Paraguay: Dos años de la Resistencia Heroica de Marina Kue

El 15 de junio se cumplieron dos años de la resistencia de Marina Kue, episodio en el cual, a partir de un desalojo ilegal impulsado por la Fiscalía General de la República, once campesinos y seis policías perdieron la vida y se inició un golpe de Estado en el país. Dos años de lucha por recuperar la tierra de Marina Kue, por liberar a los presos políticos, por anular el juicio y por esclarecer el caso y hacer justicia.

El 26 de junio se realizará el juicio oral contra los campesinos de Curuguaty, quienes están acusados de homicidio en grado de tentativa, asociación criminal e invasión de inmueble y se encuentran privados de su libertad desde hace casi dos años. Todo esto sucedió durante el desalojo de las tierras de Marina Kue que desembocó en la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

El proceso llevado adelante por la Fiscalía, encabezada por Jalil Rachid, ha violado ampliamente el debido proceso y carece de sustento y de pruebas. Hasta hoy no se han investigado las muertes de los once campesinos, siete de los cuales fueron ejecutados extrajudicialmente acorde a los testimonios y las evidencias. Tampoco los casos de tortura, ni el asesinato de Vidal Vega, dirigente de la Comisión Sin Tierra Naranjaty y testigo clave de los hechos del 15 de junio, por parte de dos sicarios en diciembre de 2012.

Una encuesta publicada el mes pasado mostró que 80% de la población paraguaya no confía en el montaje fiscal en torno al juicio, desconfía de la versión oficial del gobierno y considera que existe una necesidad de esclarecer el caso.

Asimismo, el 31 de marzo se presentó el primer reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al juicio. La defensa de los presos políticos solicitó que se adopten de medidas cautelares, como la suspensión del juicio oral del 26 de junio, hasta que se determine la titularidad de la tierra mediante la correspondiente resolución en los procesos judiciales que se encuentran abiertos, y solicitó que el Estado paraguayo garantice el derecho a la vida de todas las personas involucradas en la causa y asegure el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas que fueron ejecutadas, entre otros puntos. El reclamo se encuentra en proceso y cuenta con la adhesión de varias  organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional.

El 14 de febrero, los presos que aun se encontraban en el Penal de Tacumbú iniciaron una huelga de hambre de 58 días exigiendo la definición de la titularidad de las tierras de Marina Kue y la libertad de todos los presos políticos del caso Curuguaty. El 15 de abril regresaron a sus comunidades, recibidos por sus vecinos y compañeros en un festejo popular.

Sin embargo, la jueza a cargo del caso, Janine Ríos, abrió dos causas casi extintas contra uno de los imputados, Rubén Villalba, decretando esa misma mañana del 15 de abril su prisión preventiva. Llegado Villalba a Curuguaty, fue apresado de nuevo y trasladado al penal de Tacumbú. Luego de esta decisión, la jueza Janine Ríos fue separada del caso.

Tras dos años de lucha luego del 15 de junio, diez años de lucha en torno a la recuperación de las tierras de Marina Kue y ocho ocupaciones a las tierras, la carpa  de los campesinos sin tierra y familiares de las víctimas continúa en la entrada que lleva a las tierras de Marina Kue, con movilizaciones masivas, como la realizada el 26 de marzo en el marco de la huelga general, y la del 9 de abril durante la audiencia para la prisión domiciliaria de los presos políticos.

Las dos mil hectáreas de Marina Kue son tierras donadas por la empresa La Industrial Paraguaya SA al Estado paraguayo en 1967, pero no fueron inscriptas en el registro público. Utilizadas por la Marina hasta 1999, estas tierras fueron usurpadas por Campos Morombí ilegalmente. Esta empresa alquila las tierras a empresarios brasileros para el cultivo de soja.

En el 2004, el gobierno decretó que las mismas sean destinadas a la Reforma Agraria, por lo que el político del Partido Colorado Blas Riquelme -propietario de Campos Morombí- se apresuró en presentar un juicio de usucapión que, gracias a las influencias, fue resuelto en seis meses, dando el tribunal en el 2005 la titularidad de las tierras a su empresa.

Sin embargo, dos errores grandes se desarrollaron en dicho juicio: primero, que las acciones de usurpación no pueden presentarse contra el Estado -por lo que el juicio no es válido-, y segundo, que el juicio colocó un número de finca equivocado, abriendo un juicio contra una finca que no es Marina Kue. El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó una acción de nulidad contra esa resolución en el 2012, que no ha sido resuelto aún.

El 23 de abril la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al Indert en la disputa con Campos Morombí, rechazando la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa y abriendo así la vía legal para continuar el proceso y definir titularidad de las tierras.

Asimismo, el 16 de mayo, tras varias visitas y presiones, el presidente del Indert declaró que las tierras de Marina Kue son públicas, y sostuvo que “el Indert busca afanosamente una solución integral a la problemática de Marina Kue, que debe abordar indefectiblemente tres aspectos fundamentales: la propiedad del inmueble a favor del Estado; la cuestión social de los pobladores de la zona; y c) las acciones judiciales que pesan sobre los compatriotas afectados en el caso Curuguaty”.

Cecilia Vuyk, desde Asunción