Diversidad: avances, quietudes y batallas que dar

A días del segundo aniversario de la promulgación de la Ley de Identidad de Género y en el Día contra la discriminación por orientación sexual y género: casos, números e ideas para seguir allanando el camino.

Octavio Romero tenía 32 años cuando lo encontraron muerto y desnudo en el Río de la Plata. Era suboficial de prefectura y había desaparecido seis días antes de la casa que compartía con su novio, Gabriel. Gabriel supo de su muerte por los medios: «pensamos que te habías enterado», le dijo un comisario. En la sección de policiales de los diarios lo llamaron “El prefecto gay“.

Miquilo, una travesti de 29 años, estaba en Orán, provincia de Salta cuando un grupo de jóvenes se bajó de un auto rojo y la llenó de puñaladas en todo su cuerpo. Camino al hospital, se negó a efectuar la denuncia por no “afligir“ a su madre: sólo llegó a mencionar una banda de “ultramoralistas“ que se dedicaban a asaltar travestis y prostitutas. Miquilo murió a los pocos minutos en la ambulancia.

Cuando encontraron el cuerpo sin vida de Aldana Palacios, una chaqueña de 50 años que ejercía la prostitución, los medios locales titularon al unísono: «Posible crimen pasional». Estaba semidesnuda y con golpes en la cabeza, detrás de una obra en construcción. Por el caso está procesado un joven de 17 años. El documento de Aldana aún llevaba su nombre de varón, y su causa fue caratulada como «presunto homicidio simple».

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Entre cada una de estas historias pasó un año, pero no son fenómenos aislados.

Según un estudio realizado por GNetwork360 (un evento B2B al que asisten más de 1400 empresas para debatir acerca del negocio dentro del segmento LGBT –lesbianas, gays, bisexuales y trans– del mercado), los habitantes de América Latina perciben un alto grado de homofobia en sus entornos.

En Brasil, un 84% de los encuestados piensa que la mayoría de sus paisanos son homófobos; lo mismo opina el 80,8% en Colombia, mientras que en México es un 79,6% el que lo cree. Argentina está detrás, con un 71%.

La violencia ejercida hacia personas del colectivo LGBT está enmarcada en la que –aún sin lograr un criterio ni nomenclatura uniformes– se conoce como violencia de género, machista, patriarcal, o simplemente hacia las mujeres. Sin embargo, los números demuestran una bifurcación en el camino.

Según el Informe anual de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en 2013 los femicidios se incrementaron un 15%, pasando de 255 a 295: uno cada 30 horas.

Por el contrario, el último Informe anual de crímenes de odio de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) indica un amplio descenso: de catorce personas asesinadas en un año por ser homosexuales o trans, el número se redujo a seis, casi un 60% menos.

La estadística no deja de preocupar: el área jurídica de la CHA recibe un promedio de 1500 denuncias anuales por casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, además de aquellos que nunca son notificados y se pierden en el temor o la desinformación. “Los datos, siempre dolorosos, del Informe Anual muestran una realidad diferente», afirma César Cigliutti, presidente de la organización. Y aclara: “Aunque vivimos en una sociedad más justa e igualitaria, estos crímenes son expresiones que todavía quedan de un pasado que estamos transformando“.

Más leyes que trampas

El 14 de julio de 2010, Octavio Romero se había quedado dormido mientras Gabriel miraba la televisión. En la madrugada despertó sobresaltado y le preguntó a su novio: “¿Tenemos Ley?“. Se abrazaron y lloraron juntos: el Congreso había aprobado el matrimonio entre personas del mismo género y había convertido a la Argentina en el primer país de América latina en legalizarlo.

Tiempo después, el 9 de mayo de 2012 se aprobaba la Ley de Identidad de Género y Lulú, que por entonces era Manuel, tenía cuatro años. “Yo nena, yo princesa» le decía a su mamá Gabriela que, en búsqueda constante, aún no sabía que su hija iba a convertirse en la primera niña en efectuar un cambio en su identidad de género. En noviembre de 2013, y después de una larga batalla burocrática, Lulú obtenía su nuevo DNI.

Los avances en materia legislativa son –aunque insuficientes– notables. Pero el núcleo de la batalla sigue estando en la sociedad: erradicar el estigma de la discriminación implica, no sólo tener leyes que acompañen y amparen, sino además calar hondo en los paradigmas culturales de cada comunidad.

La Ley de Identidad de Género se convirtió rápidamente en un fuerte impulso para eso: es considerada modelo en el mundo, porque no patologiza, no requiere autorización judicial (todo debe realizarse por vía administrativa) y no obliga a la reasignación genital. Los números confirman: sólo en su primer año de existencia, cerca de tres mil personas trans tramitaron nuevos DNI.

“Tenemos mucho que celebrar», expresó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) en aquel primer aniversario, “pero no perdemos de vista todos los aspectos pendientes, entre los cuales nos preocupa especialmente el de la salud integral“.

Empleo y salud son las materias pendientes de la Ley. Ejemplo de eso es la falta de reglamentación del artículo 11, referido a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos hormonales, tanto en el sistema de salud público como privado.

En ese sentido, el pasado 15 de mayo la FALGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), presentaron en el Senado dos iniciativas: un proyecto para la creación de un programa nacional de atención integral de la salud para el colectivo trans y otro para crear la “Asignación para la Ciudadanía trans», como un piso de protección social a las personas mayores del colectivo.

Ambas se realizaron en el marco de las acciones que la FALGBT y ATTTA desarrollarán por el mes de la Diversidad Sexual, que se extenderá del 17 de mayo, Día contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, al 28 de junio, Día del Orgullo LGBT.

Carolina Rosales Zeiger – @caroerrezeta