Bahía Blanca: la Fiscalía rechazó la prisión domiciliaria otorgada a 15 represores

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca presentó un recurso de queja contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal subrogante de esa ciudad que confirmó la detención domiciliaria otorgada a 15 represores.

Los ex militares Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Félix Ovidio Cornelli, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, Raúl Oscar Otero, Néstor Alberto Nougués, Gerardo Alberto Pazos, Pedro Alberto Pila, Luis Alberto Pablo Pons y José Luis Ripa, fueron beneficiados con prisión domiciliaria por el tribunal competente en la causa donde se los acusa por delitos de lesa humanidad.

Ante esta situación los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, a cargo de la Unidad de Derechos Humanos, pidieron el traslado de los imputados a la Unidad Penal 4 de Villa Floresta, en las afueras de Bahía Blanca ya que consideraron arbitrarias las decisiones del Tribunal y aseguraron que hay riesgo de fuga.

Los fiscales aseguraron que «la decisión de mantener el beneficio de la prisión domiciliaria a los imputados mencionados es equiparable a una sentencia definitiva, causa agravio a esta parte y el mismo constituye una cuestión federal». Si bien el tribunal había basado su decisión en la avanzada edad y el estado de salud de los acusados, para Nebbia y Palazzani “de las pericias ordenadas por el Tribunal, y agregadas recientemente a la causa surge, en la mayoría de los imputados, que los mismos se encuentran en buen estado de salud general”.

“Lo manifestado por la defensa técnica de los imputados carece de valor probatorio, si no resulta respaldado por pericias médicas actualizadas e imparciales, llevadas a cabo por los profesionales de la salud del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», se puede leer en el texto elaborado por la Fiscalía.

Finalmente los fiscales también denunciaron que “en los numerosos incidentes de salud las constancias médicas a las que se hace referencia, fueron suscriptas por médicos particulares”. Según Nebbia y Palazzani, estos beneficios no pueden estar válidamente sustentados en informes médicos privados, contratados por el propio interesado, debiendo, por el contrario, cualquier pretensión ser certificada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense.