«Un símbolo del ajuste del gobierno de Scioli»

Este miércoles 14 se llevó adelante en La Plata una jornada provincial de lucha de ATE para pedir el fin de la causa iniciada hace un año contra trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación por “coacción agravada”.

Silvia Valdez, delegada de la junta interna de ATE, en diálogo con FM Radionauta, explica que en el día de la fecha se llevó adelante una jornada de lucha provincial en la puerta de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires por cumplirse el primer aniversario de la detención y procesamiento de 6 dirigentes de la junta interna de ATE Educación, incluida ella misma. El festival, con radio abierta y acto central en el que se expresó la solidaridad de diversas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, planteaba como objetivo central el “cierre de la causa” que los mantiene procesados bajo el cargo de “coacción agravada”, una figura legal utilizada clásicamente para judicializar las luchas sociales y políticas, a la que le pueden corresponder penas de hasta 10 años de prisión.

Valdez explica que su detención se da en el contexto de la lucha que estaban llevando adelante en 2012 contra los recortes de personal y despidos que la gestión de Nora de Lucía había comenzado a aplicar en la DGCyE como “punta de lanza” de una política provincial: “Es como un símbolo del ajuste del gobierno de Scioli”. En el marco de esa lucha que planteaba la reincorporación de 150 trabajadores despedidos y un reajuste salarial, fue tomada durante 11 días la Dirección de Escuelas y se obtuvieron compromisos de una mesa de negociación que nunca se cumplieron por parte del gobierno provincial. A fines de 2012 se inicia la causa por “coacción agravada” y el juez de garantías platense César Melazo ordena en marzo de 2013 la detención de los 6 activistas procesados.

Recuerda Valdez: “El 14 de mayo el juez Melazo instruye para que nos detengan a 6 compañeros de la junta interna de ATE educación. El día ese salíamos de una reunión con Montes de Oca, que es el funcionario de negociaciones colectivas, con el que habíamos estado teniendo una reunión por un pedido de subsidios para los compañeros que habían sufrido la tragedia de la inundación. Y a la salida fuimos emboscados por personal de civil y por algunos que eran de la guardia policial del Ministerio, pero que estaban de civil, que sin pedirnos identificación nos detienen”.

Finalmente, todos son liberados (“por una excarcelación extraordinaria”), pero la causa continuó su curso judicial y hace poco más de un mes atrás el fiscal Tomás Morán pide la elevación a juicio de la misma. Finalmente esto no sucede porque Morán el fiscal “es apartado de su cargo porque tiene denuncias por corrupción”, cuenta Valdez, y la nueva fiscal Betina Lacki no estuvo de acuerdo con el planteo de su antecesor, por lo que la causa “sigue abierta pero no se va a elevar a juicio”. Valdez plantea que los acusados pidieron declarar en la causa “porque todo lo que por ahora está en la causa son las mentiras y las falsedades que han dicho tanto la Policía como los funcionarios. Por eso algunos de nosotros queríamos declarar. Y con este intento de elevación a juicio se nos impedía este derecho a declarar y a defendernos”.

La dirigente de ATE además señala que más allá de la cuestión judicial “hay una cuestión política” en su procesamiento, que tiene que ver con el rol que sindicalmente están jugando ATE en la DGCyE: “Nosotros en el Ministerio seguimos con conflicto gremial porque muchas de las cuestiones que tenemos pendientes de la toma, que también han sucedido a principios de año con el cierre de una paritaria totalmente trucha que fue firmada por algunos sindicatos y que rechazó ATE, nosotros nos estamos oponiendo a esta firma y estamos reclamando un verdadero aumento, que vaya al básico y demás. Pero creemos que también este intento de mover la causa tiene que ver con el conflicto que estamos dando los trabajadores de la Dirección de escuelas”.

Además, Valdez denuncia que esta política de ajuste que está llevando adelante De Lucía se complementa con un proceso de “militarización” de la DGCyE: “Nosotros tenemos que realizar asambleas rodeados de cámaras de vigilancia. La vigilancia es para los trabajadores, porque ha habido robos, hay muchos hechos de corrupción adentro de la Dirección de Escuelas, pero eso sigue pasando. La Policía no está para eso, la Policía está para controlarnos a los trabajadores, es así de claro”.

Finalmente, Valdez señala que esta situación de “persecución política y gremial” se da en el marco  de “toda una ofensiva de criminalización de la protesta” y que por eso suman a su reclamo particular los de desprocesamiento de los miles de trabajadores encausados por luchar en el país, así como el reclamo de libertad para «los petroleros de Las Heras, Esteche, Lescano y todos los presos políticos».