Se reactiva una denuncia penal contra Cristina por el acuerdo con Chevron

Se reactivó la causa contra la presidenta Cristina Kirchner por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y contaminación en grado de tentativa, por la aprobación del acuerdo Chevron-YPF para la explotación de Vaca Muerta.

A mediados de 2013 el legislador del MST Alejandro Bodart y el abogado ambientalista Enrique Viale presentaron una demanda contra la presidenta Cristina Kirchner por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tentativa de contaminación ambiental por la firma del decreto que convalidó el acuerdo con la petrolera Chevron para explotar el yacimiento de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Luego el fiscal Eduardo Taiano presentó una apelación planteando que no había delito alguno ni justificativo para el inicio de una causa penal contra la presidenta, pero este martes 13 de mayo la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña rechazó el pedido de Taiano (con la firma de los jueces Horacio Cattani y María Irurzun y la disidencia de Eduardo Farah), con lo que se habilitaría a la jueza Servini de Cubría para continuar con la investigación de la causa.

La denuncia presentada por Viale y Bodart enumera una serie de cuestionamientos al decreto presidencial de acuerdo con Chevron para la explotación de petróleo y gas no convencionales (shale oil y shale gas). El acuerdo permite que Chevrón exporte el 20% de su producción sin pagar derechos de exportación, tenga la libre disponibilidad del 100% de las divisas, tenga garantizado un eventual precio interno igual al internacional, goce de un arancel cero para la importación de varios tipos de maquinarias y obtenga la concesión de áreas hidrocarburíferas por 25 años (prorrogable por diez años más). Además plantean que el acuerdo con la multinacional implica el riesgo cierto de que “arrase con los derechos de los pueblos originarios” y provoque un “daño irreparable al ambiente” por la utilización del internacionalmente cuestionado método de fractura hidráulica o fracking.

En la denuncia también se recuerda que Chevrón fue “fue expulsada de Ecuador y multada en 19 mil millones de dólares por los graves perjuicios causados en ese país hermano”.

Además los denunciantes sostienen que el decreto 929/2013 firmado por la presidenta constituye “una clara violación” a lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos (17.319), su ley modificatoria (26.197) y al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios”.

En su habitual conferencia matutina el jefe de Gabinete Jorge Capitanich planteó que la actual denuncia contra Cristina obedece a intenciones de “agentes internos y externos quieren afectar el interés estratégico argentino”. Y señaló que esto “no es casualidad”: “todos saben que la República Argentina es el segundo lugar de reserva de shale gas del mundo y el cuarto de shale oil. No es casual el incremento sistemático de los niveles de producción de YPF, no es casualidad que el acuerdo con Chevron implicó el desembolso de millones de dólares”.

Y, en línea con la defensa de la minería y las actividades extractivistas que viene sosteniendo Presidencia, cuya más reciente expresión fue la intervención de Cristina Kirchner en la conferencia de prensa conjunta con Bachelet de este lunes, en la que sostuvo que la “minería no es mala per se”, planteó “Cuando escucho que algunos se oponen a la minería, el petróleo, el gas, a las tecnologías de extracción, ¿se oponen a andar en auto?”. Y que pareciera que este tipo de denuncias apuntan a “volver a una sociedad pastoril”.

Luego de conocida la resolución judicial que revitaliza la investigación contra la presidenta, Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se manifestó satisfecho por la decisión y sostuvo: “Hasta ahora no vimos una Justicia activa, sobre todo desde el lado de la Fiscalía. Ahora la Justicia debe investigar, se tienen que abrir una serie de pruebas en esto. Esperemos que e mpiece a tener consecuencias concretas en cuanto a las prerrogativas que obtiene Chevron”.

Finalmente, el “ecodiputado” Viale explicó que el método de fractura hidráulica necesario para explotar estos yacimientos no convencionales exige la utilización de enormes cantidades de agua, que pueden resultar conteminadas: “El fracking es una vuelta de tuerca del extractivismo, que es chuparle los últimos jugos a la tierra”. Además señaló que el método ya está prohibido en numerosos países del mundo por su impacto nocivo para el medio ambiente.

“Chevron es una empresa prófuga de la Justicia ecuatoriana. Espero que no hagan lo mismo acá. Puede generar un perjuicio que va a durar muchos años”, concluyó Viale.