Géneros

18 junio, 2014

Salta: proyecto de ley para ampliar el acceso al aborto no punible

El pasado viernes el diputado provincial del PJ, Lucas Godoy, presentó un proyecto de ley para regular y ampliar el acceso al aborto no punible en Salta, adecuando el vigente al fallo de la Corte Suprema y a las directivas del Ministerio de Salud de la Nación. La oposición de la gobernación y la voz de las mujeres.

El pasado viernes el diputado provincial del PJ, Lucas Godoy, presentó un proyecto de ley para regular y ampliar el acceso al aborto no punible en Salta, adecuando el vigente al fallo de la Corte Suprema y a las directivas del Ministerio de Salud de la Nación. La oposición de la gobernación y la voz de las mujeres.

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los principales ejes que abren aguas –en lo referido a políticas sociales y acceso a derechos- en la Argentina de hoy. En la provincia de Salta particularmente, el tema está muy presente tanto en la sociedad como en las instancias de gobierno. El viernes 14 el diputado provincial Lucas Godoy, del Partido Justicialista, presentó un proyecto de ley para desjudicializar los casos de interrupción de los embarazos producto de una violación, o aquellos en que la salud o vida de la mujer gestante corra riesgo y adoptar la Guía Técnica de Aborto No Punible elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.

El aborto no punible en la provincia del noroeste argentino está regulado hasta el momento por un decreto de 2012 del gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, que no está adecuado a los parámetros indicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el fallo “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”. Según la norma vigente en Salta, una mujer que quiere interrumpir un embarazo en las circunstancias que el propio Código Penal avala, debe realizar obligatoriamente la denuncia policial o una declaración jurada ante el Ministerio Público. En el proyecto presentado por Godoy bastará con una declaración jurada ante los médicos en la que asegure haber sido víctima de un delito sexual.

En el decreto que tiene vigencia a la fecha, cuestionado por el movimiento de mujeres y distintas organizaciones políticas y sociales del país, se indica que “no debe recaer en los médicos la responsabilidad de recibir y evaluar declaraciones juradas que refieren a un hecho delictivo y que resulta conveniente para los intereses y la protección integral de la víctima, que la declaración jurada, a la que se alude en el fallo, sea realizada con la asistencia tutelar del Ministerio Público”.

El tema vuelve a estar en agenda después del polémico caso en el que el juez de Familia Víctor Soria le impidiera en noviembre de 2013 a una niña de 13 años, violada y golpeada por su padrastro, acceder al derecho, incluso cuando estaba amparado por el protocolo de la Provincia. Por este caso se intentó mediante un jury destituir al juez a cargo de la causa y a Flores Larsen, la defensora, por incumplimiento de deberes.

Al conocerse el proyecto, el secretario de Derechos Humanos de Salta, Martín García Cainzo, defendió la política actual del gobierno de la Provincia y argumentó que el protocolo se amoldaba a los cánones propuestos por la CSJN. Según organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, la judicialización de la práctica es una revictimización de la mujer y muchas veces es usado como mecanismo para dilatar la realización efectiva de la interrupción del embarazo hasta que pasen las 12 semanas de gestación previstas por los protocolos de atención.

“El decreto de Urtubey es un instrumento para impedir el acceso al aborto no punible, lo hemos visto en la práctica cuando se dieron los casos. Hay un pedido de inconstitucionalidad que la Corte salteña rechazó y que ahora sigue su curso en la Corte de la Nación”, declaró la senadora provincial Gabriela Cerrano, del Partido Obrero a Cuarto Poder. “Creemos que al margen de lo que ocurrió con el jury al juez Soria, tenemos que eliminar este instrumento para que no puedan actuar ni Soria ni ningún otro juez”, agregó. También menciónó que hasta el año pasado existían alrededor de 3 mil casos anuales de abortos sólo en el hospital Materno Infantil de la Capital, cifra no discriminada entre abortos clandestinos o espontáneos.

Cerrano es la autora de un proyecto de resolución en el Senado que solicita al Ejecutivo Provincial que se deje sin efecto el Decreto 1170/12 y el Protocolo de Aplicación (RES 797/12) del Fallo de la Corte Suprema de Justicia en los casos de Abortos No Punibles. Este se complementa con el presentado por el diputado justicialista.

La periodista de FM Cielo Cecilia Allemand increpó al diputado Godoy con preguntas sobre el proyecto presentado y el supuesto “abuso” del derecho en el que, según su visión, podrían incurrir las mujeres, a lo que el diputado respondió: “Buscamos garantizar el camino al derecho que tiene una víctima. No creo que ninguna mujer vaya a decir que fue violada con el solo motivo de hacerse un aborto. Si una mujer fue violada, tiene derecho a ejercer su derecho. Yo estaría de acuerdo en que en ese caso aborte. No puedo yo a una mujer que sufrió un abuso, decirle lo que debe o no hacer. Yo la respetaría”.

 

Julia de Titto – @julitadt

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