“El servicio penitenciario funciona con una ley con reminiscencias de la dictadura”

Esta semana se dieron a conocer una serie de fotos tomadas en abril de 2013 en la Unidad de Menores de San Luis. Un centro penitenciario donde los jóvenes fueron expuestos a una requisa vejatoria e inhumana. Por este motivo renunció el actual director del penal y se desató la polémica.

Para analizar la situación, desde el programa radial Llevalopuesto en FM La Tribu entrevistaron a Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

– ¿Estas fotos que se conocieron el miércoles sobre la situación del penal en San Luis, son una excepción o dan cuenta de una situación carcelaria mucho más generalizada?

– No podríamos decir que la práctica exacta sea generalizada pero sí muestra una situación extendida o estructural en relación con diversas cuestiones como las requisas, los trasladados o la vida concreta en las prisiones.

Esta idea de ver a los penitenciarios en una situación absolutamente relajada y en una situación de rutina es lo que muestra que esta era una situación bastante común de resolver conflictos. O generar ciertas represalias y disciplinamientos hacia quienes están detenidos ahí. Esa es una situación que muestra el modo de funcionamiento del lugar de detención, en este caso en San Luis pero uno podría decir que en otros lugares del país también. Quizás no en una situación exactamente igual pero si con esta cuestión de naturalización y de rutina de un trato absolutamente vejatorio e inhumano. En algunos casos constitutivos de tortura.

– ¿Existe una legalidad, alguna regulación al respecto o tiene que ver con una falta de controles de las autoridades competentes?

– Esto es absolutamente ilegal e inconstitucional, no hay dudas sobre eso. El miércoles escuchábamos las declaraciones del jefe del servicio penitenciario de San Luis que renunció y él planteaba que no había tenido conocimiento de la situación (estas fotos son en principio del año pasado) y que la Justicia iba a determinar si eran violaciones a los derechos humanos.

Se agarraba la cabeza, que le daba vergüenza, que en principio eran excesos. Me parece que estas palabras muestran la concepción de quienes están a cargo de estos lugares de detención.

Entonces, es claramente una situación ilegal e inconstitucional, pero también es algo muy extendido y una cultura muy arraigada sobre como se llevan adelante estos lugares, como se genera seguridad y en última instancia la concepción del otro. Hay una inhumanización de los detenidos.

Para nosotros ese es el punto más importante. Cuando tomamos conocimiento de las fotos pensamos cómo hacer para que la difusión de esto no implique la indignación colectiva pero solo puntual y que pasado mañana vuelva a quedar en un lugar olvidado. Y así aparezca de nuevo ante otras fotos dentro de un tiempo.

Es importante llamar la atención de que esto es la manifestación de una situación estructural y muy profunda que requiere una reacción política. Hay que transformar y hacer modificaciones para que esas prácticas sean, primero rechazadas por quienes están a cargo de las instituciones, y después hacer un trabajo para ir acabando con esto.

No es algo que se hace de un día para el otro, requieren reformas a mediano y largo plazo pero hay que empezar a trabajarlo desde ahora.

Si uno piensa que esto no se conoció o se supo recién con esta foto supone que no hay mecanismos de control o de monitoreo que estén ingresando a estas instituciones. Además tampoco están funcionando los poderes judiciales como canales de denuncia. Porque en Provincia de Buenos Aires u otras provincias donde la situación es muy grave o muy profunda las denuncias llegan. Porque hay detenidos que, con mucha dificultad y a veces sufriendo represalias, hacen conocer los hechos. Es una situación un poquito más abierta.

En otras provincias como San Luis se conoce muy poco lo que está pasando. Es cierto que algunos referentes de los derechos humanos y políticos de la provincia decían que había otras denuncias por violaciones a los derechos humanos en San Luis pero estaban muy silenciadas. Me parece que esto también es parte del problema.

– ¿Es posible ubicar algún sistema que uno diga ‘bueno, acá funciona bien’? ¿Hay un sistema penitenciario en nuestro país que se pueda, no tomarlo como ejemplo, pero al menos pensar que puede funcionar de otra manera?

– No. Se pueden identificar algunas prácticas que pueden ser diferentes pero en todos los lugares de detención, algunos también bajo la guarda de los policías, tienen problemas graves y profundos que fueron poco abordados en estos años.

Por ejemplo el Servicio Penitenciario Federal tuvo algunos trabajos de reformas, se hicieron algunas cosas pero está pendiente una reforma general. Se mantiene una ley con reminiscencias de la dictadura.

Incluso hay también hoy situaciones complejas porque están creciendo las tasas de encarcelamiento a nivel federal y provincial. Esto genera muchas complicaciones porque los niveles de hacinamiento empeoran estos problemas estructurales de los que estamos hablando.

Se pueden identificar esos problemas profundos y estructurales en todos los lugares del país. Ese es un poco el planteo que se viene haciendo desde hace muchos años por varias organizaciones que venimos planteando, entre otras cosas, que se ponga en funcionamiento el mecanismo de prevención nacional de la tortura.

Obviamente eso no resuelve el problema porque la política penitenciara no se modifica desde los organismo de control pero va a servir para canalizar las demandas. Este tipo de situaciones muestran la necesidad de que se conforme ese espacio porque sería a donde ir a plantear lo que pasa en San Luis y ver cómo están funcionando los organismos de monitoreo.

Es un comité que exige el protocolo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y que Argentina está obligada a conformar. Seguramente durante este año se elijan los integrantes y empiece a funcionar.

Pero no alcanza con pedirle la renuncia al jefe del servicio sino se trabaja desde ahí un cambio general. Porque lo que se muestra son prácticas muy arraigadas que implican una forma de tratar a quién está detenido. Con cambiar la autoridad no alcanza sino cambian también la forma en que los referentes políticos trabajan estos temas.