9 julio, 2014
El CELS cuestiona la represión a la protesta social, Berni la reivindica
Luego de la seguidilla represiva de principios de semana, el CELS emitió un duro comunicado, el Frente para la Victoria pidió acelerar el tratamiento de la Ley Antipiquetes y el secretario Sergio Berni justificó la represión planteando: “El que corta la General Paz tiene que ir preso”.

Luego de la seguidilla represiva de principios de semana, el CELS emitió un duro comunicado, el Frente para la Victoria pidió acelerar el tratamiento de la Ley Antipiquetes y el secretario Sergio Berni justificó la represión planteando: “El que corta la General Paz tiene que ir preso”.
La semana comenzó con la violenta represión contra los trabajadores de Tatsa y Emfer, quienes estaban cortando la General Paz a la altura de Migueletes en defensa de sus puestos de trabajo, amenazados por la importación de trenes chinos. La Policía Federal intervino reprimiendo con gases y balas de goma, sin mediar intento de negociación alguno. Al día siguiente, la Gendarmería desalojó también de manera extremadamente violenta un corte de Panamericana realizado por trabajadores despedidos de la autopartista Lear y por agrupaciones políticas que se habían sumado a la jornada nacional de protesta solidaria. En este desalojo se utilizaron carros hidrantes, palos y balas de goma contra los manifestantes, a pesar de que en primera fila había mujeres y niños.
Frente a esta seguidilla represiva, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de defensa de los derechos humanos presidida por el periodista Horacio Verbitsky, emitió en horas de la mañana de este martes 8 un comunicado titulado “Preocupante desplazamiento en la política de no represión de la protesta social”. Allí denuncian que la actuación de las fuerzas de seguridad en ambos desalojos no respetó los principios y reglas de actuación “que apuntan a evitar el uso desmedido de la fuerza” y prohíben “el uso de balas de goma como herramienta para dispersar a los manifestantes” y la “portación de armas de fuego en los operativos”.
Además, el comunicado apunta contra estos “operativos caóticos”, en los que “como no hubo acordonamiento ni se desvió el tránsito, los vehículos circulaban entre corridas de manifestantes, gases y balas de goma”.
Frente a esta escalada represiva que privilegia “la intervención directa y la represión por sobre una mediación política que pudiera gestionar el conflicto” el CELS denuncia el “desplazamiento” de la política de no represión de la protesta social adoptada por este gobierno desde su asunción en 2003 e insta a buscar “soluciones políticas a los conflictos laborales y que el abordaje no violento de las protestas y manifestaciones sea defendido por todas las instituciones y el conjunto de la sociedad”.
Por el lado del gobierno nacional, las justificaciones de la violencia adoptaron dos vías. La primera fue la de reflotar el cuestionado proyecto de Ley Antipiquetes, que reclamara la presidenta Cristina Kirchner en la apertura de sesiones del Parlamento a inicios de este año ante el aplauso del macrismo, del Frente Renovador y de sectores de UNEN. El diputado nacional del Frente para la Victoria Jorge Landau planteó que es “indispensable” un proyecto para regular las protestas y anticipó que “en muy breve plazo de tiempo vamos a retomar el tratamiento del mismo”. A lo que agregó: “Es indispensable que la protesta se pueda manifestar, pero es cierto que no puede avanzar sobre todos los derechos de los demás ciudadanos. Hay que encontrar un equilibrio para que eso funcione”.
En una línea aún más confrontativa, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, directamente justificó los violentos desalojos planteando: “Actuamos rápidamente con Gendarmería y Policía Federal para que sea un día normal. No se puede reclamar por 100 trabajadores y avasallar a cientos de ciudadanos”. En las mismas declaraciones radiales, Berni no solamente aseguró que los manifestantes fueron “decididos a generar un caos” sino que denunció sus supuestas “maniobras” (“Son tan cobardes que ponen a las mujeres en las primeras líneas, son maniobras habituales de estos grupos de izquierda”) y cuestionó fuertemente a los diputados del Frente de Izquierda que acompañaron las movilizaciones: “No debemos dejarnos avasallar por esta planificación permanente de violencia de la izquierda y sus diputados”. En el mismo sentido, abundó: “Los diputados no solamente tienen que estar en el Parlamento, sino que no tienen que fogonear estos hechos. Un diputado no puede estar promocionando este tipo de piquetes, más allá de si su reclamo es legítimo o no”.
Finalmente, un Berni enardecido manifestó que ni siquiera harían falta nuevas herramientas legislativas para intentar regular la protesta sino que bastaría con aplicar el Código Penal: “Qué tantas leyes e interpretaciones. El que corta la General Paz tiene que ir preso. No hace falta ninguna ley, lea la Constitución, el Código Penal. No hace falta ninguna ley antipiquetes”.
En un contexto de tal fervor autoritario, parecen cada vez más lejanas no sólo las valiosa política de no represión de la protesta social, llevada adelante en los primeros años del kirchnerismo y recordada en el comunicado del CELS, sino incluso declaraciones formales del tipo “No habrá una sola orden para reprimir protestas o piquetes”. La frase fue pronunciada por la presidenta Cristina Kirchner en abril de 2010, durante la inauguración del microcine Ernesto «Che» Guevara en la sede del Centro Cultural Nuestros Hijos, gestionado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo en la ex ESMA. En la misma ocasión, la presidenta afirmaba: “En la Argentina cualquiera pueda decir lo que se le da la gana sin temor a ser reprimido ni golpeado”. Pero ya en aquél momento, anticipaba que le daban “bronca” los trastornos que generan las manifestaciones callejeras y responsabilizaba de ellos (en sintonía con su pedido al Parlamento de este año) a “pequeños grupúsculos sin representación” que los impulsan “con el ánimo que alguien vaya a reprimirlos y tener una víctima”. Finalmente agregaba que estos grupúsculos “Hace tiempo que están buscando a alguna víctima. Mientras sea Presidenta no saldrá una sola orden para que haya una víctima”. Hoy, a poco más de cuatro años de distancia, parecen ser otras las prioridades.
Ante las múltiples reacciones críticas respecto de su accionar al frente de la Secretaría de Seguridad y de sus desafortunadas declaraciones, Sergio Berni, desmintió “absolutamente” los rumores de alejamiento del cargo apenas finalizado el Mundial de fútbol y atribuyó esos trascendidos meramente a “especulaciones periodísticas”.
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