Milani, Verbitsky y los delitos de lesa humanidad en la Rioja

Horacio Verbitsky volvió a cargar contra César Milani y se mostró fuertemente crítico del proceso judicial llevado adelante en la Rioja, donde está involucrado el actual jefe del Ejército. Para el titular del CELS se está cerrando la investigación en vez de profundizarla. La respuesta de Milani y del fiscal Michel Horacio Salman. 

Cesar Milani volvió a ser duramente cuestionado estos días por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dirigido por Horacio Verbitsky. El periodista le imputa al actual teniente general utilizar su posición dentro la estructura castrense para frenar las causas judiciales en las que se investiga su participación en violaciones a los derechos humanos en el transcurso de la última dictadura militar, dentro de las provincias de Tucumán y la Rioja.

El jefe del Ejercito Argentino enfrenta dos investigaciones que parecen desarrollarse en sentido inverso. Mientras la Justicia tucumana insta “con graves recomendaciones” a los fiscales federales, a profundizar sobre el rol de Milani en la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, en la Rioja, el fiscal Horacio Salman sostiene no haber encontrado nada que permita sostener una acusación contra el entonces subteniente, donde es investigado por “imposición de tortura agravada, allanamiento, privación ilegal de la libertad agravada”.

Lo actuado por Salman dio lugar a una serie de críticas lanzadas desde el CELS y contenidas en un documento de reciente publicación. En el mismo, el centro de estudios sostiene que el actual fiscal subrogante de la Rioja convalida el pedido de la defensa de cerrar la causa contra Milani, ya que “pone en duda el valor de los testimonios de los familiares de las víctimas y privilegia el testimonio de descargo del acusado, descarta la compleja trama de órdenes legales e ilegales que funcionó como marco del terrorismo de Estado y considera legales los actos amparados en la ley ‘antisubversiva’ 20.840”.

La causa que se tramita en los juzgados riojanos parte de la denuncia realizada por Ramón Olivera, primero en 1979, luego en 1984 ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos, y por ultimo en julio de 2013. Olivera afirma que su padre, Pedro Olivera, fue víctima de una detención ilegal y posterior tortura, ocurrida en marzo de 1977. El responsable del operativo de secuestro fue el entonces subteniente de ingenieros, Cesar Milani. Por otra parte, el propio Ramón Olivera fue secuestrado dos días después que su padre, el 14 de marzo de 1977, y conducido al mismo lugar, el Instituto de Rehabilitación Social (IRS), para ser trasladado luego ante el Tribunal Federal, a cargo del juez Roberto Catalán (hoy procesado por estos hechos). Milani no solo participó de este operativo, sino que estuvo durante todo el interrogatorio judicial, intimidando a Olivera.

En abril de este año, y tras el desarrollo de la investigación, la defensa de Milani exigió la declaración de nulidad del juicio, ante lo cual el juez que atiende en la causa, Herrera Piedrabuena, pidió a las partes que se expidan. En este sentido Salman, al presentar su escrito, “convalida los argumentos de la defensa para interrumpir, en forma totalmente prematura, la investigación en curso sobre la posible responsabilidad de Milani en los hechos denunciados”, sostiene el informe elaborado por el CELS.

Los argumentos esgrimidos por la defensa y el fiscal sostienen que Milani nunca pudo haber sido participe del secuestro de Pedro Olivera, ya que se encontraba detenido en el Batallón de Ingenieros 141, donde revistaba, según consta en su legajo personal. Mientras en el caso de Pedro Olivera, la defensa se ampara en la ley antisubversiva 20.840, bajo la cual se sostiene que Milani solo oficiaba de custodio durante el traslado. También se busca invalidar el reconocimiento fotográfico realizado por Olivera, ya que para el fiscal el ex detenido-desparecido confunde a Milani con otra persona.

Desde el CELS indican que el hecho de encontrarse bajo arresto según consta en el legajo personal, no es sinónimo de no haber sido parte de los hechos, ya que aquí suele imperar una doble normatividad o “Doctrina del Paralelismo Global”. En este sentido se pronuncia Verbitsky, cuando afirma que “la jurisprudencia rechaza que la responsabilidad de un imputado en crímenes de lesa humanidad se acredite sólo en base a prueba documental”.

Por otro lado, el amparo en la ley antisubversiva 20.840, “es contraria a toda jurisprudencia y a los criterios que se aplican en la justicia argentina desde la reapertura de los juicios”, sostuvo Gastón Chiller, integrante del CELS, en dialogo con La Mar en Coche, FM La Tribu, y agregó: “Salman valora esto al revés. Va en contra del accionar de todos los fiscales en casos de lesa humanidad. En vez de cerrar las investigación tiene que profundizarla”.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, Salman no solo “desacredita el testimonio de Olivera y renuncia a valorarlo en armonía con el conjunto de otras pruebas agregadas en el expediente”, sino que entiende que Milani está “libre de responsabilidad por haber participado en un tramo del delito cometido contra Olivera, al que enmarca como actividad legal, aunque previamente se lo hubiere torturado, se lo haya blanqueado en el juzgado y no se le hubiese admitido la denuncia”.

La respuesta de Cesar Santos Gerardo del Sagrado Corazón de Jesús Milani no se hizo esperar y el jefe del arma respondió mediante un comunicado donde argumentó: «No hay imputados que hayan sido indagados o procesados por participar de traslados de detenidos entre el juzgado federal y la cárcel de la ciudad de La Rioja, con lo cual es falso que por casos similares haya imputados que estén en prisión”. También sostiene que el hecho de ser el máximo titular del Ejército no le brinda impunidad.

Al darse a conocer el documento producido por el CELS, Salman también se defendió. «Es una mentira enorme lo que se ha salido a difundir entre la gente, que esta causa se terminó. Está más abierta que nunca, porque más allá de esta instancia quedan dos instancias más, las apelaciones a la Cámara de Córdoba y a la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo el fiscal riojano, e indicó “yo mismo soy el que pido al juez que se siga investigando la causa”.

Junto a la causa que se tramita en la Justicia riojana, Milani enfrenta un proceso judicial en la provincia de Tucumán por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, producida en el marco del Operativo Independencia (según consta en «El escuadrón perdido«). En este caso el responsable señalado como autor de la desaparición es el capitán Esteban Sanguinetti, quien revistaba al igual que Ledo y Milani, en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141.

Las acusaciones contra Milani recaen en este caso, por haber sido quien redactó el acta de deserción simple bajo la cual el Ejército buscó cubrir el asesinato de Ledo, ocurrido mientras integrantes del Batallón de Ingenieros se encontraban en comisión en la provincia de Tucumán, durante el año 1976.

Recientemente la Cámara Federal de Tucumán instó al Ministerio Público a “profundizar la investigación sobre otras responsabilidades por delitos cometidos en perjuicio de Alberto Agapito Ledo, consumados en la provincia de Tucumán, tanto en lo referido a la privación ilegítima de la libertad como el destino final del mismo”.