Nacionales

17 junio, 2014

El gobierno porteño debe informar donde están sus cámaras de seguridad

Un fallo judicial obligó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a informar donde están ubicadas las más de 2 mil cámaras de seguridad que utiliza la Policía Metropolitana en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un plazo de 30 días para hacer pública esta información.

Un fallo judicial obligó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a informar donde están ubicadas las más de 2 mil cámaras de seguridad que utiliza la Policía Metropolitana en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un plazo de 30 días para hacer pública esta información.

La noticia fue dada a conocer este lunes a pesar de que la resolución judicial data del 9 de junio. El gobierno porteño tiene un mes para dar «la información sobre la ubicación física de las cámaras de video de vigilancia privadas incorporadas a la red pública» reza el fallo de Darío Reynoso, juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la justicia porteña.

El magistrado hizo lugar a la demanda presentada por Andrés Pérez Esquivel, miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad y nieto del premio nobel de la paz. Reynoso también sostuvo en su decisión que se debe restablecer el mapa de cámaras públicas en la web oficial por constituir «publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada».

La Policía Metropolitana se encuentra infringiendo la ley de videocámaras 2.602. Esta legislación fue votada en forma unánime y el año pasado todos los legisladores, incluidos los del PRO, hicieron un pedido de informes solicitando a la Metropolitana la ubicación exacta de las cámaras.

Pérez Esquivel dijo que el Superintendente de Comunicaciones, Jorge Eduardo Martino, se negó luego a entregar la información e idéntico comportamiento asumió ante similares pedidos realizados por la Auditoría General de la Ciudad (Proy. 10.11.01/13) y la Defensoría del Pueblo (CPDP-DP Dict. Nº 04/13).

«Lejos de planificar el ministro de Seguridad (Guillermo) Montenegro propone a los vecinos votar por Facebook o Twitter dónde quieren poner cámaras, sin ningún tipo de correlación con el mapa de criminalidad. E incluso en varias esquinas las instalaron en los mismos sitios que ya tenía la Nación», sostuvo el impulsor de la demanda. Además señaló que «sin esta información, la ciudadanía, los organismos de control y el Poder Legislativo» no pueden «controlar el uso legal de las cámaras, ni aportar a una planificación racional en favor de la seguridad de todos».

Además, Pérez Esquivel sostuvo que este pedido no supone “nada del otro mundo” ya que “Rosario, París e Inglaterra también publican los puntos de sus cámaras, es un objeto tan público como un cesto de basura; incluso más, mientras la Metropolitana se niega a cumplir la Ley, Nación sí entregó su listado de 1.200 cámaras en la ciudad a algunos Legisladores, tal como establece su protocolo».

Finalmente el demandante se preguntó “¿Por qué se niegan a inscribirlas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Son realmente 2000? ¿Por qué cuestan 125.000 pesos cada una?”.

En octubre del año pasado, el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad publicó un dictamen en el que reveló que el gobierno porteño también le había negado el registro. Además, relató que la Policía no había inscripto su base de datos en ese organismo y que si el ministerio no se atenía a cumplir las garantías, “la gestión de las videocámaras no se puede considerar legal”.

 

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