Semáforo amarillo para la declaración de telefonía celular como servicio público

El miércoles pasado debía trabajarse en la comisión de Telecomunicaciones del Senado en relación a los trece proyectos presentados por miembros de distintos bloques políticos para declarar la telefonía celular como servicio público. La decisión de la comisión fue esperar a la evaluación de especialistas en la materia. La presión de las corporaciones telefónicas y el momento político parecen haber enfriado la decisión oficial de avanzar en este proyecto.

Casi simultáneamente al anuncio de la licitación para el espectro de 4G, Adriana Puiggros presentó por el Frente para la Victoria (FpV) un nuevo proyecto para la declaración de la telefonía móvil como servicio público. Basada en la enorme cantidad de quejas recibidas por la Defensoría al Consumidor y en que hay 58 millones de líneas activas en Argentina de acuerdo a los datos proporcionados por el ministro de Economía, Axel Kiciloff, la declaración de la telefonía móvil como servicio público supone la posibilidad de que el Estado pueda fijar tarifas y formas de cobrar que sean más justas para los usuarios. A la vez, las empresas deberían certificar ante audiencias públicas la inversión realizada para tener un mejor servicio.

A pesar del impulso inicial, el debate se enfrió desde el miércoles pasado. Mario Oporto, presidente de la comisión del FpV, sostuvo que era mejor dar un debate amplio antes que avanzar en la discusión, que no tendría el aval aún del Ejecutivo.

Las compañías telefónicas reconocen que prestan un muy mal servicio y aducen que esto radica en la falta de espectro radioeléctrico para la actividad y en la prohibición de algunos municipios para la instalación de las antenas. En Argentina, sin embargo, se paga una de las tarifas más altas del mundo por minuto (según el Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial, de 148 países analizados, la Argentina está entre los ocho en los que el minuto de comunicación celular promedio es más caro). A la vez, el precio del minuto es más caro para los planes con tarjeta, que generalmente son los utilizados por las capas de menos recursos de la sociedad.

Lo que está en juego es el interés político y económico que representa el uso del espectro radioeléctrico y el dividendo digital que quedará libre cuando se abandone la norma analógica y se pase por completo a la digital (que al comprimir más eficientemente los datos deja liberada una parte muy amplia del espectro).

El ingeniero en telecomunicaciones, Ariel Garbarz, sostuvo pocos días antes del anuncio del 4G que el espectro del que disponían las telefónicas era más que suficiente para dar un mejor servicio, y que al declarar la telefonía móvil como servicio público el Estado podría estar en condiciones de reclamar a las empresas por los derechos de los usuarios.

“No llame”

Casi como un premio consuelo a los usuarios de celulares, el mismo miércoles el Congreso avanzó en otra reglamentación, la llamada ley “No llame”. La misma consiste en que uno puede pedir ser colocado en una lista para que las empresas de marketing no lo contacten por dos años. Las operadoras tienen el deber de chequear antes de llamar que uno no esté en dicho listado.

Quedan exceptuadas de esta ley las campañas de bien público, las campañas electorales, las llamadas por emergencia pública y las llamadas por razones contractuales mientras se hagan en horarios razonables. Es decir que la compañía de teléfono a la que pertenece nuestra línea sí podrá llamarnos para ofrecernos otros planes.

No quedó establecido aún cuál sería el organismo al cual uno debería remitir sus quejas en caso de que la ley no se cumpla.

La Nación y una nueva defensa a los intereses empresariales

El diario La Nación sacó una extensa editorial el día 26 de junio en contra de la declaración de la telefonía móvil como servicio público titulada “La telefonía móvil ante otra amenaza intervencionista”. En la misma aduce que la telefonía móvil está fuertemente regulada excepto en la cuestión tarifaria, algo que no se regula, según el editorialista, en ninguna parte del mundo.

En nuestro país se avanzó muy poco en la regulación de las empresas de telefonía: la ley de Telecomunicaciones en Argentina es de 1972, año en el cual no existían los celulares, ni internet, ni se pensaba que pudiéramos contar con dispositivos de este tipo. En ese entonces regulaba también la radiodifusión, pero en 1980 fue reemplazada por el decreto-ley 22.285 recientemente renovada por la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que explícitamente dejó por fuera la regulación de las empresas de telecomunicaciones.

El decreto 764/2000 del gobierno de Fernando De la Rua, que menciona el artículo como la normativa más importante en telecomunicaciones, sostiene que las condiciones de competencia quedan demostradas cuando una segunda compañía telefónica controla más del 20% de la facturación, con lo cual las tarifas se pueden regular a través del vaivén del mercado.

En Argentina esto se cumple: existen en este momento cuatro compañías multinacionales proveedoras de servicios de telefonía móvil (Telmex-Claro/Telefónica-Movistar/Telecom-Personal/Nextel), que establecen el mismo servicio con tarifas muy similares entre sí. Pero basta indagar un poco en la historia de estas empresas para darnos cuenta de sus vínculos societarios: Telefónica de España controló durante muchos años Telecom de Italia, que a su vez formaba parte de la sociedad que controlaba Telecom de Argentina. Tal es la presión de estas compañías que el Estado argentino no obligó a Telefónica a desinvertir, como hubiera debido hacer amparado en la cláusula antimonopólica de la licitación de ENTEL.

La discusión es definitivamente amplia y requiere de un debate mucho mayor que declarar servicio público si se quiere avanzar en la efectiva desmonopolización de la telefonía móvil. La Nación se posiciona claramente desde una perspectiva liberal, donde lo que ve como más escandaloso es la intervención del Estado, pero omite de forma evidente el incumplimiento de las empresas a las normativas vigentes y los atropellos que día a día sufren los usuarios a la hora de recibir su facturación.

Alejandra Soifer – @soifereta