Bandeado de apremio… Sobre el acuerdo de París

Por Emiliano López. En los últimos meses, el objetivo saliente de la estrategia de política macroeconómica del gobierno argentino estuvo centrado en llegar a un acuerdo con el Club de París para lograr una refinanciación de la deuda que había sido declarada en cesación de pagos en el año 2001. Este objetivo, se suma al paquete de medidas que se vienen implementando desde enero (devaluación del peso, aumento de tasas de interés, ajuste fiscal en varias provincias, reducción de subsidios a los servicios públicos, entre otras).

Recientemente se dio a conocer el acuerdo con el Club de París que permite una refinanciación de los 9.700 millones de dólares que se adeudan a este grupo de países centrales y, sobre todo, se han intentado destacar dos cuestiones positivas del acuerdo: no se paga con intereses elevados como los que en un principio exigían los acreedores (se pagará una tasa del 3,8%) y el acuerdo no ha incluido al FMI y, por tanto, no habrá condicionamientos ni monitoreo de parte de este organismo hacia la economía argentina.

Podríamos centrar nuestra atención sobre los aspectos macroeconómicos y el impacto del acuerdo, o bien en la discusión sobre la legitimidad de la deuda pública (en este caso sobre todo), o bien las causas del crecimiento de la deuda en términos absolutos aún cuando el Estado argentino se convirtió en “pagador serial”, o bien el debate acerca de las alternativas posibles del gasto de los recursos del Estado Nacional y, en particular, de las reservas del Banco Central.

Sin embargo, nos interesa más otra cuestión por la manera en la cual se plantea el debate en los medios masivos: ¿en qué medida puede tomarse este acuerdo como una política que favorezca a los sectores populares?  ¿Cuál es el argumento central para explicar el pago con reservas del Banco Central como un paso necesario para continuar con un “modelo de crecimiento inclusivo”? Luego de escuchar las posturas oficiales y la coincidencia de éstas con las oposiciones anti-populares en relación al “éxito” del acuerdo, el punto clave es: la generación de confianza.

Este argumento, que es típicamente liberal más allá de las retóricas nacional-populares forzadas, tiene por objeto basar la reactivación económica en estos años de bajo crecimiento, en un ingreso de divisas por dos canales. Por un lado, los mayores niveles de confianza habilitarían el nuevo endeudamiento público en mejores condiciones, lo cual daría más cuerpo al ingreso de dólares y a las reservas del Central. Por otro, generaría condiciones de menor incertidumbre para que el país atraiga inversiones extranjeras. Además, reduciría la prima de riesgo de las empresas radicadas en Argentina para endeudarse en el exterior en condiciones favorables.

Paradójicamente, fueron precisamente estos argumentos relacionados a la reducción de la incertidumbre, la generación de confianza y la recuperación de la normalidad financiera, los que utilizaron las organizaciones empresarias desde la Unión Industrial Argentina (más comprometida con el desarrollismo del siglo XXI) hasta la Asociación Empresaria Argentina (típicamente neoliberal) pasando por las entidades patronales del agro, para impulsar primero la cesación de pagos de 2001, para que el Estado respalde sus imposibilidades de saldar las deudas contraídas durante la fiesta de los noventa; luego la pesificación asimétrica de 2002, para no perder con la devaluación; y más tarde de las sucesivas renegociaciones de deuda, para lograr reinsertarse en los mercados de crédito barato o conseguir deducciones de intereses sobre las deudas ya contraídas.

Para los sectores populares parece que, nuevamente, lo que queda es esperar que esta vez sí las clases dominantes favorecidas por este acuerdo se dignen a invertir, reactivar la producción, dejar de especular y demás. De nuevo, como en la devaluación de enero, como con el aumento de tasas de interés, como con el acuerdo de precios, parece que desde el gobierno y los proyectos políticos anti-populares que aplauden el acuerdo, se depositan las ilusiones de una Argentina inclusiva en  la voluntad de los empresarios.

El apremio por reimpulsar la acumulación en Argentina, ha llevado la discusión sobre la macroeconomía a una confluencia de discursos que parecían opuestos. Para todos ellos, los sectores populares aparecen como meros observadores.

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata / investigador del CONICET / Miembro del Centro de Estudios para le Cambio Social