muy bien a los grandes empresarios, productores y banqueros.

Pero en ese marco las modificaciones a la Ley de Abastecimiento aparecen como una expresión de indocilidad del poder político. Aunque los funcionarios públicos aseguren que no usarán esta ley contras las empresas. Aunque muchas de las atribuciones del Estado ya existían en la antigua ley. Aunque el gobierno nunca se haya planteado apelar a los trabajadores de cada establecimiento si buscaba intervenir en la cadena de producción empresarial ni mucho menos a las organizaciones sociales para combatir la inflación con mercados populares o cooperativas de consumo.

El poder económico se siente fuerte y quiere bajar la persiana a cualquier posibilidad de autonomía del poder político de acá al 2015, en primer lugar, pero sobre todo desde allí en adelante. El gobierno asume que sus ideales están en juego y por eso es difícil que retroceda: Cristina buscará retirarse con sus banderas en alto.

En consecuencia, se pueden prever fuertes cruces en los próximos días y semanas por este tema. Un triunfo empresarial sentaría un muy mal precedente hacia el futuro. Pero una victoria del kirchnerismo quedaría trunca sin un replanteo de su política general hacia los grandes empresarios. La estrategia de apostar a un supuesto empresariado con vocación nacional ya demostró sobradamente su fracaso.

@ulibosia