Novedades judiciales en la toma de Villa Lugano

Esta semana la Justicia ordenó avanzar con el desalojo del predio de Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires, ocupado en el mes de febrero. Uno de los fiscales llegó a afirmar que, de ser necesario, va a meter presos a todos los habitantes del asentamiento hasta desalojar el terreno.

El lunes de esta semana la doctora María Gabriela López Iñiguez dictó varias medidas en la causa penal que investiga la ocupación del predio de Villa Lugano, lindero a la Villa 20 y entre las calles Pola, Fernández de la Cruz y Escalada. Las mismas señalan la firme intención de la magistrada de avanzar en la ejecución de la orden de desalojo que fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero el pasado 20 de marzo. Entre ellas ha ordenado la detención del puntero antes Macrista y ahora del UNEN Marcelo Chancallay.

El predio, que antes fuera utilizado como cementerio de autos de la Policía Federal y posteriormente liberado y dejado a su suerte sin perímetro ni custodia por el Gobierno de la Ciudad, fue ocupado por unas 800 familias en estos últimos meses. La ocupación comenzó el pasado 28 de febrero con unas treinta personas y luego fue ingresando cada vez más gente debido a la profunda crisis habitacional de la zona donde miles de personas viven en gravísimas condiciones de hacinamiento. Los ocupantes del predio exigen la urbanización del barrio en el marco del cumplimiento de la ley 1770.

Este terreno está asignado por dicha ley a la urbanización de la Villa 20, previo saneamiento de su suelo contaminado por el plomo que dejaron los autos. Ante el incumpliendo de la legislación por parte de los distintos gobiernos la Asesoría Tutelar presentó en 2006 un amparo que tiene sentencia firme desde noviembre de 2009 dictada por la jueza Elena Liberatori ordenando el saneamiento y cumplimiento de la ley. También ordenó para su ejecución el embargo del 70% de los fondos en materia de apuestas que Lotería Nacional S.E. le transfiriera al Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, en todos estos años, el Gobierno no ha ni limpiado el terreno ni urbanizado la villa.

Actualmente la magistrada ha convocado un «Comité de Crisis» para lograr el demorado cumplimiento de la ley y el Gobierno de la Ciudad ha presentado un plan de saneamiento que requiere el previo desalojo del predio. En sentido contrario, en la audiencia celebrada en el Juzgado de la doctora Liberatori varios especialistas expresaron que se podía realizar el saneamiento sin la necesidad de desalojar el predio.

Sin embargo la Justicia entiende que corresponde desalojar. Debido a la complejidad del operativo se ha formado una mesa interinstitucional de la que participan el fiscal a cargo de la causa, el doctor Rolero, el fiscal General Adjunto, doctor Luis Cevasco, la Policía Metropolitana, la Policía Federal, el programa Buenos Aires Presente (BAP), el SAME y autoridades del Juzgado de la doctora Iñiguez. Se reunieron cuatro veces en los meses de marzo y abril sin embargo no han logrado elaborar un plan de desalojo. La jueza ha intimado a la mesa a presentarlo antes del próximo 12 de junio.

Entre las medidas dictadas el pasado lunes se destaca la orden de detención de Marcelo Chancallay, ex presidente de la Villa 20 que antes respondía al PRO y en las últimas elecciones acompañó al espacio UNEN; la prohibición de ingresar al predio a varios de los delegados y la orden de crear un perímetro policial para impedir el ingreso de materiales de construcción.

El fiscal Rolero pidió la detención de todos los imputados y expresó en la audiencia que mientras el predio no se desaloje detendrá uno por uno a todos sus habitantes. La mañana siguiente a la ocupación, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, le endilgó la responsabilidad del agravamiento de la ocupación debido a que el fiscal no quiso actuar durante la noche. El «Fiscal dormido», como fue llamado en aquella oportunidad, evidentemente quiere revertir su imagen.

El accionar de la jueza y el fiscal se asemejan al empleado por el juez Rafecas en ocasión de la toma del club Albariños cuando el magistrado detuvo y aisló a los referentes de la ocupación para desarticular su organización y luego avanzar con el desalojo compulsivo.

Preocupa -pero no sorprende- el accionar de la Justicia que criminaliza problemáticas sociales reconocidas por la ley e incluso por sus mismos jueces. Lejos de preocuparse por garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna de miles de personas vulnerables pretende avanzar en desalojar un predio que fue contaminado y abandonado por el Estado que, en cambio, debió haberlo saneado y urbanizado hace años.

Francisco Soriano, abogado – @franciscocasla