Piloteando la tormenta

Por Ulises Bosia. Un análisis de la batería de medidas contracíclicas anunciadas por la presidenta. ¿Hay un cambio en la orientación de la política económica nacional?

El 2014 en términos de la política económica arrancó en medio de fuertes dificultades que terminaron por condensarse en la devaluación del peso y la aplicación de una suba en las tasas de interés por parte del Banco Central.

Esta política, en busca de enfrentar la escasez de dólares, defender las reservas y estabilizar el tipo de cambio, tuvo entre sus consecuencias esperadas la profundización de un ciclo de enfriamiento de la economía que a lo largo del año ya tomó la forma de recesión. Además generó un salto en la pérdida de poder adquisitivo del salario, que ya venía siendo erosionado por la inflación.

Hace demasiados años se discute si existe o no un “modelo” económico kirchnerista, pero independientemente de esa discusión lo cierto es que el mantenimiento de bajos niveles de desempleo y de altos niveles de consumo forman parte del ADN de la última década. Y esta situación hace peligrar ambos índices.

Por esa razón, aun aplicando una política ortodoxa que contradice su propio discurso a lo largo de muchos años, el gobierno nacional siempre buscó combinarla con paliativos que mantuvieran el retroceso del consumo y del poder adquisitivo del salario dentro de ciertos márgenes. El lanzamiento de los planes Progresar y Procreauto, el aumento de la asignación universal y la renovación de las paritarias, entre otras medidas, intentaban amortiguar relativamente el golpe.

Sin embargo, en los últimos meses se fue consolidando la tendencia a la recesión de la economía y a la baja del consumo y la inversión, en un marco de descenso del precio internacional de la soja, así como en determinadas ramas de la industria surgieron con mucha fuerza miles de suspensiones y en algunos casos despidos. El epicentro de este último fenómeno es la industria automotriz y autopartista, muy golpeada por el descenso de las exportaciones a Brasil, lo que generó varios conflictos gremiales por fuera del control de las dirigencias sindicales, entre los que se destacan los de las multinacionales Lear y Gestamp.

Lo que eran luces amarillas de alarma para el gobierno se convirtieron en luces rojas de peligro, a lo que se sumó el golpe de la confirmación del fallo de Griesa que impide, al menos en lo inmediato, la llegada de inversiones extranjeras y la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento externo, objetivo trabajosamente buscado desde hace meses.

¿Kirchnerismo recargado?

Ante este panorama, la semana pasada el gobierno tomó una batería de medidas. Decretó una ampliación presupuestaria de 140 mil millones de pesos; fortaleció programas de subsidios a las empresas industriales a través de las REPRO para evitar despidos, que ya fueron aplicados con fuerza durante los meses de crisis en el 2009; aumentó el valor y la duración del seguro de desempleo; anunció una política de apoyo a los jóvenes beneficiarios del plan Progresar para subsidiar su ingreso al mercado laboral en pymes; relanzó el CEDIN para intentar reactivar el mercado inmobiliario incorporando comisiones para los bancos y así interesarlos en la operatoria y otorgó facilidades a las empresas para la renovación de las flotas de colectivos urbanos e interurbanos.

Si bien la mayoría de estos programas ya existían y en algunos casos la efectividad es más que discutible de acuerdo a la experiencia, la cantidad de medidas tomadas expresan por lo menos dos elementos.

Por un lado la voluntad del gobierno de no mostrarse a la defensiva en momentos en que la justicia norteamericana jaquea a nuestro país mediante el juicio de los buitres. Lejos de aparecer como un gobierno debilitado, Cristina parece querer decir: “No nos van a poder parar con sus amenazas” y mantener una posición de relativa fortaleza de cara a las negociaciones con estos especuladores internacionales.

Por otro lado, es evidente que el gobierno nacional llegó a la conclusión de que es necesario alentar desde el Estado un cierto reanimamiento de la actividad productiva porque los efectos de la recesión pueden salirse de los márgenes estipulados, que incluso afecten no sólo la situación económica sino también el respaldo político con el que cuenta el kirchnerismo. Pueden esperarse en este mismo sentido próximos anuncios para la rama de la construcción o incluso modificaciones en las tasas de interés.

En cierta forma, esta batería de medidas puede ser visto como una especie de reconciliación con las políticas a las que el gobierno nacional nos tiene acostumbrados. Sin embargo, es difícil pronosticar un cambio en la orientación de la política económica ortodoxa ensayada desde el año pasado por varias razones.

En primer lugar porque es poco creíble que después del esfuerzo fiscal y diplomático para arreglar el pago de las sentencias en los tribunales del CIADI, la indemnización con Repsol y el acuerdo con el Club de París, ahora por una suerte de desfachatez ante el maltrato de Griesa, el gobierno cambie su política económica orientada a lograr la llegada de capitales externos.

En segundo lugar porque lo más probable es que la llegada de esas divisas sea cada vez más urgente de acá a fin de año, ante la eventualidad de nuevos ataques especulativos contra el peso que aprovechen la coyuntura abierta por los fondos buitres.

Y en tercer lugar y principalmente, porque la alternativa al capital extranjero es encarar las reformas estructurales de nuestro país que podrían permitir al Estado capturar porciones cualitativamente más altas de la renta nacional y generar las herramientas para una intervención mucho más potente en la economía, en particular en el terreno estratégico del comercio exterior y del sistema financiero. Pero lejos de una orientación de este tipo, las medidas anunciadas vuelven a depositar en los empresarios la tarea de sostener la economía nacional y se encarga al Estado generar todo tipo de subsidios y facilidades que disminuyan sus costos.

No se puede decir que la presidenta no sea coherente. Si hay algo que caracterizó a los gobiernos kirchneristas fue la apelación permanente al empresariado para que cumpla una función social que no tiene ningún interés en desarrollar, mediada por algún tirón de orejas puntual que nunca llega a ser un castigo ejemplificador.

@ulibosia