América Latina

20 mayo, 2014

La reforma educativa llega al Congreso de Chile

Este martes ingresó al parlamento chileno el proyecto de reforma educativa presentado por la presidenta Michelle Bachelet. Entre otras medidas supone el fin de los colegios con fines de lucro, el financiamiento compartido y la selección de estudiantes.

Este martes ingresó al parlamento chileno el proyecto de reforma educativa presentado por la presidenta Michelle Bachelet. Entre otras medidas supone el fin de los colegios con fines de lucro, el financiamiento compartido y la selección de estudiantes.

El lunes Bachelet presentó los proyectos de ley que ingresaron este martes al parlamento en función de la reforma educativa que había sido una de sus promesas de campaña. «Estamos dando el primer paso de la reforma educacional más significativa que Chile ha tenido en los últimos 50 años, estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos ante Chile, iniciar un proceso de que permita asegurar calidad, gratuidad y acceso a la educación», expresó la mandataria durante la firma de las iniciativas.

La propuesta ataca tres nudos del sistema educativo actual que ha sido motivo de debate en la sociedad chilena durante los últimos años: el lucro, la selección y el llamado “copago”, o sea las cuotas que los padres pagan para que sus hijos estudien.

En lo que respecta a los actuales colegios con fines de lucro la nueva legislación estipula que se pondrá fin a este objetivo en todos los establecimientos que reciban aportes públicos. La finalidad buscada es que quienes gestionen las instituciones educativas reinviertan los recursos que reciben por parte del Estado.

Asimismo, se indica que para «adecuarse» a la nueva legislación y seguir recibiendo aportes del Estado, los establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro deberán estar constituidos en un plazo máximo de tres años como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro.

Sobre el financiamiento compartido el Ministerio de Educación establecerá un proceso de aumento de los aportes del Estado a los colegios, con el fin de ir disminuyendo gradualmente (hasta eliminarla) la mensualidad que deben pagar los padres por la educación de sus hijos.

En la misma línea, la Reforma Educativa establece que en ese proceso serán prioritarios los niños más vulnerables del país y que en el tercer año de aplicación de la ley, se debiera haber «igualado» el total de recursos con que los padres contribuyen actualmente vía copago y, en un plazo de 10 años, se habrá duplicado dicho monto.

Finalmente, se prohibirá a los establecimientos que reciben fondos públicos aplicar mecanismos de selección de estudiantes que generen discriminación arbitraria sobre la base de sus características socioeconómicas, étnicas o culturales. En los casos que exista sobredemanda de postulantes, se realizará una selección aleatoria aunque se tomarán en cuenta factores como existencia de hermanos en el colegio, si son hijos de profesores del mismo establecimiento o si viven en el mismo barrio de la institución.

Estarán excluidos de esta normativa los colegios llamados «emblemáticos», es decir aquellos más tradicionales. El Ministerio de Educación indicó que se generará un estatuto especial para que estos establecimientos no sigan seleccionando mediante pruebas o test académicos. Sin embargo, podrán realizar un proceso de selección particular, en el cual podrán dar prioridad a los alumnos postulantes que pertenezcan al 20% de mejor rendimiento académico del colegio del cual proviene.

Al momento de la presentación, la presidenta de Chile remarcó que «estamos instaurando garantías, estamos haciendo aquello que tanto repitieron nuestros estudiantes, la educación es un derecho y no un privilegio”. En el mismo sentido repasó los puntos principales del proyecto al afirmar que “el lucro, la selección y el copago son incentivos equivocados que combinadamente fomentan la segregación y las inequidades, los proyectos que estamos presentando hoy día no son fruto del azar, son fruto del diálogo con la sociedad civil, de expertos y parlamentarios».

La bancada estudiantil parlamentaria (como se conoce a los diputados provenientes de las luchas estudiantiles de los últimos años) conformada por Camila Vallejo y Karol Kariola, del Partido Comunista, y Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, destacaron en líneas generales el proyecto, pero pidieron tiempo para analizar en profundidad la «letra chica» del texto.

«Estos son proyectos y transformaciones necesarias pero no suficientes, y por lo mismo, creo que es necesario seguir presionando para que los proyectos que se vienen tengan la participación de los actores de la sociedad civil y puedan ser construidos de manera colectiva en el Parlamento», señaló Jackson. En tanto, el vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), Ricardo Paredes, pidió que les llegue la iniciativa completa para «estudiar los alcances en conjunto con la mesa directiva y dar a conocer durante las próximas semanas las recomendaciones que se consideren necesarias».

Por su parte Jesús Triguero, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), sostuvo: «Siempre hemos sido defensores del financiamiento compartido porque hemos creído que ha sido un aporte muy interesante que se ha hecho a la educación chilena. Los padres han aportado y ha mejorado significativamente la educación». Además, el titular del ente que nuclea a los colegios privados (particulares como le dicen en Chile) agregó: «El señor ministro (de Educación) ha ninguneado la educación particular (…) y eso es mirarla en menos, y mirar en menos a los padres que, mayoritariamente en las encuestas, nos están prefiriendo».

Finalmente, los parlamentarios de la derecha chilena salieron a cuestionar duramente el proyecto del Ejecutivo. «Es una reforma que no apunta a la calidad; es sólo un control estatal de la educación que tiene prioridades equivocadas», expresó el senador Andrés Allamand, de Renovación Nacional (RN).

En este mismo punto, la también senadora Ena Von Baer, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), señaló que «no se dijo nada de la educación pública y la única mirada de la reforma es terminar con la educación particular subvencionada, lo que quita otra opción de proyecto educativo».

En este escenario, el proyecto de ley ingresará por la Cámara de Diputados este martes tendrá un plazo de 30 días para ser debatido y votado.

 

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Notas