Gestamp: suspensiones, despidos y conciliación obligatoria

Los efectos de la devaluación de enero y la caída de la demanda brasilera están provocando serios conflictos en la industria automotriz. Ese es el caso de Gestamp, empresa española de autopartes, que decidió hace 15 días la suspensión de varios trabajadores. Estos respondieron ocupando la fábrica desde el día martes. Finalmente el Ministerio de Trabajo bonaerense llamó a la conciliación obligatoria. Las críticas de Débora Giorgi y el accionar de la conducción del SMATA.

La industria automotriz atraviesa estos últimos meses una delicada situación, producto de la coyuntura económica surgida con la devaluación de enero pasado y la caída en los niveles de actividad, junto al déficit en la balanza comercial sostenida con Brasil, a raíz de la retracción en la demanda, del principal socio comercial de la Argentina. Esto llevo a que las principales empresas automotrices comiencen a suspender personal, como sucedió en los casos de Fiat, Renault y Peugeot.

Dentro de este contexto se destaca el conflicto gremial que se vive desde hace algunas semanas en la empresa autopartista Gestamp, ubicada en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, y cuya producción abastece a las empresas Ford y Volkswagen. Allí la empresa de capitales españoles tomó la decisión hace 15 días de cesantear a 67 trabajadores, para luego despedirlos. Ante la organización de los trabajadores y los reclamos suscitados por las asambleas de base en cada turno, los directivos procedieron a militarizar la fábrica y mediante el empleo de la guardia de infantería coartar cualquier intento de realizar alguna medida de lucha.

La respuesta por parte de los trabajadores despedidos fue organizar un acampe fuera del predio ocupado por la fabrica para sostener el reclamo por su reincorporación. La falta de respuesta tanto por parte de la empresa, como del Ministerio de Trabajo provincial y del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (SMATA), gremio bajo el cual se encuentran nucleados los trabajadores, llevó a que el día martes 27 de mayo nueve trabajadores despedidos ingresaran a la fabrica, se subieran a un puente grúa y lograran frenar la producción. Fuera de Gestamp otro grupo de despedidos realizaba piquetes en cada uno de los portones de la fábrica para impedir la entrada o salida de camiones.

En respuesta al accionar de los trabajadores, desde la empresa sostuvieron en un comunicado que “la difícil pero necesaria decisión de despedir a 67 empleados de su dotación constituye una medida disciplinaria frente al muy grave accionar de un grupo minoritario de trabajadores que, violentando elementales derechos y principios de convivencia laboral, forzó un paro de la producción y bloqueó los accesos a la planta, medidas que nunca tuvieron validación ni consenso del sindicato”.

Por su parte, la conducción del SMATA encabezada por Ricardo Pignanelli y que se encuadra bajo la CGT de Caló, criticó fuertemente la medida tomada por los trabajadores e indicó en una solicitada publicada el viernes en los principales diarios nacionales, que «la representatividad de los trabajadores no se logra abrazándose a una columna para impedir el normal funcionamiento de una fábrica o tomando por la fuerza otra. Se logra a través de los mecanismos democráticos que nos otorga la ley”, haciendo alusión al accionar de las comisiones internas y cuerpos de delegados conducidos por la izquierda, que se oponen a la conducción nacional del gremio.

Estas comisiones internas y asambleas de base de la industria automotriz salieron a su vez a responderle a Pignarelli al cual acusaron no solo de utilizar patotas, sino directamente de realizar “un llamado abierto a que se utilice la represión estatal”, como sostuvieron en un comunicado difundido horas después de haberse conocido la solicitada del gremio. Uno de los trabajadores despedidos, Roberto Amador, indicó que «el SMATA hasta ahora no denunció los despidos frente al Ministerio. Pignanelli dijo que le duele como si fuéramos sus hijos que cada uno de los afiliados esté en la calle, pero nosotros estamos peleando y no tenemos el apoyo del sindicato, que todavía no denunció nuestros despidos frente a Trabajo”.

La acción de los trabajadores que llevó al cese de actividades en diferentes empresas automotrices por no poder contar con las autopartes necesarias, provocó también una respuesta de parte de la presidenta Cristina Fernández, quien cargó contra Daniel Scioli y su ministro de Trabajo por no haber actuado antes y haber evitado el conflicto. Desde Santa Cruz y durante el cierre de un acto, la presidenta afirmó: “Tenemos cinco automotrices de las más importantes del país, que emplean a miles de trabajadores, prácticamente paradas porque en la provincia de Buenos Aires 9 o 10 personas, obreros o activistas, tomaron una planta autopartista”, y finalizó agregando que “mi poder es limitado. Por eso, le pido a las autoridades que se hagan cargo del problema y lo resuelvan y a los trabajadores, que cuiden la fuente de trabajo”.

Un día antes de las declaraciones de Cristina Fernández, desde la Jefatura de Gabinete se había recibido en una reunión tanto a dirigentes del SMATA como a integrantes de Gestamp, al propio gobernador Daniel Scioli y a miembros de gabinete nacional como la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni.

El sábado, al mismo tiempo en que la presidenta anunciaba su discurso, el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Oscar Cuartango, dictaminaba la conciliación obligatoria, haciéndose presente en la puerta de la propia empresa para comunicárselo a los trabajadores que seguían dentro de la misma desde el martes, quienes al conocer esta noticia bajaron de la grúa y cedieron en la medida de fuerza que venían llevando adelante.

Según lo comunicado por Cuartango, la conciliación obligatoria dictaminada por Trabajo insta a la empresa a la reincorporación de los trabajadores que todavía no hayan alcanzado un acuerdo con la misma, que son 35 de los 67 despedidos, y el regreso a las actividades con total normalidad, mientras estipula un plazo de 15 días para resolver el conflicto y durante el cual se pretende no se adopten medidas de fuerza. El comunicado agrega también que “durante la audiencia (del día viernes), ni SMATA ni la empresa reconocieron la existencia del conflicto colectivo, razón por la cual ese mismo día la cartera laboral tomó audiencia a los delegados de los trabajadores despedidos”.

En estos días se abren las negociaciones entre los diferentes actores que intervienen en el conflicto. Los trabajadores apuntan que aunque todavía falta para conseguir la reincorporación definitiva de los despedidos, “lo más importante es que logramos que reconocieran que fue un despido colectivo y no sanciones individuales”, mientras desde la conducción del gremio cargan contra los trabajadores a quienes acusan de violentos. Para la ministra Débora Giorgi “la solución de la Provincia es para la foto, no mira lo que puede pasar mañana, no resuelve el problema medular. Las extorsiones permanentes no se pueden tolerar”.