¿Qué dice el decreto sobre las policías municipales?

El lunes el gobernador Daniel Scioli sancionó por decreto la creación de policías comunales para los municipios de la Provincia de Buenos Aires luego que el tema se trabara en la legislatura. Sin embargo recién el miércoles se dio a conocer públicamente el texto.

En el marco de la declaración de “Emergencia en seguridad” el gobernador de la Provincia de Buenos Aires pudo saltearse legalmente la discusión en el parlamento provincial y crear por decreto la Policía Municipal. El texto fue firmado el lunes pero difundido recién el miércoles.

Allí se puede leer que se ordena al Ministerio de Seguridad la creación de las «Unidades de Policía de Prevención Local» que serán una división de la Policía Bonaerense y a su vez estarán supervisadas y coordinadas por la Superintendencia de Seguridad Local, también creada por la nueva legislación.

Estas nuevas fuerzas de seguridad se formarán en aquellos municipios que lo soliciten y cuya población supere los 70 mil habitantes, aunque el artículo tercero establece que «excepcionalmente podrán contemplarse situaciones de municipios que no superen la mencionada cantidad de habitantes y que soliciten su incorporación».

Quedará en manos de cada intendente suscribir con el gobierno provincial el convenio para la creación de su policía municipal (pudiendo no optar por esta opción), aunque luego esto deberá ser aprobado por el Concejo Deliberante de cada distrito. Algo parecido sucederá con los jefes de la fuerza que si bien serán designados por el Ministerio de Seguridad, la resolución exige que lo haga «en acuerdo con el intendente», quien además deberá presentar un programa de trabajo que incluirá «las políticas preventivas y las acciones estratégicas propuestas para su municipio».

En lo que respecta al financiamiento, el decreto solo informa que las nuevas fuerzas de seguridad «serán equipadas, conformadas y financiadas por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires», aunque no se descarta que los municipios deban aportar una parte.

Sobre sus funciones el decreto establece una serie de generalidades que, a priori, no suponen demasiado como “implementar mecanismos de disuasión frente a actitudes y hechos delictivos o contravencionales” o “realizar actividades de observación, patrullaje y vigilancia en las zonas delimitadas por el sistema de seguridad establecido a nivel provincial”.

Si se destaca que actuarán “con características de policía de proximidad”. Es decir, una fuerza supuestamente más cercana a los ciudadanos, que busca resolver los conflictos a través de mediaciones y diálogos.

En este sentido, el personal policial deberá realizar un curso orientado a «la prevención y proximidad en la actuación» que se dictará de manera descentralizada en las comunas por un instituto que el Ministerio de Seguridad deberá crear. La resolución dispone que tendrá una duración mínima de 12 meses, «incluyendo un período de práctica profesional en los puestos operativos de trabajo, pudiendo reducirse bajo circunstancias especiales a un plazo no menor a seis (6) meses». Se dará prioridad a los habitantes del municipio. Hay que tener en cuenta que la Policía Metropolitana adoptó la misma definición a la hora de su creación y en los hechos se ha visto muy alejada de esta idea.

Otro dato interesante que define la nueva legislación es que las policías comunales estarán capacitadas para “intervenir en los conflictos relacionados con la violencia de género, a cuyo fin serán dotados con un sistema de comunicaciones diferenciado, vehículos identificables, participación de personal femenino y los recursos materiales necesarios para un efectivo tratamiento de dicha problemática”.

Finalmente Cada unidad policial contará con un «coordinador operativo», que será designado por el Ministerio de Seguridad «a propuesta del intendente». Será el encargado de supervisar y controlar el destino de los recursos provinciales. Además, dicho coordinador integrará junto al intendente y el jefe policial una «mesa de coordinación», que estará a cargo del «diseño y la ejecución de las políticas y/o estrategias de seguridad local» y deberá confeccionar un «mapa del delito».