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Mientras que Amado Boudou confirmó que se presentará a prestar la declaración indagatoria solicitada por el juez Ariel Lijo en la investigación de sus presuntos vínculos con la imprenta Ciccone, repasamos la historia del caso, el rol de los medios, los intereses en juego y la estrategia procesal del vicepresidente.

Para comenzar a entender el llamado “Caso Boudou” es necesario tener en cuenta que: 1) la denuncia que da origen a la investigación que intenta conectar al vicepresidente de la Nación Amado Boudou con la imprenta Compañía de Valores Sudamericana (CVS, ex Ciccone Calcográfica) se origina en un programa de Jorge Lanata; 2) además de CVS la única otra empresa privada argentina que puede imprimir documentos de seguridad es el Grupo Boldt (propiedad de la familia Tabanelli y dueña de Trilenium S.A. y otras empresas de juego e impresoras), vinculado vía Papel Prensa a Clarín y La Nación, y 3) en el rompecabezas de empresas, sociedades y grupos inversores están en juego millones de dólares y fuertes palancas de poder derivadas de la impresión de billetes y cheques, además de documentos tan sensibles para la seguridad nacional como documentos y pasaportes.

Es decir, es necesario leer el “caso Boudou” en el contexto del enfrentamiento del Grupo Clarín con el Gobierno nacional, sabiendo que no sólo se está apostando al esmerilamiento sistemático de la figura del vicepresidente de la Nación como forma de debilitar políticamente a la gestión de Cristina Kirchner sino que también se está operando en defensa de algunos intereses económicos concretos.

Historia de una imprenta

Ciccone Calcográfica es fundada en 1951 por los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, pero su paso al nivel de gran impresora de documentos de seguridad se dará recién con el Mundial 1978. Gracias a sus vinculaciones con el Almirante Lacoste, Ciccone obtendrá del Ente Autárquico Mundial 1978 la concesión para imprimir las entradas para los partidos mundialistas. Su relación con la Casa de la Moneda nacional seguirá profundizándose durante toda la dictadura. Con la llegada de la democracia y el gobierno de Raúl Alfonsín sus vínculos con el poder se tensarán, pero sólo para recomponerse en el menemismo.

Ya a fines de los años 90, Ciccone comienza a tener serias dificultades financieras. Primero fracasa un millonario negocio para imprimir documentos de identidad para China y luego el fin de la convertibilidad le dará un fuertísimo golpe a la empresa (aunque llega a imprimir los famosos Patacones). Ya en 2009 es muy cuestionada por las demoras de meses en la entrega de pasaportes y por no poder afrontar numerosas deudas con el fisco. En julio de 2010 la AFIP le reclama una deuda de más de 200 millones de pesos.

El 12 de agosto de 2010 la impresora, que ya no puede afrontar sus compromisos con el Estado, presenta quiebra. Aunque se baraja la posibilidad, lógica, de avanzar en un proceso de estatización, el juez del concurso de acreedores, Javier Cosentino, decide insólitamente entregarle la planta en arrendamiento al Grupo Boldt por un año. La cuestionable decisión judicial, que ampara de hecho la constitución de un monopolio privado en un área estratégica para la Nación, es invalidada en diciembre de 2010 gracias a una resolución de la Secretaría de Comercio, entonces presidida por Guillermo Moreno, que cuestiona la maniobra monopólica.

La quiebra de la Ciccone es levantada por la empresa The Old Fund (TOF), encabezada desde 2009 por Alejandro Vanderbroele, a través de diversos pagos en los meses de septiembre y octubre de 2010 por un monto de casi 4 millones de pesos. Según Vanderbroele, esos fondos provinieron en parte de Guillermo Renwick (yerno de Nicolás Ciccone) y de la firma London Supply SA. En recientes declaraciones, Vanderbroele señalaría que uno de los accionistas mayoritarios de TOF es el banquero y empresario mediático Raúl Moneta. En cualquier caso, el esclarecimiento de los verdaderos dueños de TOF como adquirente de CVS debiera ser el eje central de la investigación del caso.

El presunto rol del titular de CVS como “testaferro” de Boudou se plantea en febrero de 2012, cuando Lanata entrevista a Laura Muñoz, esposa de Vanderbroele (en proceso de divorcio). Luego el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten plantea la denuncia ante la Cámara Federal porteña y el caso recae en el juez Daniel Rafecas. En declaraciones judiciales posteriores, Muñoz no podrá aportar ninguna prueba al respecto y acabará negando sus dichos iniciales. El 29 de febrero Amado Boudou afirmará en una entrevista en 678 que todas las acusaciones son una “mentira total” y negará siquiera conocer a Vanderbroele.

El 16 de abril de 2012 se firmó el contrato entre CVS y la Casa de la Moneda para la impresión de 410 millones de billetes. Poco después Rafecas ordena el allanamiento del departamento de Boudou en Puerto Madero, cuyas expensas estaban a nombre de Vanderbroele, y el vicepresidente desde el Senado denuncia irregularidades en la investigación, lo que deriva en la renuncia del procurador general de la Nación, Esteban Righi, y en el posterior alejamiento de Rafecas de la causa, que recaería en el juez Ariel Lijo. El 22 de agosto de 2012 la Cámara de Diputados de la Nación aprueba una ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la CVS.

Imputaciones contra Boudou

La semana pasada el juez Lijo, luego de una intensa campaña periodística en ese sentido, finalmente decide convocar a Boudou a prestar declaración indagatoria, desoyendo los pedidos de nulidad de su parte. Así se sienta el primer precedente histórico de un vicepresidente en funciones imputado en una causa penal. Se lo acusa de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

El escrito de convocatoria de Lijo, amén de coincidir casi punto por punto en las versiones periodísticas, es extrañamente prejuzgatorio. Allí el juez plantea, con el ya patentado uso del condicional: “Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa «Ciccone Calcográfica» a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública. En este sentido, Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -Jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional”.

Luego prosigue describiendo los pasos de la “maniobra”, dando casi por ciertas cuestiones para las que hasta el momento no parece haber mayores elementos de prueba. Más allá de las reiteradas negativas de Boudou, las fotos y los videos del vicepresidente y de Vanderbroele sólo han existido en los titulares mediáticos, lo mismo que los relatos de la “antigua amistad” que supuestamente los une. Tampoco ha podido ser probado el “tráfico de influencias” de Boudou para el salvataje financiero de CVS, más allá de que sí existió un escrito suyo planteando la necesidad de levantar la quiebra en función de la defensa de los más de 300 puestos de trabajo.

Defensa del vicepresidente

El vicepresidente, quien incluso pidió adelantar la fecha de la indagatoria solicitada por Lijo, presentó este 5 de junio un durísimo escrito en el que, por un lado, ratifica que declarará y, por otro, exige que el juez se pronuncie en un plazo de 48 horas respecto del pedido de nulidad presentado por sus abogados. En este escrito Boudou cuestiona la “evidente intencionalidad perjudicial” de Lijo, le atribuye una “retórica engañosa” y denuncia que el auto de citación “se fundó en prueba preconstituida, con el único objetivo de ensuciar la figura del vicepresidente de la Nación y darle sustento a una hipótesis imputativa que ya viene siendo dirigida por los medios de comunicación”.

En ese sentido, Boudou también plantea que hay un “acuerdo explícito” entre “las decisiones infundadas del Magistrado” y “los trascendidos periodísticos”, por lo que solicita que su indagatoria sea televisada en vivo. Esta solicitud de televisación fue rechazada por el juez, pero Boudou anticipó que podría grabar por su cuenta la declaración que prestará en horas de la mañana y eventualmente compartirla con la ciudadanía.