La Nación y la política de DD.HH.

El diario La Nación volvió a cargar contra la política de derechos humanos llevada adelante los últimos años. En este caso exhortó a la reconciliación nacional bajo el paraguas de la teoría de los dos demonios y celebró la absolución del juez Hooft. El turno judicial de los responsables civiles y el caso de Vicente Massot como trasfondo.

El lunes 28 de abril, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires resolvió absolver al juez Pedro Federico Hooft, por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, centralmente los referidos a la Noche de las Corbatas. Por 8 votos contra 2, el tribunal bonaerense dictaminó que los delitos imputados al juez marplatense no son de lesa humanidad y por lo tanto han prescripto.

Al calor de esta noticia, el diario La Nación se despachó con una editorial titulada “La justicia prevaleció sobre la venganza”, donde en clave de la teoría de los dos demonios, se sostiene que las acusaciones contra Hooft respondían ni más ni menos que a una persecución política del kirchnerismo.

Pedro Hooft supo integrar durante los años ’70 la Concentración Nacional Universitaria (CNU), la organización de derecha vinculada a la Alianza Anticomunista Argentina, con presencia en La Plata y Mar del Plata. Después del golpe del 24 de marzo, Hooft fue designado por el interventor militar de la provincia de Buenos Aires, como juez en lo criminal y correccional en Mar del Plata.

Entre el 6 y el 13 de julio de 1977 se produjo en la ciudad costera el secuestro de 11 abogados y abogadas vinculados a organizaciones de derechos humanos y defensores de presos políticos. Operaba en la zona el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601, al mando del coronel Alberto Pedro Barda.

Al juzgado de Hooft llegaron los habeas corpus elaborados por familiares y conocidos de los secuestrados, sin embargo el juez solo intercedió por uno de ellos, Camilo Ricci, quien apareció con vida 24 horas después de haber sido secuestrado. Con respecto a las otras 10 personas desaparecidas, Hooft no repitió el procedimiento y rechazó los habeas corpus. La presentación judicial señala que por ejemplo “al conocer que Ricci había sido detenido en las mismas circunstancias que el Dr. Alais y por la misma gente, Hooft sabía que estaba ilegítimamente detenido en el mismo lugar. Su inacción sólo se puede explicar cómo la decisión de permitir que continuara cautivo en forma ilegal”.

Su actuación durante este periodo le valió la apertura de dos causas, por un lado el proceso político y por otro el penal. La causa judicial se llevó adelante a raíz de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos, presidida por el entonces secretario Eduardo Luis Duhalde; la causa penal se abrió a partir de una denuncia de la Secretaría de Denuncias y Acusaciones contra Magistrados y Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Hooft trabó ambos procesos y utilizó todas las artimañas legales disponibles. Finalmente en el juicio político resultó absuelto.

A raíz del cierre de este procedimiento judicial, desde las páginas del periódico La Nación, se sostuvo en estos días que el caso de Hooft era “a todas luces, un ejemplo de persecución política en nombre de los derechos humanos que el kirchnerismo enarboló recién en 2003, nunca antes, y que utilizó como un ariete e instrumento de venganza”. Solo restó indicar que los derechos humanos también se convirtieron en un negocio, como cierto periodismo gustó en su momento de afirmar.

Sin embargo, el matutino fundado por Mitre fue mas allá de los señalado arriba y arriesgó que hoy existen presos políticos por culpa de la venganza oficial. Dicha venganza oficial se centraría en los “jóvenes militares que enfrentaron a las organizaciones terroristas en la guerra interna que vivió el país con un saldo de dolor y muerte por ambos sectores enfrentados”.

Dos bandos, una guerra interna y la sociedad toda como víctima del terror al que fue sometida tanto por izquierda como por derecha. La Nación gusta de repetir el ABC de la teoría de los dos demonios, ahora aderezado con la crítica al kirchnerismo, responsable del revanchismo llevado adelante en la política de derechos humanos. Seguramente sostener que la memoria debería ser completa era cruzar una raya que el diario no podía afrontar, por lo que buscó engalanarla debajo del reclamo de la reconciliación nacional y la concordia entre argentinos.

Los argumentos utilizados por La Nación no representan ninguna novedad, en tanto se han convertido en uso habitual de aquellos sectores que se muestran críticos y furibundamente opositores a los juicios por delitos de lesa humanidad y a la lucha encarada por las organizaciones de derechos humanos.

Lo que aporta su relevancia en esta oportunidad es el contexto bajo el cual la editorial se publica. Con la mayoría de las causas a los responsables militares encaminadas y sus periodos de instrucción cerrados, llegó el turno de los responsables civiles en sus variados ámbitos de participación y colaboración con la dictadura. Los delitos económicos, el accionar de la corporación judicial, y el rol de los medios de comunicación y sus periodistas, son los puntales hacia donde se dirige la labor judicial.

Vale recordar que en estos momentos Vicente Massot, titular del diario bahiense La Nueva Provincia, se encuentra siendo juzgado por la desaparición de dos obreros gráficos durante el año 1976. En defensa de Massot apareció días atrás una declaración de solidaridad de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Rubricada por Santiago Kovadloff y Manuel Solanet (viceministro de Economía durante la gestión de Martínez de Hoz), la solicitada espera “de la justicia una resolución de acuerdo a derecho, consecuente con el precepto constitucional de libertad de expresión, no sujeta a presiones del poder ni resultante de propósitos persecutorios”.

La Nación se hizo eco de los reclamos levantados por Kovadloff y afirmó: “Preocupan acusaciones contra Vicente Massot”. Los argumentos son similares a los del caso Hooft; un poder Ejecutivo en plan vengativo busca perseguir y realizar una cacería de brujas cuando debería dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Salvo que construir el presente y proyectar el futuro implica antes que nada, hacer justicia, y de manera completa, sean sus responsables militares o colaboradores y actores civiles.

Leandro Navarro – @navarro_lean